25/05/2014

Superintendencia universitaria: proyectos en conflicto

salomon lerner febresEn columnas anteriores expresamos nuestra posición acerca del rol que debe tener el Estado en torno a la Universidad. En tal sentido defendíamos el reconocimiento de la educación como un derecho y un bien público, así como el necesario compromiso de las autoridades para contribuir con la formación de sus ciudadanos. De allí que nos parecía razonable establecer un Sistema Universitario donde se hiciera presente un ente rector y regulador del funcionamiento de las universidades –no es muy acertado, creo, el nombre de Superintendencia–. Dicha entidad debía alejarse tanto de los modelos intervencionistas, como de aquellos que consideran que cualquier presencia del Estado significa una vulneración de la autonomía universitaria.

Recientemente, el gobierno ha presentado un proyecto de ley para la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. En declaraciones ofrecidas a la prensa el ministro del sector ha señalado que el Poder Ejecutivo debe asumir un rol rector en torno a la educación superior universitaria. Si bien es cierto que resulta, en principio, adecuado que la actual administración demuestre algo más de preocupación por las universidades que aquellas que la precedieron, considero que el proyecto presentado contiene defectos que debieran ser rectificados antes de su posible aprobación.

Para empezar habría que decir que resulta inoportuno que el Poder Ejecutivo intervenga en el debate universitario con la presentación de ese proyecto cuando se halla ya en la agenda del pleno del Congreso el dictamen elaborado por la Comisión de Educación, el cual ha sido planteado recogiendo opiniones ilustradas y proyectos madurados durante largo tiempo. Si bien es cierto que parece han existido conversaciones entre representantes del gobierno y el presidente del mencionado grupo de trabajo para armonizar criterios, la propuesta enviada por el Ejecutivo colabora, paradójicamente, con las campañas que ya se venían desplegando en contra de la existencia de una nueva ley y, de modo más bien cazurro, petardea los contenidos del proyecto de la Comisión de Educación.

En efecto, mientras que el proyecto parlamentario presenta una composición relativamente plural de la Superintendencia y nos habla de representantes de las universidades –sin que por ello se vuelva un club de rectores, como hoy ocurre -, el proyecto del ministerio señala a representantes finalmente designados por el gobierno corriéndose el riesgo, ahora sí, de caer en la politización o en el nombramiento de una tecnocracia que no tenga la comprensión adecuada de los temas universitarios. Lo dicho se manifiesta en la ausencia –en el proyecto del Ejecutivo– del señalamiento de la entidad que organizaría el “concurso público” que menciona para elegir a los cinco miembros de esa institución, estableciéndose por otro lado su Presidencia, con grandes poderes, por designación a dedo hecha por el Poder Ejecutivo. Todo ello dentro de requisitos exigidos a los posibles integrantes que son mucho menos rigurosos, en lo relativo a calidad y experiencia, que los señalados por el proyecto Mora.

Como ha indicado el doctor Sinesio López en este mismo diario, el rol reclamado por el actual gobierno puede ser cumplido por la presencia de un representante del ministerio de Educación en la nueva superintendencia, como lo plantea el proyecto del Legislativo, pero no debiera dejarse de lado a los auténticos representantes de las universidades quienes son los que conocen, a fondo, la realidad de nuestra educación superior.

De otro lado, y ello es muy importante, el proyecto del Ejecutivo es impreciso en torno a las facultades que tendría la “Superintendencia”, lo que generará efectos perniciosos. Pareciera haber un retroceso en asuntos fundamentales como son los de las elevadas exigencias de calidad en las universidades; y también se ofrece la impresión de que no importa mucho la clara distinción por la que el lucro debe supeditarse a otros valores fundamentales que encierra la educación; existe, además, una ausencia de énfasis en el aliento a la investigación y el ordenamiento de los estudios a través de un necesario ciclo básico y finalmente se percibe una intención que apuntaría a dejar las puertas abiertas a las universidades-empresa al tiempo que no aparece una real preocupación por la calamitosa situación de las universidades públicas.

Por todo lo anterior, resulta indispensable que representantes del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República hallen consenso entre las propuestas existentes, resuelvan los puntos discrepantes, y permitan que finalmente, contemos con un marco normativo que permita una mejor educación superior para nuestros jóvenes.

La República