06/10/2014

Una primera mirada al proceso electoral

SONY DSCEl pasado domingo 5 de octubre, los peruanos mayores de 18 años elegimos a nuestras autoridades regionales y municipales en todo el país. Si bien en varias regiones el proceso electoral no ha concluido, debido a que, por las reglas electorales, habrá segunda vuelta para definir a las nuevas cabezas de estas demarcaciones políticas, se puede hacer un balance respecto de algunos aspectos puntuales del proceso, más allá de ganadores y perdedores en cada región, vinculado a la calidad de la democracia en el Perú.

En primer lugar, se comprueba la distancia existente entre los partidos nacionales y la representación subnacional. De acuerdo con los resultados conocidos hasta la hora de cierre de este artículo, en solo seis regiones, partidos nacionales como Alianza Para el Progreso, Fuerza Popular y el Partido Aprista Peruano tenían opciones de ganar en primera vuelta o pasar a segunda vuelta, sea entre ellos o enfrentando a organizaciones políticas regionales. La agrupación ganadora en Lima, Solidaridad Nacional, no obtiene triunfos fuera de la capital. Mientras que Somos Perú y el Partido Popular Cristiano trascienden poco lejos de la ciudad más importante del país y los partidos regionales cercanos a la izquierda han obtenido algunas victorias en zonas mineras, mientras que en Lima perdían la alcaldía metropolitana.  Sin embargo, la mayoría de segundas vueltas en presidencias regionales y de triunfos en alcaldías provinciales no corresponde a partidos nacionales.

En segundo lugar, muchos candidatos con acusaciones serias de corrupción han obtenido importantes victorias en diversas zonas del país. Cabe preguntarse las razones por las cuales los electores tienen cierta condescendencia hacia este tipo de postulantes, antes que calificarlos o estigmatizarlos. La respuesta parece encontrarse en medio de dos posibles hipótesis: de un lado, la necesidad de cubrir necesidades básicas y contar con una respuesta más efectiva del Estado frente a problemas que afectan directamente a las personas, quedando de lado cualquier promesa de reforma o cambio más estructural; de otro lado, por el convencimiento – ante el alto número de denuncias sobre corrupción de autoridades políticas – que toda la clase política es corrupta y que, por tanto, lo único que cabe esperar de ella es obtener algún beneficio particular o para la comunidad.  Ambas afirmaciones interpelan a nuestros políticos, tanto por la imagen que generan como, en el caso de aquellas autoridades y personalidades honestas y con vocación reformista, en la necesidad de replantear repertorios políticos a fin de convencer a sus conciudadanos que su opción resulta ser la mejor para su colectividad.

En tercer lugar, preocupa que hayan sido elegidas o reelegidas algunas autoridades que tienen cuentas pendientes por presuntas violaciones a los derechos humanos, ocurridas tanto durante el conflicto armado interno como, en periodos más recientes, en el marco del combate a la delincuencia común. Frente a este aspecto, resulta importante seguir trabajando en temas de memoria frente a lo ocurrido en décadas y años anteriores. Aún existe, sobre todo en sectores urbanos, condescendencia frente a quienes ofrecen “mano dura” como única política de pacificación del país o tolerancia frente a ejecuciones extrajudiciales. También se requiere explicar y poner en práctica políticas de seguridad que pongan un mayor peso sobre la prevención y el trabajo conjunto con la Policía, para que quede claro que el camino para combatir la inseguridad ciudadana no se encuentra en la eliminación física de los delincuentes.

También resultará importante conocer cuáles serán las medidas que las nuevas autoridades electas implementarán en materia de derechos de las personas con discapacidad y, en las zonas donde este fenómeno sea intenso, frente a la trata de personas. Ambos son temas que han sido poco abordados en el debate electoral y, sobre los cuales, se esperan ciertas definiciones.

Finalmente, cuando tengamos los resultados regionales completos, podremos vislumbrar, con mayor claridad, si es que tendremos un panorama más conflictivo en torno a los proyectos mineros y petroleros en el país, en un contexto en el que los precios de los minerales se han reducido y la ganancia obtenida es menor a la de otros años. Asimismo, se deberá esperar cuál será la actitud del gobierno y los inversionistas privados respecto de estas nuevas autoridades, a fin de ir desentrampando la compleja relación entre capital minero, sociedad civil y Estado en todos sus niveles que, en algunas zonas del país, resulta bastante problemática.

Escribe: José Alejandro Godoy, analista del IDEHPUCP