28/01/2013

Universidad y espíritu mercantil

Revisaba el domingo anterior el contenido de algunos diarios de nuestra capital y no pude dejar de sentirme perplejo y también preocupado por la abundantísima propaganda pagada que se hacía –a decir verdad con pocas razones y a veces con estridente mal gusto– de un “producto” que parece ser muy importante dentro del proceso de oferta y demanda connatural al mercado. Me refiero a la educación expresada como mercancía y ofrecida con diversas adjetivaciones a potenciales clientes: desde pequeños infantes hasta personas adultas inclinadas a realizar estudios en el nivel del posgrado. Entre ambos extremos se extendía toda una realidad compuesta por niños y jóvenes a los cuales se les desea reclutar para así “educarlos” y brindarles las capacidades que les permitan “ingresar” sin problemas en las universidades, muchas de las cuales, a su turno y también a través de la misma edición de ese diario,  ofrecían, casi prometían, la aceptación de esos eventuales postulantes, ello al tiempo que presentaban de modo algo rimbombante supuestas virtudes que decían poseer para el beneficio de sus futuros clientes.

Pienso que tal fenómeno es, de pronto, irremediable en nuestro país y las razones que lo explican se hallan al alcance del más común de los sentidos. Para hablar sólo de universidades, es bueno saberlo, en el Perú hemos “crecido” tanto o más que nuestra economía –quizás ambos asuntos, en tanto que implican “negocio”, se hallen vinculados–. Existen hoy largamente más de un centenar de universidades, número que desconcierta cuando comprobamos que hasta la década de los noventa no llegaban a cuarenta.

En virtud de un decreto legislativo, el 882, ¡cómo olvidarlo!, el gobierno de Alberto Fujimori, con la expresa intención de fomentar la inversión en la economía, consideró el tema educativo como una dimensión en la que lo fundamental consistía en “hacer negocio” y “vender servicios” y así surgieron centros educativos de carácter empresarial, no porque allí se enseñaran ciencias de la gestión, la administración y la economía, sino porque ellos mismos eran empresa: con dueños, accionistas, empleados para la docencia y clientes para el aprendizaje.

Siendo fieles a la verdad hay que indicar que, dentro de tales parámetros, han surgido algunas universidades, institutos y colegios, que han sabido equilibrar hasta el presente la renta que se desea ganar año a año y la calidad que deben entregar a sus alumnos. Sin embargo, esto no se ha producido en la mayoría de los casos y así resulta que se ha extendido una mediocridad –por no decir pobreza– en el terreno académico que no augura nada bueno ni para las personas que, quizás ingenuamente, han elegido tales escuelas, ni para el propio país en términos de profesionales eficientes y bien formados ética y políticamente.

Hubo, creo, alguna iniciativa en este congreso de, por lo menos, derogar el decreto mencionado y evitar así que crezca aún más el número de centros educativos que solo son el mascarón de proa para el lucro. Esa iniciativa, pareciera, se ha perdido en el camino. ¿Habrá intereses de parte de algunos miembros del Congreso para que no se analice el asunto? Esperemos que, para empezar, se ponga freno a la creación de tales universidades y luego, en cumplimiento del deber que tiene el Estado para con sus ciudadanos, se organice un riguroso sistema de acreditación que permita existir solo a las instituciones guiadas por la convicción de que la educación es prioritariamente un bien público animado por una vocación de servicio.

La República