En opinión de Montoya, tanto los testimonios de cinco exempleados del consorcio empresarial perteneciente a la familia Gagó, como los audios difundidos en un canal de televisión, apuntan a reforzar la relación entre el congresista y la empresa Copy Depot, que ha ganado 215 licitaciones con el Estado desde julio de 2011.
En torno a los audios, el abogado señaló que, mediante un peritaje, los mismos pueden ser tomados en cuenta como pruebas, dado que debe primar el interés público del Estado frente a casos de corrupción.
Asimismo, indicó que la empresa Copy Depot puede ser retirada del registro de proveeedores del Estado y que, en caso se compruebe la relación directa con esta compañía, el parlamentario de Fuerza Popular puede ser denunciado constitucionalmente.
