AÑO:

2013

Lugar:

Distrito de San Luis, Lima

Caso Caja Militar Policial

Hechos relevantes

El 3 de enero de 1994 la Caja de Pensiones Militar Policial, otorgó un préstamo ascendente al monto de $12’360,000 dólares a favor de la Empresa Importadora y Exportadora del Perú (CIMEX), en virtud del cual se suscribió un crédito hipotecario sobre un inmueble ubicado en el distrito de San Luis. La administración de dicho inmueble estaba confiada a César Enrique Victorio Olivares en su condición de gerente general de La Caja.

El 31 de julio de 1998, CIMEX y la Caja suscribieron un convenio de dación en pago, por el cual CIMEX otorgaba a la Caja diversos inmuebles de su propiedad por la suma de $12’360.000 dólares americanos, que correspondía a la cancelación de la deuda. Con fecha 15 de enero de 1999, sin consentimiento ni aprobación del Consejo Directivo de la Caja, Victorio Olivares suscribió la minuta de levantamiento parcial de la hipoteca del bien inmueble mencionado, cuando en los hechos se trataría de un levantamiento “sin restricción alguna” de la garantía hipotecaria, lo que motivó la pérdida de ésta. En este caso también habrían participado Kenny Dante Valverde Mejía y David Cáceres Fanola (funcionarios de la Caja) omitiendo sus funciones.

Asimismo, Victorio Olivares, habría omitido realizar acciones legales frente a la demanda de otorgamiento de escritura pública de levantamiento de hipoteca interpuesta por José Carlos Alvariño Ordoñez (acreedor de CIMEX), el 18 de setiembre del año 2000.

Investigados

  • César Enrique Victorio Olivares
  • Dante Valverde Mejía
  • David Cáceres Fanola

Estado procesal

El 09 de octubre de 2013, el Segundo Juzgado Unipersonal de Lima emitió sentencia, absolviendo a David Cáceres Fanola, y condenando a César Enrique Victorio Olivares como autor y Kenny Dante Valverde Mejía como cómplice primario del delito de peculado. A ambos se les impuso 6 años de pena privativa de libertad efectiva, y la pena limitativa de derecho consistente en la privación de función, cargo o comisión que ejercían y la incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público durante 02 años y 06 meses. Asimismo, se les impuso el pago de $104’568,337.37 dólares americanos por concepto de reparación civil. La sentencia es materia de impugnación por todos los sujetos procesales.

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