AÑO:

2012

César Acuña Peralta – Alcalde de Trujillo

  1. HECHOS RELEVANTES

En abril del presente año 2012, la Revista Poder publicó un informe especial en el que se denunciaban públicamente supuestos hechos delictivos cometidos por el alcalde de Trujillo, César Acuña. Dicho informe periodístico trataba sobre la existencia de un presunto sistema establecido por el alcalde de Trujillo y por el cual se desviaban fondos públicos con el objetivo de financiar a su partido político. El desvío de fondos se habría dado mediante el otorgamiento de subvenciones sociales que Acuña Peralta autorizó para militantes o simpatizantes  de su partido y también para  la celebración de casi treinta fiestas para los sindicatos de trabajadores, entre otras modalidades. Es decir, el alcalde César Acuña estaría disponiendo del dinero de la partida especial de subvenciones sociales del Municipio para fines ajenos a los de la misión municipal. En este sentido, son tres los hechos más resaltantes de lo expuesto por la investigación periodística y que podrían tener relevancia penal:

  • En primer lugar, el hecho que decenas de militantes o simpatizantes del partido de César Acuña –Alianza Para el Progreso- hayan presuntamente recibido cientos de miles de soles de la partida de subvenciones. Justamente éstos militantes o simpatizantes habrían sido beneficiados con los montos más altos entregados. Asimismo, tres millones de soles no habrían sido justificados por los beneficiarios mediante la rendición de cuentas exigida. Dicho monto conformaría más de la tercera parte de la partida de subvenciones sociales.
  • En segundo lugar se encuentra el hecho que los sindicatos de trabajadores de la Municipalidad de Trujillo hayan recibido fondos provenientes de la partida de subvenciones para, entre otros fines, explícitamente  financiar cerca de treinta fiestas y celebraciones. Ello según el Municipio, como consecuencia de las obligaciones derivadas de los pactos colectivos celebrados con dichos sindicatos.
  • En tercer lugar, el hecho de entregar montos dinerarios de la partida de subvenciones a decenas de comedores populares y del vaso de leche apenas tres días antes de las elecciones municipales donde el mencionado funcionario postulaba a la relección y siendo tales subvenciones aparentemente solicitadas de manera irregular. Dichos cheques fueron ofrecidos en medio de un mitin en la plaza de Trujillo donde el alcalde Acuña habló de su relección y sus intenciones de postular luego a la presidencia de la nación.

Ante la investigación periodística de tales hechos cuestionables, el director editorial de la Revista Poder –David Rivera Del Águila- cursó una comunicación a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de la Libertad, la cual derivó la comunicación a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad. Dicha comunicación cursada por el director editorial solicitaba que se investiguen los presuntos hechos delictivos expuestos en el informe especial ya mencionado. Para dichos efectos, se adjuntó un ejemplar de al revista y copias xerográficas de los documentos utilizados para elaborar el informe.

Cabe acotar que el Concejo Municipal emitió diversos acuerdos municipales[1] mediante los cuales otorgaba facultades a Acuña Peralta para determinar discrecionalmente a qué personas naturales o jurídicas (del sector privado) otorgaba las subvenciones. Al respecto, es pertinente señalar que la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto dispone que las subvenciones sociales se financian con fondos provenientes de la recaudación directamente realizada por la institución pública de que se trate. Asimismo, la decisión de otorgar dichas subvenciones se toma por acuerdo respectivo del Consejo Municipal[2] y se otorgan a personas jurídicas solamente. Dentro de la Municipalidad de Trujillo se emitió una directiva por la cual se ampliaba la potestad de entregar ayudas sociales a personas naturales también.

 

  1.   SOBRE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES

Como se mencionó en el apartado anterior, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superior de la Libertad recibió la comunicación enviada por el Director Editorial de la Revista Poder. Posteriormente, la Presidencia de la Junta de Fiscales derivó la comunicación a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad. Esta Fiscalía analizó los tres aspectos resaltados anteriormente y determinó que, si bien dichos hechos podrían ser calificados de inadecuados o políticamente incorrectos, no tienen relevancia penal alguna. Por este motivo la Fiscalía Provincial declaró improcedente la formalización de la investigación así como improcedente la continuación de la investigación preparatoria.

Ante lo cuestionable de esta decisión, el procurador público anticorrupción descentralizado de La Libertad presentó ante el fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad un requerimiento de elevación de lo actuado al superior jerárquico, exponiendo en el escrito algunas deficiencias de la argumentación del fiscal provincial por la cual declara improcedente continuar con la investigación preparatoria contra Acuña. Asimismo pone de relieve que los hechos denunciados por la Revista Poder sí podrían tener relevancia penal, lo cual justificaría que las investigaciones continúen.

 

III. CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL DE LOS HECHOS INVESTIGADOS POR PARTE DE LA FISCALIA

Ante el informe periodístico especial, la investigación preliminar contra César Acuña se dio por la supuesta comisión de los delitos de peculado (art. 387° CP), malversación de fondos (art. 389° CP) y por el delito electoral de inducción al voto (art. 356°CP). No obstante, como ya se mencionó, la Fiscalía Provincial decidió declarar improcedente la continuación y formalización de las investigaciones pues, a su parecer, ninguno de los delitos señalados se había cometido.

Con relación al delito de malversación de fondos

Respecto al delito de malversación de fondos, la fiscalía desestimó que en el caso concreto este delito se haya cometido, argumentando que si bien Acuña ha dado un destino definitivo distinto a parte del dinero de la partida de subvenciones sociales, no se ha mencionado en la denuncia si se ha podido constatar la afectación de servicios o funciones relacionadas a las subvenciones por la disposición de dinero para otros fines. Es decir, no se ha constatado si se han dejado de otorgar subvenciones sociales por falta del dinero dispuesto para las fiestas de los trabajadores.

Con relación al delito de peculado

Por otro lado, en relación al delito de peculado doloso a favor de terceros, la fiscalía determinó que tampoco se habría cometido por medio de la entrega de subvenciones sociales a favor de miembros de su partido político ya que también ha entregado subvenciones a miembros de otros partidos políticos contrarios al suyo. Asimismo, la fiscalía ha indicado que la Municipalidad de Lima tiene autonomía económica y administrativa, promueve el desarrollo local y que en ese sentido, que se le permita al alcalde otorgar subvenciones a personas naturales discrecionalmente es válido. En este punto la fiscalía también incluyó la disposición de dinero para fiestas de trabajadores y justificó la entrega de dinero de la partida de subvenciones para ese fin basándose en que el alcalde tenía que procurar la paz del ambiente laboral dentro del municipio ya que las gestiones anteriores habían sido presididas por un partido político distinto y, entonces, Acuña necesitaba mantener calmados a los trabajadores del municipio pertenecientes al partido opositor. Esto sumado a la existencia de convenios colectivos donde se comprometió la Municipalidad a celebrar celebraciones para los miembros del sindicato de trabajadores.

Con relación al delito electoral

Finalmente, la fiscalía provincial también desestimó la comisión del delito electoral de inducción al voto mediante la entrega de cheques a madres de familia los cuales fueron ofrecidos durante un mitin en la plaza de Trujillo en el cual Acuña habló de su postulación a la relección como alcalde y de sus deseos de postular a la presidencia de Perú. Además, el delito se habría cometido al otorgar subvenciones para fines que, al llevarse a cabo, mostraban claramente los colores del partido de Acuña, Alianza para el Progreso, (como por ejemplo, uniformes, viviendas etc.). Para el fiscal provincial no sería necesario seguir investigando sobre la comisión de este delito pues la entrega de cheques y dinero no se dio con algún condicionamiento relacionado a votar por Acuña nuevamente. Además el fiscal considera que la entrega de subvenciones por sí solas, en un tiempo cercano a las elecciones, no puede ser considerada una inducción al voto.

 

  1. ANÁLISIS Y PROBLEMAS JURÍDICOS DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS

A continuación expondremos nuestras apreciaciones sobre la preliminar calificación jurídica de los hechos que son atribuidos en el presente caso así como sobre la decisión del fiscal provincial de declarar improcedente la continuación de las investigaciones por la supuesta comisión de los delitos mencionados. Cabe adelantar que, a nuestro parecer, la decisión del fiscal provincial es indebida y expondremos los motivos que nos llevan a tal opinión.

Con relación a la malversación de fondos

En primer lugar, con respecto a la entrega de subvenciones sociales a los sindicatos de empleados y funcionarios municipales con el fin de celebrar ceremonias y fiestas de dichos trabajadores, es importante analizar si es válido o legítimo que la Municipalidad se haya comprometido por medio de un convenio colectivo a celebrar las fiestas de los miembros del sindicato. En este punto es relevante señalar que la entrega de fondos públicos para celebraciones de fiestas sindicales o de trabajadores municipales no se encuentra relacionada con los fines de la partida de subvenciones sociales ni con ninguna función pública de la Municipalidad de Trujillo. Siendo esto así, el que obedezca a una supuesta obligación proveniente de un pacto colectivo no justifica que se saque dinero de una partida con fines distintos. La cláusula del convenio colectivo invocado sería nula o inválida y no vincularía a la Municipalidad. De este modo, debemos decir que la argumentación elaborada por el fiscal provincial acerca de los derechos de negociación colectiva o sindicación y su fomento por parte del Estado, no es pertinente de ningún modo. Esto ya que la fuerza vinculante que puedan tener los convenios colectivos dependerá de que estos no estén en contra de las demás normas y principios de orden público. En el presente caso nos encontraríamos ante la vulneración de una norma de orden público ya que, al haberse entregado dinero de una partida destinada a fines distintos, nos encontraríamos, en los hechos, ante una disposición del patrimonio público para fines privados –de los miembros del sindicato y trabajadores municipales- a pesar de que un pacto colectivo exista y se le pretenda dar apariencia de legitimidad.

Siendo esto así, es realmente cuestionable que el fiscal provincial haya decidido descartar la necesidad de continuar con la investigación preparatoria respecto a este extremo. Sobre todo porque el fiscal provincial ha justificado de manera implícita que se haya destinado casi medio millón de soles de fondos públicos a fines ajenos completamente a la función pública –fiestas de trabajadores-. Si bien el propio fiscal aceptó que “no existe mayor conexión con los fines que deben cumplir las subvenciones sociales”, también defiende que dicho dinero haya sido dispuesto argumentando que era necesario para la paz dentro del ambiente laboral del Municipio, sobre todo tiendo en cuenta que Acuña debía enfrentarse a un ambiente adverso pues su partido político ocupó el sillón municipal luego de muchos años en que la oposición ocupó la alcaldía de Trujillo. A pesar de que todo lo explicado hasta este punto, el fiscal provincial decidió no seguir indagando sobre la posible comisión del delito de peculado, argumentando que en este caso no se habrían apartado caudales públicos de la esfera de la función de la administración pública.

Ahora bien, en lo relacionado a las subvenciones sociales otorgadas para financiar a numerosos comedores populares, en el contexto de la campaña electoral con miras a la relección de César Acuña como alcalde de Trujillo, consideramos que es una decisión incorrecta el no continuar con las investigaciones y desestimar de excluya tan rápidamente la posibilidad de la comisión de un delito de peculado.

Respecto a este uso de la partida de subvenciones, como ya se explicó anteriormente, éstas fueron otorgadas en un contexto de campaña partidaria de cara a la reelección de Acuña. Según el informe periodístico de la Revista Poder, el alcalde habló de su relección a la alcaldía e, incluso, de sus intenciones de postular luego a la presidencia, en medio de un mitin en la plaza de Trujillo, al que habían asistido madres de los comedores populares. Allí, luego de hablar de la reelección, Acuña ofreció cheques con dinero proveniente de la partida de subvenciones. Además de esto, el informe periodístico señala que muchas madres de los comedores populares fueron entrevistadas y señalaron que ellas no habían solicitado las subvenciones sino que Acuña Peralta se las había ofrecido directamente.

Según nuestras consideraciones, los hechos aquí expuestos nos llevan a concluir que muy probablemente se cometió el delito de peculado (art. 387° CP) en concurso medial con el delito de inducción al voto (art. 356° CP). Es por ello que nos parece un desacierto que el fiscal provincial no haya decidido continuar con la investigación de estos dos posibles delitos y los haya desestimado de saque, sin siquiera haber analizado el marco contextual electoral evidente en el que se ofrecieron y otorgaron las subvenciones a las madres de los comedores populares. Si bien es cierto que formalmente se cumplieron con los requisitos exigidos para la entrega de subvenciones sociales –en tanto las madres de los comedores populares son personas y grupos con evidentes necesidades socio-económicas-, es importante resaltar un hecho de suma relevancia para el análisis de este caso en concreto. Este último es el referido a que las mismas madres no solo declararon no haber solicitado las subvenciones, sino que ellas firmaron las solicitudes pero no fueron ellas quienes las llenaron ni quienes las presentaron ante la Municipalidad. Pues bien, si todo esto se ha dado en el marco de un contexto electoral,  no parece nada ilógico sospechar que los ofrecimientos de subvenciones sociales tenían el fin implícito de ganar adeptos o simpatizantes con el partido de César Acuña y, en consecuencia, que éste obtenga más votos para su reelección.

La fiscalía provincial determinó que no hay razones para formalizar investigación por la presunta comisión del delito de peculado ni por el delito electoral de inducción al voto. No obstante, en nuestra consideración sí era necesario continuar con las investigaciones fiscales por estos delitos.

Con respecto al delito de peculado se puede afirmar que el tipo penal exige una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales. Ello lo indica el Acuerdo Plenario N° 4-2005. Esta relación consiste en una competencia funcional específica por la cual el funcionario público pueda tener libre disposición de los caudales públicos en virtud del cargo que desempeña (disponibilidad jurídica). En otras palabras, el sujeto activo debe tener un poder de control y vigilancia sobre el caudal. Acuña tenía competencia funcional respecto del dinero que conformaba la partida de subvenciones sociales. Esto ya que por acuerdo del Concejo Municipal se le otorgaron facultades discrecionales para disponer de dicha partida al otorgar las subvenciones sociales. En este orden de ideas, consideramos que existen indicios para sospechar que Acuña dio un uso privado a los caudales públicos de la partida mencionada, si entendemos que el ofrecimiento y disposición de dinero para las madres de los comedores populares tenían la finalidad oculta de generar más simpatizantes e, indirectamente, un número mayor de votos a favor de Acuña en su reelección. Es importante recordar aquí lo señalado por Rojas Vargas sobre que “si el funcionario destina dinero o bienes a su uso, provecho personal o de terceros, el tipo penal no será malversación sino peculado”[3]. Por estos motivos, la continuación de la investigación es importante para determinar si se utilizó dinero público para un provecho personal, encajando los hechos en el tipo penal de peculado.

Por otro lado, consideramos que si el delito de peculado hubiera sido cometido en este caso, entonces aquél se hubiera dado en concurso medial con el delito de inducción al voto. En este punto es importante tomar en cuenta que el verbo rector de este último delito es “tratar de inducir a un elector a no votar o votar en un sentido determinado”. En este caso, la fiscalía desestimó la posible comisión de este delito argumentando que no se dio efectivamente la inducción. De este modo, a nuestro parecer, el fiscal provincial habría incurrido en un error al señalar que el tipo penal de inducción al voto exige que efectivamente se haya logrado inducir o generar la idea de votar por determinado candidato en la mente de las personas a la que se le otorgan las dádivas, promesas o ventajas. Por el contrario, la redacción del tipo penal es clara al indicar que el delito se consumaría con sólo tratar de inducir a votar o no en un sentido determinado.  Además, es relevante indicar que la inducción puede darse de manera implícita pero clara. En este caso, Acuña habría tratado de inducir a votar a su favor aprovechando el contexto electoral donde él se lanzaría a la reelección y ofreciendo él mismo las subvenciones sociales en un mitin donde informó que postularía a la reelección como alcalde.

Se puede concluir entonces que el supuesto delito fin en este caso sería el de inducción a no votar o hacerlo en determinado sentido, mientras que el delito medio habría sido el peculado. La sospecha de la posible comisión de estos delitos se ve reforzada por el hecho de que la autorización de repartición de los cheques –por casi medio millón de soles distribuidos entre 251 organizaciones sociales- fue emitida en plena campaña electoral mediante la Resolución de Alcaldía N° 995-10 y fue firmada por Acuña Peralta, a pesar de que el ofrecimiento del dinero se haya realizado el 30 de julio de 2010, tres días antes de que entre en vigencia el plazo de tres meses previos al día de la elección en el que las autoridades postulantes a la relección no pueden dirigir actividades que puedan infuir en la votación.

Los hechos que refuerzan la necesidad de continuar las investigaciones por estos delitos son: i) el que las solicitudes de subvenciones no hayan sido llenadas por las representantes de los comedores populares sino por solo tres personas; ii) que dichas solicitudes hayan ingresado un día domingo todas en un solo bloque a la Municipalidad; iii) la magnitud (número y cantidad) de las subvenciones acordadas en un mismo día y en pocas horas; iv) la proximidad de la fecha de las elecciones municipales en las que Acuña se lanzaría a la relección; y –viéndolo en retrospectiva- v) la conexión de todos estos hecho con la promesa electoral realizada a las madres de los comedores populares en el mitin llevado a cabo en la plaza de Trujillo tres días antes del final del plazo para que las autoridades municipales participen en mítines electorales.

Por todos los motivos expuestos y los hechos descritos, podemos concluir que ha sido un error por parte del fiscal provincial el no formalizar ni continuar con la investigación respecto de los delitos de malversación de fondos, peculado doloso e inducción al voto.

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[1] Acuerdo de Concejo N° 024-2009-MPT de 15 de enero de 2009; Acuerdo de Concejo N° 051-2010-MPT de 18 de febrero de 2010; Acuerdo de Concejo N° 014-2011-MPT de 13 de enero de 2011; Acuerdo de Concejo N° 012-2012-MPT de 25 de enero de 2012.

[2] Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Art. 60.-

60.1 Las subvenciones que se otorguen a personas jurídicas, no pertenecientes al Sector Público en los años fiscales correspondientes, deben estar consideradas en anexo de la Ley de Presupuesto del Sector Público, debiendo contar con el financiamiento respectivo y el informe técnico sustentatorio de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad correspondiente, bajo responsabilidad.

60.2 (…) En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales las subvenciones se sujetan, estrictamente, a sus recursos directamente recaudados, debiendo ser aprobadas mediante el Acuerdo respectivo, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces de la Entidad.

[3] ROJAS VARGAS, Fidel. Op. cit, p. 552.

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