El IDEHPUCP elaboró un amicus curiae que fue presentado en el proceso de acción popular contra el Decreto Supremo N° 051-2011-PCM. Esta norma estableció, mediante su artículo 1, cerrar el Registro Único de Víctimas (RUV) para los beneficiarios de reparaciones económicas al 31 de diciembre del año 2011. Es decir, únicamente hasta esa fecha se registró e identificó a los beneficiarios del mencionado programa de reparaciones. Aquellas personas que de forma posterior al 31 de diciembre de 2011 solicitaron su inclusión en el RUV, y calificaban como beneficiarios del programa de reparaciones económicas, han podido ser acreditadas por el Consejo de Reparaciones, pero no se les otorgará la reparación económica correspondiente. El informe indica cuáles son los derechos constitucionales vulnerados con el mencionado Decreto Supremo.
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