Edición N° 25 04/05/2018 Artículo

El éxodo de las madres venezolanas

Por: Rodrigo Cruz

Periodista de Política y Mundo de El Comercio

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Cada mes en promedio ingresan 8 mil venezolanos a Perú, pero esta multitud que vemos incorporándose como parte de la población económicamente activa, trae consigo grupos altamente vulnerable, como las madres gestantes, ¿en qué condición llegan? ¿Qué servicios básicos deberían tener activos desde su arribo? El presente informe reunirá información para sentar un primer panorama sobre el tema.

Hace casi un año Natasha debía aceptar algo que no había estado antes en sus planes; tenía que huir de Venezuela. Una amiga de la facultad de derecho le había dado una terrible noticia: el Tribunal Militar había ordenado detenerla. Era fines de junio del 2017. El chavismo acusaba a Natasha, dirigente estudiantil de 23 años de la ciudad de Barinas, de ocasionar disturbios y agredir a guardias de la seguridad nacional. Eran tiempos en que la oposición se había volcado en las calles para manifestar su rechazo a la Asamblea Constituyente, a lo cual el régimen respondía con una brutal represión.El único beneficio que tenían, y la razón por la que sacaban fuerzas para quedarse, era la atención médica que recibía Natasha.

De madrugada y a bordo del auto familiar, con su padre al volante y su madre de copiloto, Natasha empezó la huida. Estaba nerviosa. Si los policías le pedían sus documentos, podía ser identificada.

Si Natasha era descubierta, iba detenida hasta que iniciara el juicio. Era una escena que había visto antes: compañeros suyos habían sido arrestados y hacinados como criminales en cárceles de Caracas. Son los llamados presos políticos del régimen, que ya suman 234 al cierre de marzo, según el Foro Penal Venezolano. Pero Natasha logró escapar: llegó a la ciudad fronteriza de Cúcuta (norte de Santander en Colombia). Allí se despidió de sus padres, cogió su maleta y tomó un bus a Bogotá. Ese era el plan original: quedarse en la capital colombiana y rehacer su vida.

Este año la migración venezolana se duplicaría en relación al 2017, llegando a tres millones de personas movilizadas en Latinoamérica. Fuente: All Access México.

Además, allá estaba Erick, su amigo de infancia.

Tener a Lucas no estaba en los planes de Natasha. A los tres meses de mudarse a Bogotá con Erick, salió embarazada. Se alegraron, pero la situación no parecía mejorar. Erick trabajaba en un restaurante 14 horas al día. Natasha, con la barriga aún pequeña, cuidaba niños. EL dinero alcanzaba para pagar el alquiler del cuarto donde vivían y comprar alimentos necesarios. Un día, Natasha tuvo una recaída. Le dio mucha fiebre y se desmayó. Ese día sintieron el golpe de estar solos en un país ajeno sin poder postular a un trabajo informal. Sobre el papel ambos eran turistas. Si les otorgaban la condición de refugiados, debían marcharse.

El único beneficio que tenían, y la razón por la que sacaban fuerzas para quedarse, era la atención médica que recibía Natasha

Natasha, pasó a integrar esa cifra de mujeres que cada vez es más grande: el de venezolanas embarazadas que huyen de su país porque cualquier lugar es mejor que atenderse en Venezuela. De acuerdo al último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solo el 2016 se registraron 11466 casos de muertes infantiles. Un incremento de un 300,12% si se compara con el 2015. De igual modo, en el 2016 se ha reportado el fallecimiento de 756 mujeres venezolanas durante el parto, lo que representa un aumento del 65,79% respecto al 2015. En mayo del año pasado, el gobierno de Nicolás Maduro destituyó a la ministra de Salud, Antonieta Caporale, a los pocos días de que difundiera estas cifras, información que no había sido hecha pública desde el 2014. Caporale duró cuatro meses en el cargo.

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De acuerdo a medios colombianos, más de dos mil venezolanos embarazadas han sido atendidas en hospitales locales en 2017. El Hospital Universitario Eramos Meoz (Cúcuta), uno de los más representativos, ha atendido a 1400 mujeres embarazadas procedentes de Venezuela alcanzaría el 90%, según advierte la CIDH. Además, existía un colapso de la infraestructura hospitalaria a nivel nacional. Según la Encuesta Nacional de Hospitales, hecha por la Asamblea Nacional (AN) y la ONG Médicos por la Salud, y publicado en marzo de este año, el 79% de los hospitales tendría problemas con el suministro de agua potable y el índice de los quirófanos que no funcionan bordea el 53%. Además, el sondeo indica que el 21.9% de las salas de emergencia no operan y el 100% de los laboratorios no funcionan correctamente por falta de reactivos.

“Ante esta situación, muchos pacientes se han visto obligados a adquirir sus propios medicamentos e insumos para poder ser atendidos”, reporta la CIDH en su informe. Y añade que “como consecuencia de la crisis alimentaria y de la pobreza existente en Venezuela, varias mujeres se han visto obligadas a migrar para dar luz”.

La situación de la paciente se agrava si se trata de un embarazo de alto riesgo. Por ejemplo, el organismo internacional señala que solo el 27% de las embarazadas con VIH reciben antirretrovirales para que se reduzca el riesgo de transmisión infantil. De igual modo, la Comisión advierte sobre escasez de fórmulas lácteas para bebes con madres seropositivas y de tratamientos para combatir el cáncer de mamas, así como la carencia de métodos anticonceptivos.

Venezolanas gestantes buscan atención médica en Cartagena, Colombia, para tratar el nacimientos de sus bebés. Foto: Panampost.

Otra arista es el desabastecimiento de alimentos. Pese a la resistencia del régimen de publicar cifras oficiales, ONG venezolanas como Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), informaron que la escasez de productos en 2016 de la canasta básica llega al 82,8%. Asimismo, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI) del 2016, dijo que unos 9,6 millones de personas comían al menos dos veces al día, teniendo como patrón la ausencia de proteínas en sus platos. El estudio también estimó que la inseguridad alimentaria alcanzaba a 9 de cada 10 hogares en el país caribeño. La ENCOVI también reportó que el 70% de los entrevistados reconoció que en el 2016 bajó de peso en promedio 8,7 kg por falta de alimentos. La crisis golpea aún más a poblaciones vulnerables como las mujeres embarazadas. “La malnutrición las afecta especialmente durante la gestación y la lactancia, momentos cruciales para una vida saludable de la mujer y el feto. En estas circunstancias, muchas mujeres han optado por someterse a operaciones de esterilización”, revela la CIDH.

Las autoridades colombianas calculan que el número de venezolanos que han ingresado a su territorio superan los 500 mil. Ello, sin contar los que llegan a través de trochas informales. Cada día ingresan mujeres, hombres, niños, familias enteras. La mayoría en estado de precariedad. Los que cuentan con menos recursos se quedan en los departamentos fronterizos de la Guajira, Norte de Santander y Arauca a buscar la manera de ganarse la vida. Según medios colombianos, algunos llegan a tal punto de desesperación que compran cabello en la frontera para después revenderlo. Otros aceptan trabajos muy por debajo de la remuneración mínima con tal de tener ingresos. Los que tienen un poco más de dinero compran pasajes para Bogotá u otra ciudad grande.

La mamá de Erick fue la primera que les habló de la posibilidad de ir a Lima. Ella pasó por Bogotá a inicios de año, como parte de la ruta del bus que la traía a Perú. Ella también huía. El encuentro duró unos minutos, pero fue suficiente para que les diera la tranquilidad de que, si iban donde ella, no estarían solos. Natasha se quedó con la intriga de cómo sería la atención médica en Perú.

Después de Estados Unidos y Brasil, Perú es el país con mayor número de solicitantes de refugio de personas venezolanas, de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

Solo el 2017, Perú ha recibido 20 mil solicitudes de ese tipo, según una base de datos reportada del sitio web de ACNUR.

Esta cifra que se ha quintuplicado si se compara con los 3602 pedidos recibidos el 2016. La Superintendencia Nacional de Migraciones reportó en abril que hay en promedio 190 mil venezolanos en territorio nacional. Esto supone un aumento del 90% respecto a enero de este año, cuando la misma oficina informó que había 100 mil venezolanos en el país.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) brinda atención a migrantes venezolanos. Foto: El Estímulo.

No existe una cifra de mujeres venezolanas gestantes que ingresan al país, explicaron funcionarios de Migraciones, debido a que estar en estado no es una categoría dentro del registro migratorio

Del total de migrantes venezolanos que hay en el país, 35.589 han obtenido un Permiso Temporal de Permanencia (PTP), asegura Migraciones.

Este permiso les permite trabajar por un periodo de dos años. De ese total, el 56% son hombres y el 44% mujeres. En enero, Migraciones dijo que 75 mil venezolanos estarían en calidad de turistas, lo que les da un tiempo de permanencia en territorio nacional de 183 días. Es ese alto número de migrantes que preocupa a las autoridades migratorias. Al igual que en Colombia, la mayoría llega en condiciones precarias.

Como consecuencia de la crisis alimentaria y de la pobreza existente en Venezuela, varias mujeres se han visto obligadas a migrar para dar luz.

César Ruiz, coordinador del programa de movilidad humana de la ONG Encuentros, afirma que si hay un común denominador este es la poca información con la que llegan los venezolanos sobre sus derechos migratorios. “Vienen con muchas dudas para regularizarse migratoriamente. La mayoría pregunta qué es el PTP y qué otras opciones tienen. Muchos llegan más que nada informados por lo que se enteran viendo YouTube, Facebook o el boca a boca”, asegura Ruiz a esta publicación.

Encuentros tiene oficinas en las ciudades fronterizas de Tumbes y Tacna. También en Arica. El año pasado atendió a 505 venezolanos. Más de la mitad de las asesorías que brindaron estaban orientadas a la asistencia social y asesoría legal. Muchos de ellos llegan sin saber siquiera donde pueden pasar la noche. Del total de venezolanos atendidos, 129 son migrantes, 47 refugiados y 329 solicitantes de asilo. La solicitud de asilo, en tanto, busca que un Estado garantice la protección del migrante que ha huido de su país ya sea por violación a sus derechos humanos o por amenazas de una persecución por motivos de raza, nacionalidad, religión o ideas políticas, según precisa ACNUR.

La ONG Encuentros no tiene una cifra específica de cuantas mujeres embarazadas ha atendido. Lo que sí indican es que los venezolanos atendidos han sido 44% mujeres (222) y 56% (283) hombre. Ruiz advierte haber recibido denuncias de varios casos de “tramitadores” peruanos que cobraban por gestionar solicitudes de refugio e introducirlas en la mesa de partes de la Cancillería, cuando esta es una gestión individual y gratuita. En el ámbito social, Ruiz asegura que es común escuchar casos en que personas venezolanas llegan a Perú con problemas de alimentación y un lugar para quedarse dos o tres días, generalmente en la casa de un amigo o conocido. Luego deben buscar a dónde ir.

Natasha y Erick ahorraron lo que pudieron y compraron dos pasajes para llegar a la frontera con Ecuador en bus. Luego tomaron otro que los dejaría en Tumbes. En total, un viaje tedioso que duró cuatro días en carretera. Según Natasha, viajaron en un momento oportuno. Su barriga no había crecido tanto. A inicios de marzo, llegaron a Lima. Se instalaron en el cuarto en el que vive la mamá de Erick en Chorrillos. A los pocos días, asistieron a una reunión de la ONG Venezolanos en Perú en la avenida Benavides, en el distrito de Surco. Allí le dijeron que podía ser atendida en el Seguro Integral de Salud (SIS).  Natasha sintió cierto alivio: iba a ser atendida en el SIS.

El Seguro Integral de Salud es una de las alternativas de las migrantes venezolanas para atender su gestación. Foto: El Comercio.

Una larga fila de varias mujeres como ella, recibía a Natasha en la sede del SIS de la avenida La Marina. Todas venezolanas embarazadas que buscaban acceder a un seguro de salud. Mujeres en situación de pobreza, que habían escapado a Lima con una historia similar a la de ella o incluso peor. Compatriotas como Xiomara Pérez, que no llegó embarazada a Lima, pero que salió en estado a los meses de arribar y no sabía dónde ser atendida. A pesar de sus limitaciones, el SIS se presentaba como una mejor opción que atenderse en la Venezuela de Maduro.

El sistema del SIS, sin embargo, no se da abasto. Por ejemplo, en la cuadra 3 de la avenida Nicolás de Piérola, en el distrito de Barranco, se ubica una de las oficinas de inscripción. Allí un solo funcionario atiende en promedio entre 120 y 130 personas al día. Un aumento del 50% en comparación al año pasado. Lo que trae en consecuencia largos periodos de espera para la atención. No hay día en que no se acerquen personas venezolanas preguntando cómo pueden inscribirse. Entre ellos, muchas mujeres y niños.

Desde octubre del 2016, Migraciones tiene una oficina que exclusivamente atiende a los y las migrantes en estado de vulnerabilidad, incluso si están en condición regular.

Para fines oficiales esta aún figura como equipo especializado y no como oficina, pese a funcionar como tal.

En un inicio, esta oficina atendía sobre todo a migrantes colombianos. Pero desde enero del año pasado, según la funcionaria, la mayoría de las atenciones son para ciudadanos venezolanos. De enero a diciembre del año pasado, han atendido a 962 venezolanos, de un total de 1945 de distintas nacionalidades. Entre las principales razones por las que alegan una calidad migratoria especial son: situación irregular (57%), pobreza extrema (17%), grave enfermedad (18%), adultos mayores (15%), menor de edad (10%) y que son mujeres en estado de gestación (7%).  Esto en cifras significa 142 mujeres venezolanas gestantes y 185 menores de edad, de las cuales 108 son niñas. Solo atendidas en esa oficina, en el distrito de Breña.

Pero la atención también parece colapsar. Interminables colas de venezolanos, de toda condición económica, es el panorama diario en las instalaciones. En el sitio web de Migraciones para sacar cita, tiene un tiempo de espera aproximado de un mes. Basta ver las principales calles de la capital para darse cuenta que se trata de una crisis migratoria. Venezolanos vendiendo gaseosas en las intersecciones de los semáforos, otros suben a los ómnibus ofreciendo golosinas como alternativa de trabajo al no poder postular a uno formal. Algunos incluso salen con sus niños. Otros trabajan de asistentes en peluquerías, restaurantes, bodegas o cualquier negocio de servicio. Desde luego, no son todos, pero es una muestra de la dimensión del éxodo venezolano en el país.

Perú es el segundo país que más solicitantes de refugio de nacionalidad venezolana recibe en la región. Foto: Andina.

A diferencia de Colombia, si el bebé de Natasha nace en Perú, de acuerdo a las leyes nacionales, adquiere de manera automática la nacionalidad peruana. Como resultado, ella recibiría la residencia en calidad de madre de hijo peruano, según le explicaron. Natasha sonreía por dentro: después de varios meses de sobrevivir recibía una buena noticia. Una residencia abriría la posibilidad de postular a un trabajo formal, inscribirse a un seguro médico y acabar, tal vez, la carrera de Derecho Penal. Mientras eso se concreta, Natasha y Erick se ganan la vida vendiendo pasteles de manzana como ambulantes en el parque central de Barranco.

Por su parte, Natasha está solicitando la condición de refugiado. Paradójicamente, le dijeron que la orden de detención que emitió contra ella el Tribunal Militar le serviría para que sea considerada una perseguida política. Hace unas semanas, un joven venezolano se le acercó mientras vendía dulces y le preguntó dónde la atendían, pues quería traer a su pareja de Venezuela que estaba embarazada pero aún le faltaba para el pasaje. Ella le contó su experiencia en el SIS.

Sin embargo, se trata de un sistema de atención imperfecto. Por ejemplo, a fines de febrero de este año, una venezolana, de nombre Ana Bravo, que perdió a su bebé a los nueve meses de gestación, denunció que no la quisieron atender porque contaba con la documentación migratoria completa. “Llevo 3 semanas con el bebé muerto adentro. No me atendieron porque no soy peruana, porque no tengo los papeles”, dijo a los medios. Las venezolanas gestantes son parte de esta gran ola migratoria, revisar sus casos revelan las complicaciones del Estado para afrontar un fenómeno de esta naturaleza. Mientras tanto, mujeres como Natasha siguen ingresando a Perú para sobrevivir.

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