Edición N° 27 07/12/2018 Artículo

El poder de las mujeres indígenas: barreras y estrategias para su participación política

Por: Iris Jave

Investigadora del Idehpucp

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Solo siete mujeres, han sido elegidas como alcaldesas provinciales y 81 como alcaldesas distritales en el reciente proceso electoral[1]. Ninguna de ellas ha conseguido ser electa como gobernadora regional y solo 48 han alcanzado el cargo como consejeras regionales.

Estos resultados no hacen sino reflejar una situación que viene afectando la participación plena de las mujeres en la representación política. Y ello ocurre no solo en el espacio formal –las elecciones a cargos formales de representación- sino también en los espacios de participación tradicional o informal, como las organizaciones sociales indígenas que han alcanzado un importante proceso de participación en el ámbito nacional, e incluso internacional, pero donde las mujeres aún luchan por avanzar en su representación, más allá de los tradicionales cargos que le son asignados.

Uno de los principales retos del sistema democrático en el país es la eliminación de barreras estructurales para la participación política efectiva de la mujer. Diversos factores como desigualdades socioeconómicas, estereotipos de género o las propias características del sistema electoral, condicionan la situación de la mujer en el ámbito político. A pesar de que se ha incrementado la participación de mujeres en cargos de representación –en el período actual hay 36 mujeres electas para el Congreso de la República, 27% del total (Semana Económica, 2016)-, no ha pasado lo mismo con las mujeres indígenas quienes en los últimos años han venido luchando por ocupar un mayor lugar en estos espacios.

Las mujeres indígenas no solo enfrentan dificultades en la selección de las candidaturas, sino también en el propio ejercicio de su labor una vez elegidas. Así, enfrentan una “triple discriminación”: ser mujer, indígena y pobre.

Efectivamente, desde la década del 80, las mujeres indígenas han ido ganando protagonismo dentro de la vida pública gracias a su participación en organizaciones sociales y movimientos políticos (Zambrano y Uchuypoma, 2016: 19). Sin embargo, esta mayor acción no siempre se ha traducido en una participación política plena y efectiva, dado que no han podido intervenir en los procesos de toma de decisión tanto a nivel comunal como regional y nacional. Inclusive, han debido conformar organizaciones propias de mujeres indígenas para obtener vocería y plantear al Estado, y a sus propios colegas indígenas hombres, su agenda particular (Jave y Uchuypoma, 2017: 23).

Las cuotas como medida de afirmación positiva

La legislación electoral peruana establece una serie de cuotas mínimas en las listas de candidatos a cargos de elección popular. Se trata de medidas de acción afirmativa que buscan facilitar el acceso a las instancias representativas del Estado a los grupos que históricamente han visto vulnerados sus derechos, como las mujeres o la población indígena. Así, la cuota electoral de género establece que el número de mujeres no puede ser inferior al 30% del total de candidatos en las listas de regidurías municipales, consejerías regionales y curules parlamentarias. Por otro lado, la cuota de jóvenes señala que por lo menos 20% de los candidatos a los concejos municipales deben tener menos de 29 años de edad.

En el 2017, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó un proyecto que buscaba garantizar la cuota electoral indígena (Foto: Andina)

La cuota electoral de representación de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios, que exige a los partidos políticos incluir entre sus candidatos a regidurías provinciales y consejos regionales, considera un mínimo de 15% de representantes de comunidades campesinas y nativas.

 Actualmente, la cuota indígena se aplica en Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali, Ica y Moquegua, así como en 93 provincias de estas regiones. Pero aún encontramos algunos vacíos. Hasta el 2010, solo se consideraba a los indígenas que vivían en la Amazonía y al día de hoy, pese a que Lima es una de las ciudades con mayor cantidad de migrantes, no es considerada en la aplicación de esta cuota. Atendiendo a la exigencia de las propias comunidades campesinas, hace cinco años, el Jurado Nacional de Elecciones incluyó a Ica y Moquegua entre las regiones en las cuales se aplica la “cuota indígena”.

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Las cuotas y sus límites

Las elecciones regionales del 2002, incorporaron por primera vez la cuota de género y la cuota indígena con el objetivo de fortalecer la participación política femenina e indígena en el país, sin embargo, a pesar de esta medida, las cuotas no han logrado impulsar que las mujeres indígenas alcancen cargos de representación, sobre todo en la Amazonía donde las cifras son comparativamente menores respecto a la zona andina. Las mujeres indígenas no solo enfrentan dificultades en la selección de las candidaturas, sino también en el propio ejercicio de su labor una vez elegidas. Así, enfrentan una “triple discriminación”: ser mujer, indígena y pobre. Tal y como señala el Programa Nacional para el Desarrollo de las Naciones Unidas, los usos y costumbres de las prácticas jurídicas tradicionales o ancestrales tampoco favorecen la participación política de las mujeres indígenas. Si existe escasa información sobre pueblos indígenas, ello se profundiza aún más para el caso de las mujeres indígenas, incluso se identifica la cultura machista y la transmisión de estereotipos de género como algunos de los problemas que las mujeres indígenas deben afrontar en la arena política (PNUD: 2013).

El reciente proceso electoral en instancias subnacionales, donde las mujeres solo han sido elegidas en 3 280 cargos de representación regional y local (25% del total de cargos), expresa de manera cruda las barreras que enfrentan las mujeres indígenas elegidas en cargos de representación para el ejercicio de una participación política plena. Y peor aún, si registramos el dato de lideresas indígenas electas el problema se agrava, considerando que solamente son 4 consejeras regionales y 33 regidoras provinciales hasta el momento.

Cuando una organización indígena es fuerte, los candidatos y candidatas son menos instrumentalizados por las fuerzas políticas por las que postulan.

Solo para citar un ejemplo. En las elecciones regionales 2018 , el Jurado Nacional de Elecciones estableció aplicar la cuota de comunidades nativas, campesinas y de pueblos originarios en las provincias de Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purús, de la región Ucayali. De acuerdo a los resultados del Censo de 2007, en esta región existe una población de 40 407 nativos amazónicos (9.4% de la población de la región) de un total de 27 etnias y en una extensión de 13 distritos. La población nativa de la región tiene como característica principal el ser una población joven y por lo tanto altamente dependiente, con menores posibilidades de formarse o capacitarse.

En ese contexto, las mujeres indígenas que son elegidas para ocupar un lugar en las listas partidarias y que terminan accediendo a cargos públicos, son jóvenes, tanto por la propia característica de la región, como por el uso de las tres cuotas en una misma persona. Es decir, son indígenas, mujeres y jóvenes. Diversas organizaciones políticas “resuelven” el tema de la cuota usando esta condición en la misma persona, anulando e invisibilizando las posibilidades de la cuota como una política de acción afirmativa. Pero no ocurre solo en las organizaciones políticas, la invisibilización de las mujeres en la participación política viene desde sus propias organizaciones.

La mujer indígena constituye el 23.8% sobre el total de mujeres en el Perú, según datos del INEI (Foto: Andina)

Ahora bien, frente a las limitaciones de la cuota nativa, al menos en el contexto peruano, parece ser que un factor que permite mayor participación y representación de las mujeres indígenas es el nivel de organización de base. Paredes sostiene que cuando una organización indígena es fuerte, los candidatos y candidatas son menos instrumentalizados por las fuerzas políticas por las que postulan, por lo cual es más factible que continúen con su agenda indígena (2015: 107). Sin embargo, cuando la organización es débil, el nivel de instrumentalización de estos aumenta, aunque ello dependerá del nivel de trayectoria de los y las líderes. Por ello, es importante el fortalecimiento de organizaciones de mujeres indígenas que logren legitimidad de sus líderes y ejerzan su vocería en el espacio público.

Estrategias para alcanzar la participación

A pesar de los avances en materia de participación política en diversos espacios de deliberación entre la sociedad civil y el Estado, y una serie de estrategias que han desarrollado las mujeres indígenas para contrarrestarla, todavía existe una brecha muy grande para concretar la representación política. Las mujeres, y de manera particular las que pertenecen a pueblos indígenas, se encuentran solas en los espacios tradicionalmente ocupados por los varones; no son convocadas a decisiones de mayor relevancia; asumen un cargo formal, como la “secretaría de la mujer” y, a veces, son excluidas de los espacios de toma de decisión relevantes para la propia organización. Esta diferencia se visibiliza, no solo en la composición de la junta directiva, sino también en la gestión de proyectos, en la participación y representación en eventos nacionales y/o internacionales, así como en la ausencia de los temas de salud, educación o alimentación que impactan particularmente a las mujeres indígenas.

En algunas regiones con mayoría indígena en el país han surgido organizaciones regionales de mujeres frente a la organización indígena regional, base de la nacional Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) como una respuesta a la situación de invisibilización de parte de sus propios pares. La expresión más potente de esta estrategia desde las propias mujeres indígenas es la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), que desde el 2009, lucha por las mujeres indígenas andinas y amazónicas del Perú para lograr el pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, basadas en los principios de respeto y reconocimiento de la diversidad.

ONAMIAP lucha por el pleno ejercicio de sus derechos individuales como mujeres y colectivos como pueblos indígenas. (Foto: ONAMIAP)

La participación de las mujeres indígenas ha transitado un largo camino, primero en las organizaciones propiamente originarias, haciéndose un espacio en los temas de deliberación; y, más recientemente, en la construcción de espacios de visibilización y reconocimiento para las líderes indígenas. La construcción de una agenda propia de la ONAMIAP da cuenta de cómo problemas fundamentales tienen un impacto diferenciado sobre las mujeres indígenas, tales como el acceso a la tierra y territorio; el cambio climático y la seguridad alimentaria; la salud y la educación; la violencia o la participación política de las mujeres.

La experiencia muestra que cada federación busca posicionar sus demandas en los espacios de relación con los gobiernos locales y regionales, así como con la sociedad civil y quizá por ello, no encuentran la relevancia de una organización indígena de mujeres.

En países como Perú, Bolivia y México se han descrito procesos similares (creación de organizaciones “paralelas”) como uno de los caminos que tienen las mujeres indígenas para visibilizar sus problemáticas frente a estructuras patriarcales dentro de los propios movimientos indígenas (Rousseau y Morales, 2017, p. 27). Ello ocurre no solo en el ámbito de la organización indígena nacional, sino en las organizaciones regionales donde, a partir del reclamo y el ímpetu de dirigentes indígenas mujeres en la región, se busca visibilizar las afectaciones particulares que sufren las mujeres indígenas y las limitaciones que encuentran para que sus demandas sean atendidas dentro de su organización. Por ejemplo, la propia discriminación que enfrentan las mujeres por el hecho de serlo, en distintos espacios, y las organizaciones indígenas no escapan a esta situación. Y ello representa una barrera como punto de partida para extender y a veces institucionalizar la exclusión hacia las mujeres.

Por ejemplo, dicen: “¿Cómo va a ocupar ese cargo si es mujer? ¿Si no se siente capaz o no tiene la capacidad de manejar ese cargo?”; o sea, ese es el tema que hay, y muchos tienen miedo. Por el simple hecho a veces hay funcionarios públicos que te dicen: “Ella es una indígena, ¿Qué va a saber?” eso también. El tema indígena involucra a todos; o sea, no es decir “Es varón o es mujer”, tenemos el derecho y hay que saber para prevalecer y hacer valer nuestros derechos como indígenas que somos (Jave y Uchuypoma: 2017).

La formación de organizaciones regionales indígenas formadas por mujeres, y que hoy se han constituido en la base de la ONAMIAP, reflejan una respuesta institucional y organizada de estas mujeres para defender sus derechos, y afrontar las desigualdades de género en la región.

Trabajar en el empoderamiento de las jóvenes lideresas indígenas es una tarea crucial para avanzar en nuevas políticas de participación. (Foto: AmecoPress)

Si bien las organizaciones indígenas regionales cuentan con una Secretaría de la Mujer dentro de su Junta Directiva, este canal institucional todavía es limitado para atender las demandas y promover la participación de las mujeres indígenas. El acceso y la participación de las mujeres indígenas en cargos dirigenciales aún son limitados en las federaciones. La experiencia muestra que cada federación busca posicionar sus demandas en los espacios de relación con los gobiernos locales y regionales, así como con la sociedad civil y quizá por ello, no encuentran la relevancia de una organización indígena de mujeres. Incluso, desarrollan una serie de estereotipos para justificar esa ausencia de mujeres en los puestos de decisión.

“No existe una mayor presencia de mujeres indígenas en los cargos de las organizaciones. Su rol ha estado ligado al cuidado del hogar, persiste una dependencia económica y apoyo en la ganadería. El protagonismo de algunas dirigentes indígenas ha estado relacionado a su participación en el Vaso de Leche. Tienen voz y voto en las asambleas de la organización pero no lo usan […]” (Jave y Uchuypoma: 2017).

Sin embargo, para las mujeres integrantes la creación de esta organización busca complementar estas acciones y fortalecer su participación política en la región, desde las propias comunidades de base con miras a alcanzar, a corto o mediano plazo, cargos en los gobiernos locales y regionales.

[…] Por ejemplo, la vida de las mujeres indígenas, porque en las comunidades a veces somos las que más tenemos miedo de participar. Estamos haciendo bastante incidencia política y nos gustaría a nosotras, más que nos capaciten para aprender, para poder ya asumir un cargo en el gobierno regional, que lindo sería que más adelante la mujer indígena sea una presidenta del gobierno regional o una congresista (Jave y Uchuypoma: 2017).

La participación de las mujeres indígenas ha transitado un largo camino, primero en las organizaciones propiamente originarias de nuestros pueblos, haciéndose un espacio en los temas de deliberación; y, más recientemente, en la construcción de espacios de visibilización y reconocimiento para las líderes indígenas. La construcción de una agenda propia de la ONAMIAP da cuenta de cómo problemas fundamentales tienen un impacto diferenciado sobre las mujeres indígenas, tales como el acceso a la tierra y territorio; el cambio climático y la seguridad alimentaria; la salud y la educación; la violencia o la participación política de las mujeres.

Las organizaciones indígenas de mujeres asumen diferentes espacios para hacer política, no solamente a través de la representación por elección popular formal, sino a través de sus propias organizaciones donde también deben atravesar un proceso de deliberación y elección. Ello les permite desarrollar una experiencia política, pensar en los problemas y en las propuestas para su región. De ese modo, van construyendo una trayectoria de participación política más amplia, transformando las formas de hacer política hacia una gobernanza indígena que permita visibilizar sus demandas en distintos espacios de decisión y no solo en los espacios de representación.


 

Referencias

[1] De acuerdo con los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Rosa Vásquez fue desplazada al tercer lugar, por lo cual no accedió a la segunda vuelta por el Gobierno Regional de Ica.

[2] Información solicitada al JNE actualizada hasta el 27 de noviembre de 2018.

[3] Ver más en la Resolución N° 0088-2018-JNE, 7 de febrero de 2018. Recuperado de https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/4eef1ea7-c515-4d8b-a531-c3acae4e3b45.pdf

 

Bibliografía

Jave, I. y Uchuypoma, D. (2017). Diagnóstico sobre experiencias de formación en los pueblos indígenas. Los casos de San Martín y Ucayali. Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), Obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo MISEREOR.

Paredes, M. (2015). Representación Política Indígena. Un análisis comparativo subnacional. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2013). Pueblos indígenas en América Latina: pese a los avances en la participación política, las mujeres son las más rezagadas.
Recuperado de: http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/pressreleases/2013/05/22/pueblos-indigenas-en-america-latina-pese-a-los-avances-en-la-participacion-politica-las-mujeres-son-las-mas-rezagadas-segun-el-pnud.html

Rousseau, S. y Morales, A. (2017). Indigenous Women’s Movements in Latin America: Gender and Ethnicity in Peru, Mexico, and Bolivia. New York: Palgrave Macmillan.

Semana Económica (2016). El Perú tendrá por primera vez 36 congresistas mujeres. Publicado el 5 de junio de 2016.

Zambrano, G. y Uchuypoma, D. (2016). Intersectando desigualdades. Participación política de mujeres indígenas a nivel subnacional en el Perú. Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

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