Edición N° 29 16/08/2019 Reportaje

Invisibles tras las celdas: La situación de las personas con discapacidad psicosocial en las cárceles

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El penal de Lurigancho es una de las cárceles más sobrepobladas y temidas del país. En él se encuentran asesinos, narcotraficantes y ladrones confesos junto a personas que cumplen una condena, pero que afirman ser inocentes. Dentro de esta población se encuentra un pequeño e invisible grupo, cuyos miembros han sido olvidados por sus familiares; otros ignoran por qué están allí, y unos pocos no saben quiénes son (ellos conforman el grupo de internos con discapacidad psicosocial de la clínica el Buen Pastor).

Hay que pasar tres puertas y una malla de seguridad para llegar a la clínica. El sótano y el primer piso están dedicados a internos psiquiátricos; el segundo y tercer piso a presos con VIH. En la década de los 80, durante el primer gobierno de Alan García, este lugar era sinónimo de muerte. Los internos con algún trastorno mental eran abandonados en el sótano de esta clínica.  Un espacio frío, húmedo e insalubre donde los internos no comían y eran violentados por los otros presos. Algunos no soportaban este infierno y terminaban suicidándose.

Fachada del Penal de Lurigancho. (Foto: INPE)

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La situación cambió en el 2007. La clínica fue remodelada con el fin de dar un espacio más digno a los internos con trastornos mentales. Ahora el lugar es más luminoso y las paredes son más claras. Antonio Vargas, coordinador de la pastoral carcelaria, cuenta que para ingresar hay que pasar por una reja y caminar por un largo pasadizo con tres consultorios ambulatorios a cada lado. El pasillo separa la entrada de las habitaciones. Cada dormitorio tiene una puerta de metal con máximo dos camas. En el sótano hay más cuartos y una cocina con comedor. Si bien se dejaron atrás las condiciones inhumanas, un penal no es el mejor lugar para albergar a personas con algún trastorno mental que cometen un delito.

“La Policía ejecuta la medida, llega al hospital, pero este dice que no hay capacidad. El policía regresa al juzgado y explica que el interno no puede ingresar, entonces el juez ordena que el penal lo reciba”

En El Buen Pastor conviven personas que han sido declaradas inimputables por un juez; es decir, no tienen responsabilidad penal porque son incapaces de comprender su accionar delictivo, junto a las que han sido diagnosticadas con algún trastorno mental durante el cumplimiento de su pena en la cárcel.  En el caso de las personas inimputables, estas no reciben una pena privativa de la libertad, sino una medida de seguridad que busca la rehabilitación de la persona que cometió el delito a través del internamiento en un hospital psiquiátrico o una medida de tratamiento ambulatorio con el fin de prevenir afectaciones futuras.

La gran sobrepoblación que existe en los tres hospitales psiquiátricos limeños, Víctor Larco Herrera, Honorio Delgado – Hideyo Noguchi y Hermilio Valdizán, impide que las personas inimputables puedan ser trasladadas a estos centros. “La Policía ejecuta la medida, llega al hospital, pero este dice que no hay capacidad. El policía regresa al juzgado y explica que el interno no puede ingresar, entonces el juez ordena que el penal lo reciba”, advierte Carlos Fernández, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo.

Estas idas y vueltas contribuyen a la  invisibilizaciónde esta población. No existe un registro oficial que reporte la cantidad de personas con discapacidad psicosocial en los penales. Según el informe “Retos del Sistema Penitenciario Peruano” del 2018, elaborado por la Defensoría del Pueblo,existen 23 personas declaradas inimputables en las 56 cárceles del país supervisadas por esta institución, de las cuales 8 están en cárceles de la Región Lima. No obstante, en la actualidad, según Andrey Sindeev, único psiquiatra del INPE (Instituto Nacional Penitenciario) y miembro de la Asociación Psiquiátrica Peruana, solo en el Buen Pastor existen 48 personas internadas de las cuales 40 son inimputables.

La sobrepoblación que existe en los tres hospitales psiquiátricos impide que las personas inimputables puedan ser trasladados a estos centros. (Foto: Andina)

El día a día de los internos psiquiátricos transcurre sin grandes sobresaltos. Tienen un horario para tomar sus medicamentos y  participar enalgunos talleres de manualidades y pintura. A muchos las pastillas los mantienen todo el día en su cuarto, mientras que otro grupo va a misa los domingos y acude a jugar fútbol a la capellanía del penal. Para el pastor Antonio Vargas, los deportes les son de gran utilidad: “Les ayuda bastante la actividad deportiva, en realidad no juegan fútbol, pero corren, se sueltan y respiran un poco mejor el aire”.

El pabellón cuenta con un solo psiquiatra, quien es el único encargado de velar por la salud mental de toda la población penitenciaria a nivel nacional. La clínica cuenta, además, con un psicólogo asignado, una asistenta social, una enfermera, personal técnico e internos colaboradores elegidos por los propios profesionales para ayudar a los reclusos con discapacidad psicosocial, pero Vargas considera que esta no es la solución más efectiva: “Yo pondría menos internos como colaboradores y más personal profesional, porque ellos no saben manejar una crisis y pueden aprovecharse de los internos psiquiátricos. Nunca hemos comprobado nada, pero se han quejado de que les quitan los jabones, nada grave que pudiera evitarse si hubiese más personal”.

Problemas con la clínica

A pesar de los avances, el servicio parece ser insuficiente. La raíz del problema se encuentra en que la salud en las cárceles no es competencia del Ministerio de Salud, sino del INPE. Su escaso presupuesto dificulta el abastecimiento de medicamentos y la contratación de profesionales para la clínica el Buen Pastor. “A veces nos piden ayuda para comprar medicinas”, comenta el pastor Vargas.

El escaso presupuesto dificulta el abastecimiento de medicamentos y la contratación de profesionales para la clínica el Buen Pastor. (Foto: El País)

Sin embargo, la carencia de recursos no es la única barrera que el interno con discapacidad psicosocial tiene que afrontar para lograr su recuperación. También está la falta de sensibilidad y la discriminación por parte del personal penitenciario. “Se considera que los internos con trastornos mentales no deben ir a los talleres porque pueden ser un peligro para sí mismos o para los demás cuando la mayoría de delitos se cometen por personas que no tienen ningún trastorno mental”, afirma el psiquiatra Andrey Sindeev.

El estigma nunca ha sido una excepción. Así lo explica la psicóloga Yosselin del Solar, miembro del Grupo de Investigación en Psicología Forense y Penitenciaria: “Se piensa que ellos no tienen opción a rehabilitarse socialmente, pero las personas que están presas y con algún diagnóstico deberían recibir un tratamiento doble; es decir, una atención para mitigar el diagnóstico o para enseñarles a vivir con eso y, al mismo tiempo, un tratamiento que apunte a hacerlos socialmente más funcionales”.

El rechazo también se manifiesta en sus propias familias, quienes los han abandonado por completo o no tienen intención de tramitar su libertad. Esta situación hace que los internos con trastornos mentales excedan su tiempo de encarcelamiento, pues sin el apoyo de sus parientes es imposible verificar el estado de su pena o medida de seguridad: “Hay muchas personas que permanecen en establecimientos penitenciarios, a veces, superando muchos años de lo impuesto judicialmente por una falla en la sentencia. En ocasiones ni siquiera la tienen, de repente no han indicado el plazo de salida, y la persona está sola o  no tiene a nadie que pueda contratar un abogado”, señala Sindeev.

Barreras del sistema

Nadie está preparado para pasar sus días en prisión. Si a esto sumamos las duras historias de vida de cada una de las personas que han sido privadas de libertad, es inevitable que su salud mental se vaya resquebrajando poco a poco. Este es el caso de Martha, a quien llamaremos así para reservar su identidad.

Martha bordea los 40 años y purga condena en el Penal de Mujeres en Chorrillos. No le gusta hablar de la razón de su reclusión, pero tiene una larga historia con las drogas que ha afectado su psiquis. Su diagnóstico es bipolaridad, pero ella afirma que no tiene nada y que vive su vida tranquilamente. Los problemas se iniciaron cuando las demás internas se quejaron por sus reacciones agresivas. La psicóloga trató de convencerla de que lo mejor era que siguiera un tratamiento médico, pero Martha eligió no tomar las pastillas.

Penal de mujeres de Chorrillos. (Fuente: INPE)

La historia de Martha refleja el otro lado de la realidad de las y los internos psiquiátricos. Aquellos que no son inimputables o que no tienen una clínica psiquiátrica en su establecimiento penitenciario. A quienes el trastorno mental se les manifiesta durante el cumplimiento de su pena o entraron ya diagnosticados.

Según el Código de Ejecución Penal, las personas privadas de libertad tienen derecho a alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y mental. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo en su informe: “Retos del Sistema Penitenciario peruano” del 2018, establece que existen 560 internos con un trastorno psicosocial, de los cuales 100 no reciben ningún tipo de tratamiento. Algunos, como el caso de Martha, deciden renunciar a él, pero los demás son víctimas de la falta de medicamentos y especialistas en salud mental.

El INPE solo cuenta con un psiquiatra, que tiene que repartirse entre todos los penales a nivel nacional.

Debido a que el INPE solo cuenta con un psiquiatra, que tiene que repartirse entre todos los penales a nivel nacional, la responsabilidad de los pacientes psiquiátricos, en ocasiones, recae en los psicólogos, quienes forman parte del área de tratamiento del INPE y no se dan abasto para la gran cantidad de internos.

El Informe Estadístico de Tratamiento Penitenciario correspondiente al tercer trimestre del 2018, última que registra la página web del INPE, señala que existen 197 psicólogos que conforman el área de tratamiento a nivel nacional. De este grupo, 114 prestan servicios en la Región Lima por lo que se calcula un total de 373 internos por cada psicólogo.

Tratar a un interno que desarrolla o ingresa con algún trastorno psiquiátrico grave se convierte en una labor extenuante, pues a falta de personal especializado, la responsabilidad recae sobre la psicóloga encargada del pabellón, quien necesita estar al tanto de las consultas de los demás internos. “El psiquiatra viene cada cierto tiempo, como a dar pastillas, no es un acompañamiento integral, o sea no se juntan el psiquiatra, la psicóloga y la asistenta social a conversar sobre ese caso, no pasa eso”, cuenta la psicóloga del Solar.

La falta de un seguimiento médico constante dificulta el diagnóstico y tratamiento de los internos psiquiátricos, lo que a largo plazo deteriora su salud mental.

El psiquiatra Andrey Sindeev explica que visita otros penales dependiendo de la necesidad y de una previa programación: “La necesidad se define según reportes de áreas de salud de cada penal sobre la presencia de pacientes psiquiátricos y su evolución”.

La falta de un seguimiento médico constante dificulta el diagnóstico y tratamiento de los internos psiquiátricos, lo que a largo plazo deteriora su salud mental. “Ha habido casos de diagnósticos diferenciados por parte de los psiquiatras o médicos del penal”, cuenta la psicóloga Andrea Wakeham, investigadora en el ámbito penitenciario y docente de la Facultad de Psicología de la PUCP.

Vivir en  esta situación priva a los internos con trastornos psiquiátricos de las condiciones mínimas para su rehabilitación. Ante esta realidad, el camino usual sería trasladar a los internos diagnosticados con algún trastorno mental a “El Buen pastor”, o a un pabellón para personas con discapacidad. Pero se vuelve a repetir el problema recurrente del sistema carcelario, la sobrepoblación, por lo que dependiendo de la sensibilidad de las autoridades pueden mover al interno al pabellón destinado a personas adultas mayores y con discapacidad física o dejarlo donde estaba.

“A veces los beneficia estar con el resto de la población, desarrollarse de manera común y corriente, en vez de ser tratados en ambientes extraños o en un espacio exclusivo para pacientes con algún tipo de discapacidad”, opina la psicóloga del Solar. Sin embargo, en una cárcel no existen las condiciones para que esto suceda. “El hacinamiento, la insalubridad, las relaciones interpersonales poco sanas entre los internos terminan agudizando los síntomas de las personas con algún trastorno psiquiátrico”, agrega.

Otra posible opción es que el interno diagnosticado con trastornos graves sea ingresado en un hospital psiquiátrico, alternativa que suelen escoger las familias con recursos económicos para contratar un abogado. “Se puede solicitar ante el juez la conversión de la pena a medida de seguridad”, explica el abogado penalista Renzo Ale. Si este procedimiento tiene éxito y se encuentra algún hospital psiquiátrico que lo pueda recibir, el interno es trasladado; sin embargo, esto es poco frecuente.

La directora del Penal de Mujeres Chorrillos, Jenny Ramos, ha conocido algunos de estos casos: “Hay personas que entran por el delito de homicidio contra sus niños, empiezan con eso pero en el futuro se vuelven esquizofrénicas, el encierro obviamente les hace daño. Nosotros podemos informar todo eso, pero queda en consideración de su abogado hacer el trámite, aunque esto casi no tiene mayor fruto”.

¿Cuál es la solución?

El sistema penitenciario ha demostrado no tener las condiciones adecuadas para poder rehabilitar a los internos que tienen un trastorno psicológico grave. La falta de recursos para proveer especialistas y un adecuado tratamiento, el hacinamiento en las cárceles, el abandono, el estigma y la discriminación por parte de autoridades terminan intensificando la vulnerable situación de los internos psiquiátricos.

“No se puede admitir que, porque el psiquiátrico está lleno, entonces se va a la cárcel, me parece inadmisible eso. El derecho penal ha demostrado que es inútil de cara a las personas con discapacidad que delinquen (…)”.

Tan compleja problemática llevó al ex jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, a proponer la construcción de un penal exclusivo para internos con trastorno mental en el 2012. “Fuimos a ver un predio incautado para que nos lo pudieran dar, pero al final no se consiguió, pues tampoco nos querían dar el permiso. Nadie quiere dar permiso para penales y menos para un psiquiátrico”. El espacio tendría como finalidad la rehabilitación de los internos inimputables y los presos a los que se les manifieste algún trastorno mental durante sus años en prisión. “Adentro tendría que tener una infraestructura terapéutica donde puedan estar tranquilos, las áreas verdes para nosotros eran fundamentales”, recalca el ex funcionario.

No obstante, expertos en temas de discapacidad como Renata Bregaglio, docente de la Clínica Jurídica de Derechos de las Personas con Discapacidad de la PUCP, opinan que el lugar para los internos psiquiátricos no es un penal. “No se puede admitir que, porque el psiquiátrico está lleno, entonces se va a la cárcel, me parece inadmisible eso. El derecho penal ha demostrado que es inútil de cara a las personas con discapacidad que delinquen. Creo que es necesaria una reconfiguración total de ese derecho”.

El tema abre un gran debate dentro de los mismos especialistas, quienes se ven contrariados acerca de si el encierro penitenciario es o no una medida adecuada para estos internos. La psicóloga del Solar, dentro de su experiencia, explica que en algunos penales hay centros de salud, pero no un espacio para internamiento. “La primera sensación que me provoca decir es que es una precarización en la atención de las internas porque se les debería dar el espacio que ellas necesitan. Por otro lado, me pongo a pensar, que para que una persona sea funcional no tiene que estar encerrada, o sea ¿más encerrada de lo que ya está?”.

Ante esta realidad, Bregaglio propone un enfoque comunitario: “En general cualquier tratamiento a pacientes psiquiátricos no debería ser un internamiento prolongado, deberían tener contacto con familia.  No parece que frente a una persona que tú quieres ayudar en términos médicos de salud mental, la salida sea hospitalizarla por un tiempo largo”.

Como se ha expuesto en este reportaje, las personas con discapacidad psicosocial privadas de libertad no cuentan con una política pública enfocada en sus necesidades tanto en el pabellón para pacientes psiquiátricos como al interior de los establecimientos carcelarios. Dentro de los grandes problemas de la población penitenciaria, las personas con trastornos mentales no son la prioridad. Hace falta un enfoque de discapacidad que impulse no solo la contratación de especialistas, sino también capacitar al personal del INPE para que las personas con discapacidad psicosocial no sean revictimizadas.

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