Cruz Silva: "El Defensor del Pueblo debe supervisar servicios públicos en una lógica de derechos humanos"

13/09/2016

Tiempo Global, el programa de radio del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, conducido por Ramiro Escobar, presentó, como cada semana, entrevistas sobre temas de actualidad nacional e internacional.

Cruz Silva del Carpio, abogada del Instituto de Defensa Legal, analizó la elección del nuevo Defensor del Pueblo, así como las características que debe cumplir la persona que desempeña este puesto. La semana pasada, el Congreso de la República optó por el abogado Walter Gutiérrez para ocupar este cargo.

Silva sostuvo que Fuerza Popular tuvo una táctica política para esta elección: “Es bastante extraño que haya salido elegido una persona que había fallado en todos sus intentos para acceder a la Defensoría del Pueblo. Llamó la atención que la carta del fujimorismo en la anterior elección haya sido Eduardo Vega Luna, en cuyo periodo como Defensor del Pueblo encargado se hizo una sólida defensa de grupos vulnerables. Todo indica que se trató de una estrategia, pues sabían que no tenían los votos para elegirlo. Entonces, al tener una mayoría en el Congreso, cambian las reglas del juego, se hace un proceso mediante invitación y Gutiérrez puede ser electo”.

Para la abogada, existían ciertas dudas sobre la independencia e idoneidad del nuevo Defensor del Pueblo. “Fue nombrado como miembro de la Comisión gubernamental para investigar los sucesos de Bagua durante el segundo gobierno aprista, pero luego renunció a dicho cargo. Ello nos pareció grave porque alguien comprometido con los derechos humanos busca investigar hasta el final. Asimismo, la penúltima vez que fue propuesto para el cargo que hoy ocupa, quien impulsó su candidatura fue el entonces congresista Luis Gonzáles Posada, quien había sido condecorado por Gutiérrez cuando fue Decano del Colegio de Abogados de Lima”.  En esa línea, consideró que las bancadas fujimorista y aprista habrian optado por alguien que no les recordara el pasado reciente.

Silva consideró que el flamante Defensor del Pueblo debe pronunciarse sobre temas de actualidad vinculados a la defensa de derechos humanos. “Se acaba de producir una sentencia sobre trata de personas que promueve la impunidad, pues la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia acaba de subir los estándares probatorios sobre este delito, equiparándolo a un contrato civil regular, ignorando que estamos ante una conducta que supone engaño y sustracción forzosa. El Defensor del Pueblo debe señalar su posición con urgencia”. Otro tema en el que reclamó la misma celeridad es frente al caso Accomarca: “Aquí es necesario pronunciarse por dos temas. De un lado, las demoras en el sistema de justicia sobre lo ocurrido. Si bien la sentencia devuelve un poco de justicia, tanto por la reparación simbólica que supone como por el contenido sobre órdenes superiores, la mayoría de condenados están prófugos. El Defensor del Pueblo debiera hacer un proceso de seguimiento al proceso de busqueda de los sentenciados en este caso”.

La abogada del IDL manifestó cuáles deben ser las tareas centrales de esta entidad: “El Defensor del Pueblo debe supervisar servicios públicos en una lógica de derechos humanos. Su otra gran tarea es la defensa de los derechos fundamentales. Cuando nos referimos a servicios estatales no solo nos referimos a temas como el suministro de luz y agua, sino también a tareas como la administración de justicia, la educación, la salud, el estado de los centros penitenciarios. No solo tiene que ver con derechos del consumidor, vinculados más al derecho privado. La lógica de la Defensoría del Pueblo se conecta más con el derecho público y con la necesidad de encausar la magistratura de la persuación frente al Estado y los privados sobre derechos fundamentales”. En esa medida, la Defensoría del Pueblo puede intervenir en temas tan diversos como la memoria frente al periodo de violencia, la inacción estatal frente a casos de violencia familiar y la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Además, se refirió a la intervención de la entidad en conflictos sociales: “en estos eventos se vulneran derechos y existen poblaciones vulnerables como pueblos indígenas que están involucrados”.

En esa línea, Silva criticó las primeras declaraciones públicas del nuevo Defensor del Pueblo respecto de sus funciones: “Sus expresiones suponen un cuestionamiento a lo que ha venido haciendo la Defensoría del Pueblo durante estos años, al señalar que se va a supervisar al Estado o que ahora los derechos humanos erán para todos. Por ello, pensamos que el titular de esta entidad debería ser un especialista en temas constitucionales y en defensa de derechos fundamentales”.

Finalmente, la abogada se refirió a la necesidad de fiscalizar al Defensor del Pueblo: “Quienes no votaron por Walter Gutiérrez deberían llamarlo cada vez que consideren que pueda existir una omisión en su actuación. El puede renunciar o ser destituido por una causa motivada y razonada por el propio Congreso de la República”.

Tiempo Global toca temas de actualidad nacional e internacional, vinculados con las materias de trabajo de nuestro Instituto.

(13.09.2016)

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