Félix Reátegui: "En Colombia, hay víctimas que están más abiertas a la reconciliación y que buscan cesar la violencia"

04/10/2016

Tiempo Global, el programa de radio del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, conducido por Ramiro Escobar, presentó, como cada semana, entrevistas sobre temas de actualidad nacional e internacional.

Félix Reátegui, investigador del IDEHPUCP, comentó los resultados del referendum en torno al Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Dicho acuerdo fue rechazado, por un estrecho margen, por la mayoría de electores que acudieron a votar el pasado domingo 2 de agosto.

Reátegui se refirió, en primer lugar, al Acuerdo de Paz. “Tenemos que reconocer que el Acuerdo de Paz y sus términos son polémicos. Es comprensible que existan personas que puedan estar en contra, más allá de las intenciones políticas del Uribismo. Para algunos, lo establecido resulta siendo una concesión inaceptable y para otros se trata de un precio a pagar para poner fin a 52 años de conflicto”. En esa línea, indicó que son dos los puntos más polémicos del Acuerdo: “el primero tiene que ver con la justicia penal para los jefes de las FARC y el segundo se vincula con las facilidades que tendrían para ingresar a la vida legal, en específico a la política, así como los términos de esta incorporación, que implican cuotas fijas en el Congreso en las elecciones de 2018 y 2022”.

Nuestro investigador analizó a profundidad los aspectos vinculados a la justicia transicional, sobre todo, en lo que vincula al tratamiento del componente judicial en el acuerdo: “Se estimaba que los delitos graves serían sancionados con penas entre 5 a 8 años de prisión en el caso que las personas hayan confesado y, en aquellos en los que no, se podrían imponer una pena hasta 20 años. La negociación de este componente fue aceptada por instancias como la Corte Penal Internacional: se aceptó que estamos ante una situación extraordinaria donde se podía cumplir con la provisión de la verdad a las víctimas a cambio de cierta laxitud en las penas. El Acuerdo con las FARC no es distinto del entablado luego de las negociaciones entre el expresidente Álvaro Uribe y los paramilitares. Estamos ante sistemas jurisdiccionales extraordinarios para la desmovilización armada. En el caso de los paramilitares, el acuerdo implicaba grandes concesiones y no se consultó a nadie, haciéndose ajustes finales para el tema de impunidad. Los jefes de estas milicias recibieron un máximo de 8 años de restricción de la libertad en complejos especiales para la detención. Cabe mencionar que algunos de ellos fueron extraditados a Estados Unidos para que rindan cuentas sobre acusaciones del narcotráfico, lo que impidió que se vieran las conexiones entre estos grupos y las élites económicas e instituciones estatales”.

Reátegui mencionó que el acuerdo con las FARC también beneficiaba a los militares involucrados en un caso emblemático de los últimos años del conflicto colombiano: “los falsos positivos”. Se trtaba de un esquema según el cual, para el cumplimiento de una cuota de miembros de las FARC abatidos, se asesinaba a jóvenes que no tenían que ver nada con el conflicto. Al igual que en el caso de miembros de las FARC, tendrían una pena baja si confesaban sus crímenes.

El investigador del IDEHPUCP se refirió también a los términos de la incorporación de las FARC a la vida política: “Tengo la impresión que la cuota de curules tiene un pequeño margen de negociación porque hablamos de cantidades. Pero existe un elemento de índole sustantiva a considerar, pues, en el esquema planteado, gente que confesó graves crímenes puede resultar electa y, por tanto, es difícil de aceptar que puedan tener estas facilidades para la participación política”.

En esa línea, Reátegui comentó la compleja posición en las que se encuentra el grupo alzado en armas: “Existe un temor real sobre la desmovilización por el precedente de la eliminación de los miembros de la Unión Patriótica en la década de 1980. También es cierto que las FARC tienen una concepción más grande de la real respecto de su poder de fuego. Es claro que el Estado colombiano no puede vencerlas en los próximos años, saben que no van a tomar el poder, pero no podrán ser erradicadas en los próximos cinco a ocho años considerando las reglas del Derecho Internacional. Sin embargo, están disminuidas en poder militar. Se olvida que Juan Manuel Santos, como ministro de Defensa de Uribe, destruyó todo lo que era posible del secretariado de las FARC y, posteriormente, como Presidente, supo cuales eran los límites para poder negociar. Se puede afirmar que hay un punto de no retorno para la guerrilla. El costo para volver a las armas es bastante alto porque supone una pérdida absoluta de credibilidad y legitimidad. Si las cosas no salen bien, nos acercamos a una situación de “paz imposible y guerra improbable”. Y ello ya es un logro para Santos”.

Nuestro investigador se refirió, finalmente, al rol de las víctimas en la negociación: “Reparar suficientemente a las víctimas es una quimera. Se tiene que apuntar a que sientan que exista un esfuerzo sincero por reconocer sus derechos. Hasta cuarenta grupos de víctimas han estado en La Habana en las conversaciones. El Acuerdo de Paz contempló los derechos de las víctimas, si bien el tema de la justicia quedó mitigado por la negociación. Aún deben desagregarse las cifras del referéndum para saber la procedencia de las víctimas que votaron por el Sí. El caso de Bojaya es representativo, pues las FARC cometieron una masacre en una iglesia, pero la zona fue fuertemente asediada por los paramilitares. En Colombia,  hay víctimas que están más abiertas a la reconciliación y que buscan cesar la violencia”, concluyó.

Tiempo Global toca temas de actualidad nacional e internacional, vinculados con las materias de trabajo de nuestro Instituto.

(04.10.2016)

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