Ronald Gamarra: "La Fiscalía hace bien en exigirle a Odebrecht la entrega de información sobre los expresidentes"

07/02/2017

Tiempo Global, el programa de radio del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, conducido por Ramiro Escobar, inició sus emisiones correspondientes al año 2017, tocando temas de actualidad nacional e internacional.

En nuestro primer programa del año, Ronald Gamarra, abogado y exprocurador adjunto anticorrupción, explicó los aspectos más relevantes del caso Lava Jato, en lo que se refiere a las investigaciones que se vienen siguiendo en nuestro país a funcionarios de diverso nivel por hechos de corrupción vinculados a empresas brasileñas.

Para Gamarra, cuando nos referimos a este caso, “estamos hablando de coimas, sobornos y varios delitos. En general, el funcionario público antepuso sus intereses personales a los del Estado. Básicamente, estamos ante personas que han invocado influencias reales o simuladas para tratar de convencer a funcionarios clave para el otorgamiento de licitaciones, contratos y modificaciones a los mismos, a fin de favorecer a varias constructoras brasileñas. En este esquema están involucrados los tres últimos gobiernos. Hemos tenido funcionarios que se han acercado a estas compañías o ejecutivos de las mismas que han buscado a personas para obtener estas ventajas”.

El abogado anotó que siempre se buscaba obtener un beneficio para estas empresas: “Las ampliaciones de contratos vía adendas buscaron obtener mayores ganancias para estas constructoras, jamás para beneficio del Estado. Casi todos los arbitrajes terminaron en que el monto de lo discutido sea a favor de estas compañías”. Más aún, precisó que parte del dinero que gana la empresa por parte del Estado es lo que ingresa como soborno o tráfico de influencias al funcionario público corrompido. “En estos casos, hay un beneficio mutuo, tanto para la empresa que se beneficia con la licitación, así como del funcionario que presenta sus influencias o es directamente corrompido”, añadió.

Gamarra se refirió al caso del expresidente Alejandro Toledo, cuya situación judicial se complicó durante el último fin de semana, debido a las revelaciones sobre el presunto pago de un soborno de 20 millones de dólares por la concesión de un tramo de la Carretera Interocéanica. En particular, se refirió al mecanismo de delación premiada: “Lo tradicional en un juicio penal es que el Ministerio Público imputa, el juez resuelve y, normalmente, el imputado niega todo. Desde hace cincuenta años, los países han incorporado los mecanismos de colaboración eficaz para que un involucrado en un delito pueda brindar información relevante, a cambio de una reducción de pena o incluso la exoneración del crímen. En este caso, Jorge Barata, principal ejecutivo de Odebrecht en Lima, se ha acogido a este beneficio. Tanto en Brasil como en Perú, no basta que esta persona señale al autor de un posible delito, sino también indique las circunstancias y pueda entregar la información disponible. Para este caso específico, se requiere demostrar el desvío de fondos de Odebrecht, la ruta del dinero y a donde se trasladó, siendo por lo general el destino final una persona del entorno del funcionario público comprometido. Entiendo que el Ministerio Público ya puede documentar, por lo menos, once de los veinte millones de dólares comprometidos como soborno”.

En esa línea, el exprocurador adjunto anticorrupción señaló que la situación del expresidente es bastante complicada: “Ya se sabe que la coima salió de Odebrecht, se conoce la ruta del dinero y el beneficiario final es Joseph Maiman, una persona cercana a Toledo. E incluso conocemos que parte del dinero de Maiman pasó a personas cercanas al expresidente, como las involucradas en el caso Ecoteva. Asimismo, tenemos indicios de mala justificación, pues si se varía de argumento para intentar alegar el origen del dinero, eso será analizado por la justicia peruana. Y, además, tenemos un vínculo concreto: la presencia de Toledo cuando se constituyó la empresa Ecoteva en Costa Rica”.

Gamarra indica que resulta difícil que Toledo venga a colaborar con la justicia por voluntad propia. “Traicionó a la democracia y no tiene la talla para hacer frente a lo que es evidente. Aquí tiene que actuar la justicia. Hoy la Fiscalía va a solicitar la medida de detención y, tal como van las cosas, el juez la va a dictar. Si Toledo va a Israel, no es necesario tener un tratado de extradición para repatriarlo, pues puede invocarse el principio de reciprocidad. Ya existe el antecedente de un exjuez israelí procesado por corrupción que fue extraditado por el Perú”.

En torno a los casos que podrían involucrar a los expresidentes Alan García y Ollanta Humala, Gamarra sostuvo que: “Esperamos que se llegue a la cúspide. Salvo las investigaciones seguidas sobre la década de 1990, las indagaciones sobre corrupción normalmente sólo llegan a los “peces menores” o los intermediarios. La Fiscalía hace bien en exigirle a Odebrecht la entrega de información sobre los expresidentes. Esperemos que los colaboradores brinden estos datos, dado que los nombres de García y Humala aparecen en otros documentos que aún están en Brasil”.

Sin embargo, el abogado criticó algunos aspectos de la actuación del Ministerio Público en el caso Lava Jato. “Normalmente, en una investigación sobre corrupción se podría construir el caso “desde abajo”, pero aquí tenemos a una empresa que ha negociado su colaboración, que conoce todo y que tiene la documentación. Si no existiera delación premiada, funcionaría dicha premisa de apuntar a los intermediarios. Mi crítica es que la investigación fiscal empezó tarde y mal. Hasta noviembre de 2016 no existía una indagación sobre las coimas y solo cuando aparece el convenio entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se amplía a los demás hechos”.

Finalmente, Gamarra hizo una reflexión política sobre este caso: “La democracia es el mejor régimen que tenemos para investigar, juzgar y sancionar a quienes delinquen. Nosotros lo hemos hecho con Alberto Fujimori y con Abimael Guzmán. Tenemos las herramientas para avanzar. Sin embargo, tiene que haber una movilización ciudadana para respaldar a la democracia y a las investigaciones. Un robo al Estado es sustraerle el dinero que se se puede utilizar para mejorar la vida de las personas”.

 

(07.02.2017)

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