"Hay una intención de extraer, talar, de generar un desbosque y, por supuesto, trasladar", un análisis del P.L. 1123 por Tania Pariona y Ángela Arriola

14/11/2017

El Congreso de la República aprobó por mayoría el proyecto de ley que declara como la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali como prioridad e interés nacional. Esta resolución ha causado diversas reacciones. Entre ellas destaca el pronunciamiento de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), en el cual señalan la impertinencia de este proyecto de ley, pues gran parte de la frontera peruano-brasileña tiene territorios habitados por pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.

“Al promover la construcción de carreteras en la frontera, en el departamento de Ucayali, el Congreso de la República está colocando en grave riesgo la vida, salud, subsistencia, integridad y territorios de los pueblos en aislamiento y contacto inicial mencionados”, se lee en el comunicado. Asimismo, hacen referencia a la vulneración de la normativa que establece que los sectores estatales involucrados en toma de decisiones en este caso, como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, deben emitir opinión antes de la aprobación al proyecto de ley.

Julio Cusurichi Palacios, Premio Goldmann Prize 2007, también se manifestó en torno al tema y señaló que este proyecto facilita la minería ilegal y las plantaciones de monocultivos de palma aceitera.

En el marco de la Cumbre Climática COP 23, que culmina esta semana, este tema cobra especial relevancia. Por ello, en esta edición de Tiempo Global, contamos con la congresista de Nuevo Perú, Tania Pariona, vía telefónica, y Ángela Arriola, coordinadora de Programa Nacional de AIDESEP para Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). Ellas analizaron el proyecto de ley y su potenciales repercusiones en detrimento a las comunidades en aislamiento voluntario y contacto inicial.

“Las comunidades en aislamiento voluntario tienen un sistema inmunológico muy vulnerable. La construcción de la carretera supone que estas personas tengan contacto y las ponen en riesgo. Además, este proyecto de ley no cuenta con opinión favorable del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y del Ministerio de Cultura, que es el rector en materia de Pueblos Indígenas”, explicó la congresista.

Asimismo, Pariona señaló que dicho procedimiento informal ha estado ocurriendo en otros casos de construcción de carretera como la que conecta Puerto Esperanza con Iñapari.

“Hay una intención de extraer, talar, de generar un desbosque y, por supuesto, trasladar. Y para ello, necesitas carreteras. Entonces, esto nos parece totalmente atentatorio porque incluso no estaríamos cumpliendo con los estándares mínimos de protección de la amazonía frente al Cambio Climático”, sostuvo la parlamentaria.

Por su parte, Arriola teme que la apertura de estas carreteras en zona de frontera facilite el ingreso de redes de tala ilegal. “Por falta de seguridad, vigilancia y supervisión por parte del Estado, estas zonas son altamente expuestas a actividades ilícitas (tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico)”, dijo.

Además, señaló que estas reservas que se encuentra involucradas son intangibles. “Por ley, nadie puede ingresar dentro de estos espacios, no se pueden realizar ninguna actividad dentro de ellas”. Con esto, se está vulnerando a la autodeterminación de estos pueblos “porque al momento de mantenerse en aislamiento están mostrando que su deseo es no tener contacto con otras comunidades. Esto tiene que ser respetado”, sostuvo.

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