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12 de diciembre de 2017

El 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. Tomando en cuenta el contexto internacional en materia de movilidad humana, cabe reflexionar sobre cómo las políticas internacionales influyen en el contexto nacional marcado por flujos migratorios nunca antes registrados y nuevos marcos normativos.

El 13 de setiembre de 2016, la comunidad internacional adoptó la Declaración de Nueva York, que expresa la voluntad de los estados partes de proteger los derechos humanos a escala mundial, incluyendo los de los migrantes y refugiados. Como parte de esta declaración, los estados partes acordaron realizar un Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular. Este pacto se desarrollaría en el marco de la meta 10.7 de la Agenda de 2030 para el desarrollo sostenible (Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas). Las negociaciones empezaron a principios de 2017 y culminarán en una conferencia intergubernamental sobre migración internacional en 2018.[1]

En la Declaración de Nueva York, los estados acordaron incluir ciertos elementos en el Pacto Mundial, que incluyen la necesidad de abordar las causas de la migración, en particular redoblando los esfuerzos en cuanto al desarrollo, la erradicación de la pobreza, y la prevención y la solución de conflictos; la protección efectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, especialmente las mujeres y los niños, independientemente de su situación migratoria, y las necesidades específicas de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad; y la lucha contra el racismo, la xenofobia, la discriminación y la intolerancia hacia los migrantes.

Si bien debe saludarse que los estados estén prestando atención a la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran las personas migrantes, es importante señalar que el Pacto Mundial es un instrumento no vinculante y, como tal, los estados no están obligados a cumplirlo. Además, ha habido una reticencia entre los estados a incluir mecanismos de revisión e implementación concretos que rastrearían la implementación del Pacto. Las negociaciones aún están en curso, sin embargo, la coyuntura política y las medidas adoptadas, en especial por Estados Unidos y la Unión Europea, demuestran cada vez más reticencias a pensar una política migratoria desde un enfoque de derechos humanos. Ejemplo concreto de ello tiene que ver con el anuncio de los Estados Unidos a la Secretaría General de Naciones Unidas que se retiraban del Pacto Mundial, comentando que este no es “compatible con la soberanía de los Estados Unidos.”[2]

Cabe resaltar que el 2017 trajo consigo la elección de Donald Trump como presidente, cuya campaña presidencial fue basado en estrictas medidas de inmigración, donde caracterizó a migrantes como “criminales” y “violadores” y prometió construir un muro a lo largo de la frontera Estados Unidos-México. Aunque no está claro si el Congreso aprobará o no el financiamiento para la construcción del muro, la administración de Trump ha tomado otras medidas concretas para restringir el número de migrantes en el país. En setiembre 2017, su administración anunció que para el año 2018 solo aceptará el reasentamiento de 45,000 refugiados, que representa el nivel más bajo desde el establecimiento del programa de reasentamiento en 1980.[3] Cabe mencionar que en 2016 los Estados Unidos aceptó casi el doble de esa cantidad (84,995 refugiados).[4] Además, el 5 de setiembre, la administración terminó el programa de la Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés), poniendo en riesgo de deportación alrededor de 798,942 personas que llegaron de manera irregular a Estados Unidos cuando eran niños (también conocidos como dreamers).[5]

La administración de Trump siguió con las restricciones en noviembre. A principios del mes, el estado terminó el programa de refugiados menores de Centroamérica, que permitía a los niños que huían de la violencia en Guatemala, Honduras o El Salvador y tenían a sus familiares regularmente en los Estados Unidos a solicitar asilo desde su país de origen.[6] Este programa fue establecido como respuesta de la administración de Obama a la llegada en 2014 de decenas de miles de niños centroamericanos no acompañados en la frontera sur de los Estados Unidos, quienes huían de las pandillas y el crimen organizado.[7]

Además, la administración de Trump terminó el Permiso Temporal de Permanencia para nicaragüenses, poniendo en peligro de ser deportados alrededor de 2,500 nicaragüenses.[8] Semanas después, el Departamento de Seguridad Nacional decidió terminar el Permiso Temporal de Protección para haitianos en el país.[9] Esta decisión afecta alrededor de 50,000 haitianos.[10]

La coyuntura política con respecto a migrantes en la Unión Europa también se ha caracterizado por un sentimiento anti-migración. Según el Parlamento Europeo, el número de personas que solicitaron asilo en la Unión Europea alcanzó un máximo de 1,26 millones en 2015, lo cual desencadenó la actual crisis migratoria.[11] Los partidos políticos de derecha y los grupos de extrema derecha capitalizaron los temores derivados a esta crisis para avanzar su agenda y generar apoyo popular. Muchos de estos grupos han tenido éxito en las elecciones, incluso en países como Hungría, Polonia y Austria.[12]

En particular, muchos países de la Unión Europa no han querido aceptar refugiados que llegan a otros países de la Unión Europea. Aunque en 2015 los países de la Unión Europa hicieron un acuerdo para compartir la mal llamada “carga” migratoria, no ha sido implementado de una manera efectiva. Por ejemplo, Polonia y Hungría han negado a aceptar refugiados y Francia no ha cumplido su parte de la cuota de reubicación de los refugiados.[13] Todo de esto está pasando frente a una realidad donde en la primera mitad de 2017, 105.000 refugiados y migrantes entraron a Europa y más de 2.700 personas murieron o desaparecieron mientras cruzaban el mar Mediterráneo para llegar a Europa.[14]

Frente a este delicado contexto internacional, el Perú enfrenta una situación nunca antes visto, con la migración de personas venezolanas, se ha convertido en un país de destino y, no solamente de tránsito como pasaba con flujos anteriores tales como la migración haitiana. De acuerdo a la información de la Organización Internacional para las Migraciones, entre enero y septiembre de 2017, en el Puesto de Control Fronterizo del CEBAF de Tumbes, se registraron más de 103,000 ingresos de venezolanos, de los cuales, más del 64% se realizaron en los cuatro últimos meses.[15] Además, de acuerdo a la información de Migraciones, se han otorgado hasta septiembre de este año más de 11, 900 permisos temporales de permanencia (PTP) a personas venezolanas. [16]Por otro lado, son 9,518 solicitantes de la condición de refugiado en el país.[17]

Frente a ello, le corresponde al Estado peruano responder desde un enfoque de derechos humanos a estos nuevos flujos en un contexto internacional marcado por políticas restrictivas. Se plantean tres medidas concretas que deben ser implementadas por el Estado Peruano:

  • Contar con soluciones migratorias para la población migrante. El Estado debe apostar por la regularización migratoria de todas las personas. Un esfuerzo importante es el PTP, sin embargo es una solución temporal que además no se aplica a las personas que han entrado a partir del primero de agosto de este año.
  • El acceso a los derechos sociales, económicos y culturales de las personas migrantes. Existe aquí una particular preocupación por los riesgos que enfrentan las personas migrantes en ser víctimas de explotación laboral o sexual debido a las condiciones estructurales del mercado laboral peruano. Por otro lado, es urgente que las personas migrantes puedan acceder a un sistema de salud sin barreras de calidad migratoria o nacionalidad.
  • Trabajar y reflexionar sobre mecanismos de prevención de discriminación y xenofobia hacia la población migrante. Es necesario incluir el tema de migración internacional para comprender este fenómeno y preparar la población en su conjunto a estos cambios desde una perspectiva de derechos e intercultural.Escriben: Cécile Blouin, investigadora senior, y Emily Button Aguilar, investigadora, ambas integran el equipo del área Académica y de Investigaciones del Idehpucp. 


[3] Presidential Memorandum for the Secretary of State. Presidential Determination No. 2017-13. 29 de setiembre de 2017. Consulta: 7 de diciembre de 2017. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/09/29/presidential-memorandum-secretary-state.

[5] “La suspensión del DACA y los impactos en la población peruana.” Instituto de Democracia y Derechos Humanos. https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis/analisis-la-suspension-del-daca-los-impactos-la-poblacion-peruana/. Consulta: 11 de diciembre del 2017.  https://www.dhs.gov/news/2017/09/05/memorandum-rescission-daca.

[14] http://www.unhcr.org/europe-emergency.html;  https://missingmigrants.iom.int/

[15] OIM Perú Matriz de seguimiento de desplazamiento (DTM) Ronda I Octubre a noviembre de 2017

[16] Migraciones Comunicado de Prensa del 10 de septiembre del 2017: https://www.migraciones.gob.pe/index.php/ptp-esperanza/

[17]ACNUR Operational Portal Refugee Situations Venezuela Situation  https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit