Escribe: Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP
Este 28 de julio asumirá funciones el nuevo gobierno elegido democráticamente. Este es el quinto proceso electoral realizado de manera ininterrumpida desde el 2001, lo cual marca un récord: esta es la mayor cantidad de procesos electorales consecutivos realizados en el Perú en sus 200 años de historia.
Al iniciar su periodo, este gobierno tendrá la difícil misión de ser el “gobierno del bicentenario” en un país que vive una crisis sanitaria, una crisis económica, y una crisis política, por las cuales se ha evidenciado los altos niveles de desigualdad que se siguen reproduciendo a lo largo de nuestra historia republicana. Por ello, las medidas del bicentenario deben estar dirigidas a abordar las diferentes crisis de manera inmediata, y a construir mensajes claros que den respuesta a las diferencias históricas y la discriminación estructural, que sigue siendo parte del Gobierno y de nuestra sociedad.
En ese sentido, desde el trabajo que hacemos en cada una de las líneas temáticas del IDEHPUCP, no queremos dejar pasar la oportunidad para señalar algunas medidas que consideramos deben ser parte de las prioridades en los meses que vienen.
- Seguir trabajando para cubrir las necesidades en el marco de la crisis sanitaria de toda la población. Estas políticas deben enfocarse en abordar las necesidades específicas y urgentes de ciertos grupos socialmente vulnerables tales como los pueblos indígenas, población migrante, mujeres, entre otros.
- Fomentar medidas económicas de reactivación que tengan como prioridad el respeto de los derechos humanos de todas las personas involucradas en las actividades empresariales, que respeten los derechos de los y las trabajadoras, que garanticen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y que fortalezcan los mecanismos de debida diligencia empresarial.
- Mantener y focalizar planes y políticas que inciden, de manera directa, en la protección de derechos humanos de los grupos socialmente mas vulnerables. Por mencionar algunos importantes: el Plan Integral de Reparaciones, la Política de Búsqueda de Desaparecidos, la política de protección de defensores de derechos humanos y defensores indígenas, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos; y el Plan Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación.
- Asegurar a las víctimas de esterilizaciones forzadas el acceso a mecanismos de reparación que respondan a sus necesidades específicas.
- Adoptar una política migratoria y de refugio integral con un enfoque de derechos humanos. Se debe evitar aquellas medidas enfocadas en la persecución y control migratorio desproporcionado, y reforzar un enfoque humanitario para la prestación de servicios y la atención de las personas en situaciones de movilidad.
- Fortalecer políticas dirigidas a combatir la discriminación estructural como un principio básico de convivencia en nuestro país. Deben darse medidas integrales que protejan a las víctimas de racismo, clasismo, machismo, xenofobia y transfobia.
- Fomentar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dirigidas a fortalecer la lucha contra la corrupción con énfasis en medidas de prevención. Para ello, se deben implementar las oficinas de integridad institucional a nivel nacional; y crear un portal único sobre transparencia institucional, declaraciones juradas, rendición de cuentas, conflictos de intereses, gestión de intereses y registro actualizado de sanciones administrativas y penales contra funcionarios públicos.
- Abordar la crisis de representatividad a causa de un quinquenio, y un proceso electoral, volátil y conflictivo. Así, se deben adoptar medias dirigidas a fortalecer la legitimidad de las instituciones, y tender puentes para facilitar la gobernabilidad.
- En el marco del actual contexto, no se debe dejar de abordar las posibles consecuencias negativas de la desinformación, entendida como las dificultades de acceso a una pluralidad de medios masivos de comunicación, y la permisividad a actitudes abiertamente discriminatorias o llamados a la violencia. Estos deben ser abordados a través medidas de gobernanza que involucren a todos los actores interesados y que garanticen información plural de calidad.
Renovamos nuestro compromiso de fortalecer el trabajo conjunto entre entidades públicas, entidades privadas y academia, como una fórmula integral para fortalecer la protección de los derechos humanos, y ayudar a una cultura de diálogo entre todos y todas.
