06/09/2022

Crisis política: La difícil tarea de proponer soluciones

Es importante proponer soluciones sin perder de vista que Castillo es la consecuencia –y no causa– de la situación en la que estamos.

Por: Alejandro Boyco (*)

Hace poco más de un mes, el presidente Pedro Castillo llegó a un hito que muchos consideraban imposible: culminar su primer año de gestión. Si bien la inexperiencia marcó el actuar del gobierno, el cual protagonizó injustificables polémicas desde su primer día, logró alcanzar un equilibrio perverso con el Congreso y la calle que aseguró su estabilidad. Por su parte, la oposición política y mediática cumplió con su cuota de ineptitud, incluso desde que Castillo era un simple candidato. Con sus acciones y omisiones en este año demostraron que fiscalizar al Ejecutivo para asegurar un buen gobierno nunca estuvo entre sus planes, y que no contaban con la habilidad política para llevar a cabo su agenda opositora maximalista.

La incapacidad de nuestras autoridades y el privilegiar sus intereses particulares llevó a que reciban el repudio ciudadano. En el interín, la desafección se continúa agudizando mientras los hilos que sostienen a nuestra débil democracia resisten a duras penas. Hoy, el equilibrio perverso se debate con quienes buscan impulsar alguna de las propuestas para salir de esta crisis. Sin embargo, en la difícil tarea de proponer soluciones, no debemos perder de vista que Castillo es consecuencia –y no causa– de la situación en la que estamos, y que en el corto plazo nuestra actual oferta política tiene nulos incentivos para mejorar las cosas.

Este es el problema del razonamiento superficial de aquellos que hasta la fecha no aceptan su derrota en las urnas. Los voceros más radicales de la oposición insisten en que la crisis empieza y termina con el actual presidente. Para este sector, la salida pasa por conseguir una vacancia a cualquier costo –incluso manipulando las instituciones parlamentarias para lograrlo– y retomar el poder para dirigir el país. En su lógica, no existe crisis de representación, sino una crisis de Pedro Castillo.

“El “que se vayan todos” es la opción más atractiva para la ciudadanía. El descontento lleva a una lógica punitiva, a buscar castigar a los gobernantes y sacarlos del poder a pesar de que las opciones de mejora sean pocas.”

Desde el otro lado del espectro, la izquierda aprovecha el desgobierno para proponer nuevamente una salida constituyente y volver a enrumbar a Castillo hacia una agenda de cambio. Este sector, motivado por el miedo a ser castigado por la ciudadanía en unas nuevas elecciones, continúa confiando en que Castillo es un presidente comprometido con dicha agenda, y no un político más que se alió a Perú Libre por pura conveniencia y azar. Más allá de colocar sus monedas en una lucha perdida, fallan en comprender que una propuesta de Asamblea Constituyente –vacía de mayor contenido– no reconstruirá los vínculos entre representantes y representados, y condenaría al país a estar regido por una Carta Magna redactada por políticos muy similares (en representatividad, capacidad y aprobación ciudadana) a los que han conformado los últimos dos periodos parlamentarios.

Un tercer grupo de alternativas se puede entender como “reforma política y adelanto de elecciones”. Ha llegado un punto en el debate en el que “reforma política” adopta un carácter muy similar a “Asamblea Constituyente”: conceptos que se presentan como varita mágica para resolver todos los problemas estructurales, a pesar de no existir un consenso o debate real sobre el contenido de los mismos. Se necesitan cambios estructurales para mejorar la representación, pero ambas propuestas fallan en explicar el mecanismo por el cual llegarían a ello. Pero ignorando todo esto, ¿qué incentivos tendrían nuestras autoridades para implementar las reformas que supuestamente les impedirían actuar con la cómoda impunidad de hoy? La presión necesaria para lograrlo aún es más tenue de lo que queremos admitir.

Sin embargo, el “que se vayan todos” es la opción más atractiva para la ciudadanía. El descontento lleva a una lógica punitiva, a buscar castigar a los gobernantes y sacarlos del poder a pesar de que las opciones de mejora sean pocas. Hemos pasado por dos procesos donde “se fueron todos” y quienes llegaron no mostraron mayor diferencia con sus predecesores. Le dimos la oportunidad a partidos desconocidos en la escala nacional (UPP, Frepap, Perú Libre, Avanza País, Podemos) y sus parlamentarios no demoraron en acumular altísimos niveles de desprestigio. La falta de alternativas y la desesperanza por una mejora están llevando a nuestra democracia a un punto crítico.

Un proceso electoral en estas condiciones está destinado a evidenciar la realidad de la crisis, que va mucho más allá de tener autoridades incompetentes. La democracia sin partidos en el Perú contaba con políticos independientes pero competitivos, con cierto atractivo. Hoy, la mayoría de políticos han perdido ese atractivo. No tienen capacidad de movilizar electores ni mostrarse como alternativas creíbles, no pueden convencer a una población desafectada de la política y no cuentan con un plan de mediano plazo para el desarrollo del país.

En menor escala, este poco entusiasmo ciudadano caracteriza las imperceptibles elecciones regionales de este año. A un mes de la votación, muchas regiones no cuentan con uno o dos candidatos que se perfilan para ganar, sino con una gran cantidad de pequeños políticos que se disputan voto a voto para llegar a una segunda vuelta. La gran fragmentación genera incertidumbre, y cualquiera puede ganar con un porcentaje ínfimo de apoyo y sin legitimidad alguna, ahondando en la crisis de representación y en el descontento ciudadano.

Ante unas futuras elecciones generales, sean estas en el 2023 o 2026 ¿quiénes van a reemplazar a nuestras autoridades? Aquellos que no cayeron involucrados en el caso Lava Jato optaron por ingresar a la espiral de polarización y las tribus, donde perdieron toda credibilidad formando parte de lo indefendible o guardando silencio cuando la situación ameritaba levantar la voz. La inexistencia de líderes políticos, y ni hablar de líderes políticos democráticos, es algo que ninguna reforma institucional va a poder solucionar pronto. ¿Qué alternativas nos quedan a los electores?

(*) Politólogo por la PUCP y analista del Observatorio Regional 50+1

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