Por: Michelle Reyes Milk (*) para el diario El Comercio
Una noticia que ha pasado bastante desapercibida en el Perú, pero de enorme magnitud para los derechos humanos en la región, ha sido la decisión tomada la semana pasada por el flamante Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim A.A. Khan, de abrir una investigación formal en Venezuela ante dicho tribunal. Cabe precisar que la CPI juzga a personas naturales únicamente, enfocándose en “quienes albergan la mayor responsabilidad, por los crímenes más graves”.
La Fiscal que antecedió a Khan– la gambiana Fatou Bensouda – había tomado un paso fundamental cuando, en febrero de 2018, decidió proceder de oficio a la apertura de un Examen Preliminar ante la CPI. Ello lo realizó sobre la base de importante información que documentaba la comisión de crímenes de lesa humanidad por el régimen de Maduro, incluyendo documentación realizada por la ONU, la OEA, y numerosos defensores de derechos humanos en Venezuela. Un Examen Preliminar, que es una fase previa a una investigación propiamente dicha, y que dura un promedio de cuatro años, tiene como objetivo (i) determinar si se han cometido crímenes bajo la competencia de la CPI (crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o el crimen internacional de agresión), (ii) constatar que el Estado en cuestión no está tomando medidas judiciales nacionales al respecto, bajo la luz del principio conocido como el principio de complementariedad, y (iii) analizar la gravedad de los hechos. A esta decisión de Bensouda se sumó la solicitud de seis países de las Américas, incluyendo el Perú, de que la Fiscal proceda a la apertura de una investigación formal.
La Fiscal Bensouda realizó un destacable trabajo sobre Venezuela, y se encontraba lista para abrir una investigación hacia el final de su mandato, que fue impedida por acciones legales del régimen de Maduro. Denegadas dichas acciones, y ya con la asunción del Fiscal Khan, el pasado 3 de noviembre, durante una misión a Caracas, éste último anunció la apertura de una investigación formal centrada en Venezuela, a la vez que firmaba un Acuerdo de Cooperación con el gobierno de Nicolás Maduro.
Se abre entonces una nueva etapa donde ahora, en plena investigación formal, la Fiscalía de la CPI ya puede abrir casos concretos para investigar a individuos por la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, torturas, casos de violencia sexual, entre otros. Estas responsabilidades alcanzarían, por ejemplo, a las autoridades del Servicio de Inteligencia (SEBIN), las Fuerzas Especiales (FAES), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entre otras facciones de las FFAA y de Seguridad, además de autoridades civiles- incluyendo las esferas más altas de poder. Un aspecto clave en esta nueva fase será la cooperación con la Corte, tanto de Caracas como de todos los Estados Parte al Estatuto. Asumamos esa tarea entonces.
(*) Profesora de Derecho Internacional en la PUCP y Consultora en Justicia Internacional. Ex Coordinadora Regional para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional.
