Escribe: Paola Velarde (*)
Según la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura, en el Perú se tiene registro de 48 lenguas originarias y 55 pueblos indígenas hasta el momento, 51 de las cuales se ubican en la Amazonía, mientras que las cuatro restantes están situadas en los Andes[1]. Asimismo, según el último censo realizado en 2017[2], más de 5 millones 700 mil personas mayores de 12 años censadas –cerca del 25% de los censados— se autoidentificó como perteneciente a un pueblo indígena u originario de los Andes, distribución que varía en el territorio nacional y en algunos departamentos adquiere una considerable notoriedad[3]. Estos datos evidencian la amplia diversidad y relevancia del tema indígena en el país, lo cual, lamentablemente, no se refleja en la atención que le dan el Estado y la clase política, pese a las graves urgencias que enfrentan los pueblos indígenas. Entre estas se puede mencionar el alto nivel de vulnerabilidad de los defensores ambientales y el impacto diferenciado que tiene sobre ellos el cambio climático.
Desde el inicio de la pandemia, nueve defensores ambientales han sido asesinados por proteger la Amazonía, según Ojo Público[4]. La mayoría de ellos (siete defensores/as) eran indígenas constantemente enfrentados a mafias vinculadas a actividades delictivas, tales como la tala y minería ilegal, narcotráfico y tráfico de tierras. La ausencia del Estado para garantizar mecanismos de protección o para hacer efectivas las solicitudes de protección e intervención en favor de las representantes de pueblos indígenas agrava su condición de vulnerabilidad y la sensación de impunidad que dejan estos crímenes. Esto hace que los defensores y comunidades sientan más temor de seguir defendiendo el medioambiente, su territorio y sus derechos de manera pacífica. Según el último Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, América Latina es constantemente la región donde se produce la mayor cantidad de ataques a defensores de derechos humanos, y dentro de este grupo, lo más atacados son los relacionados con el medio ambiente[5].
«El 9 de agosto se conmemora a los Pueblos Indígenas en todo el mundo. Este homenaje debe servir para cuestionar la poca visibilidad que han tenido en los espacios de toma de decisiones, y evaluar mecanismos para que alcancen agencia y representatividad efectivas.»
Paralelamente, estudios recientes realizados en Brasil señalan que, por primera vez, las regiones de la Amazonía emiten más CO2 del que absorben[6], resultado que debería generar preocupación en tanto esta zona ha sido un actor clave para contener el avance del cambio climático mediante la absorción de gases de efecto invernadero que produce el planeta. Si bien los estudios no incluyeron la región amazónica del Perú, se debe señalar que en nuestro país se está produciendo un aumento de la deforestación, fenómeno que según la comunidad científica es uno de los factores que explican el cambio, junto con la presencia de actividades como la agricultura y la minería, también concurrentes en el Perú sin la debida regulación de las entidades estatales[7]. Esta situación involucra a las comunidades indígenas, pues el incremento de estas actividades se debe a que el Estado no ha dado importancia a la protección de estos territorios, lo cual incluiría un impulso a la titulación de tierras colectivas. Tales omisiones constituyen un incumplimiento de los compromisos internacionales que asumió el Perú en la COP por el Cambio Climático. Al mismo tiempo, las consecuencias del cambio climático afectarían la dinámica y, con ello, el vínculo que tienen las comunidades con el territorio en el cual siempre han vivido por varias generaciones. Por otro lado, las acciones para hacer frente a este tema deben involucrar a los pueblos indígenas. Sus conocimientos y tradiciones sobre el medio ambiente son fundamentales para la implementación de medidas de adaptación y mitigación de este problema.
El 9 de agosto se conmemora a los Pueblos Indígenas en todo el mundo. Este homenaje debe servir para cuestionar la poca visibilidad que han tenido en los espacios de toma de decisiones, y evaluar mecanismos para que alcancen agencia y representatividad efectivas. Su frecuente presencia en actividades culturales no se condice con la poca agencia política que tienen para la adopción de decisiones que afectan directamente sus derechos. La ciudadanía que no forma parte de este grupo también debe asumir el compromiso de exigir al Estado que cese la histórica postergación de las demandas de los pueblos indígenas. Las recientes declaraciones del nuevo canciller, Héctor Béjar, sobre el impulso que dará para ratificar el Acuerdo de Escazú son un buen indicio. Sin embargo, se necesitan mayores medidas y, sobre todo, acciones, que evidencien la articulación con personas y comunidades cuyo papel en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos no ha sido debidamente reconocido.
