Escribe: Grace Mendoza(*)
A un mes del inicio del aislamiento e inmovilidad social obligatorias, se han hecho visibles diversos problemas que están atravesando ciudadanos y ciudadanas que tienen algún tipo de vulnerabilidad, como los y las familiares de víctimas del conflicto armado interno (CAI). En la primera parte de ese artículo se explicaron las dificultades que atravesaron durante este periodo. Sin embargo, los y las familiares son actores sociales que han desarrollado una serie de capacidades a través de las luchas relacionadas con la búsqueda de verdad y justicia, así como en sus vivencias individuales y/o colectivas. En esta segunda parte se exponen algunas iniciativas que he podido recoger, muchas de las cuales se han estado promoviendo durante este último mes. Adicionalmente, se presentan las respuestas específicas del Estado hacia esa población.
Organizados/as nos acompañamos: Iniciativas de los y las familiares de víctimas del conflicto armado interno en esta coyuntura
A pesar de las dificultades anteriormente descritas, los y las familiares se han organizado y han realizado acciones de apoyo en este contexto. Para entender su respuesta debemos tener en cuenta que estas acciones no son aisladas ni recientes. Desde los primeros años del conflicto armado interno en el Perú, los y las familiares de víctimas actúan coordinadamente con la finalidad de obtener respuestas del Estado, así como para generar consciencia social sobre lo acontecido en la historia reciente del país. A lo largo de estos años, han logrado avances importantes como el Plan Integral de Reparaciones (PIR) y la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas como resultado de un proceso de fortalecimiento de sus organizaciones que les ha permitido posicionarse frente al Estado y han logrado articularse con distintos actores que los han apoyado.
Al mismo tiempo, entre familiares se han brindado acompañamiento emocional desde las primeras búsquedas en posibles sitios de entierro hasta, actualmente, apoyarse en cada fase del proceso de búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario. Este acompañamiento, además, se expresa en medidas adoptadas por algunas asociaciones a través del monitoreo de la salud de socios y socias, mediante visitas domiciliarias, o el seguimiento a casos específicos para que sean incluidas en programas sociales del Gobierno como Pensión 65. Sumado a ello, se debe de reconocer el trabajo de algunas ONG e instituciones académicas que han promovido acciones de acompañamiento psicosocial para familiares de víctimas antes y durante el posconflicto.
También en este periodo de aislamiento e inmovilización social obligatorias se pueden observar expresiones de ese trabajo constante. Por ejemplo, en Ayacucho un grupo de jóvenes, cuya familia tuvo afectaciones durante el conflicto armado interno, recolectó dinero a través de redes sociales para entregar víveres a otras víctimas y familiares que no cuentan con ingresos económicos actualmente para su sustento, y porque no necesariamente este grupo de ciudadanos y ciudadanas recibieron el bono de apoyo económico brindado por el Estado.
«Si bien esta población está atravesando por problemas durante este periodo de aislamiento e inmovilización social obligatorias, han llevado a cabo iniciativas que intentan responder a esas dificultades.»
Por otro lado, en Lima, las organizaciones con alcance nacional publicaron una carta abierta dirigida a alcaldes municipales y provinciales solicitando la atención de los familiares a nivel nacional a través de la actualización del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) y de la entrega de las canastas anunciadas por el gobierno, debido a que habían recibido denuncias de que estarían siendo excluidos de acceder a ellos/as a pesar de cumplir con los requisitos.
Ahora bien, estas iniciativas no logran resolver todas las dificultades individuales y colectivas que se explicaron anteriormente. Para ello debe intervenir el Estado como aquel que tiene la responsabilidad de las afectaciones y de las consecuencias de estas que han sufrido los y las familiares de víctimas. El Estado ha respondido a través de las instancias con competencia en el tema de las reparaciones o de la búsqueda de personas desaparecidas. Por ejemplo, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), al comienzo del aislamiento social obligatorio, realizó llamadas telefónicas a las personas involucradas en proceso de búsqueda con enfoque humanitario. A partir de la primera semana de abril han ampliado su atención para cualquier familiar. Esta atención se está brindando a través de los psicólogos y psicólogas de la DGBPD en Lima, Ayacucho, Huánuco y Junín, regiones con mayor número de víctimas. Además, este servicio de acompañamiento es brindado en quechua y tiene en cuenta el enfoque intercultural del acompañamiento emocional.
En síntesis, si bien esta población está atravesando por problemas durante este periodo de aislamiento e inmovilización social obligatorias, han llevado a cabo iniciativas que intentan responder a esas dificultades. Ello es reflejo de toda la trayectoria y experiencia de los y las familiares, que en organizaciones o individualmente, han brindado respuestas de apoyo y de acompañamiento constante. Adicionalmente, el Estado, con las instancias que trabajan temas directamente relacionados con familiares de víctimas, ha intentado reorientar sus acciones en función a esta situación por el COVID-19. Sin embargo, ello aún no es suficiente. Tras el anuncio de dos semanas más en este aislamiento e inmovilización, es importante que estas dificultades se visibilicen para que el Estado tome mayores acciones sobre esta población en específico; así como para que las integre en las acciones que les corresponda por cumplir los requisitos. De ese modo, las iniciativas promovidas por quienes perdieron familiares durante el conflicto estarán respaldadas y podrán ser efectivas en mayor medida.
(*) Politóloga. Miembro de la Línea Memoria, Democracia y Posconflicto del IDEHPUCP.
