Escribe: Alexander Benites (*)
El desmoronamiento institucional en el Perú continúa. Entre el reparto de cargos públicos, plagios, ataques contra la educación superior y una elección cuanto menos dudosa de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, lo que se evidencia es el desmantelamiento cada vez más profundo de las instituciones democráticas en el país. La situación ha llevado a que, desde diferentes frentes, se formulen propuestas para poner un freno a esta propensión constante de las autoridades al descalabro institucional. Y en varias de ellas la participación de la ciudadanía juega un rol crucial como una manera de presionar políticamente a representantes que no están respondiendo correctamente a quienes las y los pusieron en dichos cargos. Desde esa perspectiva, vale la pena adentrarse un poco más en cuáles son las posibilidades que tiene esta participación como una forma de contener a la debacle política.
La ciudadanía en el Perú sí está dispuesta a manifestarse contra políticos que toman decisiones dándoles la espalda, y sobre ello se tienen varios ejemplos. Según los datos que muestra el último reporte de la Defensoría del Pueblo, al cierre del mes de abril de este año, se registran un total de 209 conflictos sociales en el país. Si bien no nos encontramos en nuestro pico más alto de conflictividad, los datos muestran una preocupante tendencia creciente. A ello se le suman desde casos masivos de protesta social, como el ocurrido en noviembre del año 2020 contra el breve gobierno de Manuel Merino, hasta ejemplos más pequeños como la reciente marcha para defender a la educación superior de los ataques propiciados por el Congreso.
En ese mismo sentido, si se analizan datos de opinión pública, se pueden encontrar patrones similares. Según los resultados reportados por la encuesta del Latinobarómetro, en el año 2020, más de la mitad de la ciudadanía peruana estaría dispuesta a tomar las calles para presionar a representantes políticos poco receptivos. De forma específica, el 71% de las y los ciudadanos declaran estar dispuestos a marchar para mejorar la salud y la educación, mientras que el 58% y el 57% están dispuestos a marchar para mejorar las condiciones económicas del país y defender la democracia, respectivamente. Los datos muestran una tendencia creciente, estando en algunos casos por encima del promedio regional, como se pude observar en el gráfico a continuación:
Gráfico Nº1: Disposición de la ciudadanía a marchar (escala de 0 a 100)[1]
Elaboración propia. Fuente: Latinobarómetro (2013, 2015 y 2020).
Además, al explorar cómo cambia esta disposición a lo largo de los diferentes grupos etarios, se observa que es mayor a medida que la edad disminuye. Sin embargo, esto no implica que la disposición desaparezca mientras la edad aumenta. Al construir un índice de participación en marchas y protestas, donde 0 es una nula disposición y 100 una muy alta disposición, se observa que, en promedio, las personas que pertenecen a los grupos etarios más altos obtienen puntajes intermedios y nada despreciables. Estos resultados se pueden observar en el gráfico a continuación:
Gráfico Nº2: Índice de participación ciudadana según grupos etarios (escala de 0 a 100)
Elaboración propia. Fuente: Latinobarómetro (2020).
«Si bien la disposición ciudadana a frenar irresponsabilidades políticas con marchas y protestas existe, esta posibilidad puede encontrar limitaciones cuando el descontento que las motiva se prolonga y las tensiones electorales en la ciudadanía trascienden a la campaña».
Todo lo anterior es una muestra de la posibilidad latente de poner un freno desde la ciudadanía a los excesos políticos. Sin embargo, hay un conjunto de limitaciones a esta posibilidad que vale la pena tomar en cuenta. La primera tiene que ver, justamente, con aquello que motiva la movilización: la insatisfacción con la manera en la cual las instituciones y autoridades políticas se encuentran operando. Es cierto que la insatisfacción puede llevar al hartazgo ciudadano, y que la desconfianza sirve como un recurso movilizador para favorecer la intervención de la ciudadanía en el proceso político. No obstante, desde diferentes estudios sobre cultura política, también se conoce que actitudes negativas hacia lo político pueden llevar, por el contrario, a la alienación y el desenganche ciudadano. Así, una desafección prolongada llega a adormecer las posibilidades de participar. Los datos del Latinobarómetro apuntan en esa dirección, mostrando que, aunque la disposición a protestar es importante en todas las categorías, es marcadamente mayor entre las personas que se encuentran interesadas o muy interesadas en los asuntos políticos del país:
Gráfico Nº3: Índice de participación ciudadana según nivel de interés en temas políticos (escala de 0 a 100)
Elaboración propia. Fuente: Latinobarómetro (2020).
Lo segundo tiene que ver con la polarización arrastrada desde la campaña. Para presionar y poner frenos a los excesos políticos, se requieren ciertos acuerdos ciudadanos que hoy parecen difíciles de conciliar a raíz de un conflicto que mantiene tintes electorales. Por un lado, se tiene a un sector más afín a la derecha que rechaza cualquier crítica al gobierno que venga de sectores de centro o centro-izquierda, debido a que los considera responsables de cada uno de los desastres provocados por un gobierno comunista. En lo más degradado de este espectro, se encuentra algún nivel de satisfacción cada vez que la administración de Castillo comete una nueva falta. Y por el otro lado, hay un sector más afín a la izquierda que, habiendo sido muy permisivo desde un inicio con las deficiencias del gobierno, hoy le cuesta tener puntos de encuentro con aquellos a quienes denominan vacadores y golpistas sin mayor distinción.
En consecuencia, si bien la disposición ciudadana a frenar irresponsabilidades políticas con marchas y protestas existe, esta posibilidad puede encontrar limitaciones cuando el descontento que las motiva se prolonga y las tensiones electorales en la ciudadanía trascienden a la campaña. A ello, además, habría que sumarle la ausencia de actores capaces de capitalizar y articular el descontento, una pandemia que afectó muchos mecanismos de movilización y la ausencia de claridad sobre los resultados concretos que la movilización espera conseguir. La identificación de estas barreras a la participación no busca desanimarla; por el contrario, trata de dimensionar sus posibilidades, ya que su rol se vuelve cada vez más importante cuando al frente se tienen grupos políticos que renuncian a su responsabilidad de atender los derechos de la població
[1] Para el análisis, se utilizó la pregunta P59ST En una escala del 1 al 10, donde 1 significa “nada dispuesto” y 10 significa “muy dispuesto”, ¿qué tan dispuesto estaría usted de salir a marchar y protestar por…? Se tomó como disposición positiva a los valores del 7 al 10. La pregunta solo es consultada en los años 2013, 2015 y 2020.
(*) Politólogo. Asistente de investigación en el Área de Relaciones Institucionales y Proyectos en IDEHPUCP.
