Escribe: Valery Maco (*)
El día 27 de agosto del 2021 se aprobaron los lineamientos para otorgar el nuevo bono Yanapay a un estimado de 13,5 millones de personas mayores de 18 años. A raíz de este último apoyo económico del Estado surgieron críticas, sobre todo en las redes sociales. Se cuestionaba la focalización del bono y se señalaba que constituía un desperdicio de recursos públicos debido a que se estaría incluyendo a personas que supuestamente no necesitan la transferencia de emergencia. Son las mismas voces que han afirmado por años que las políticas sociales técnicas y basadas en evidencia son únicamente aquellas en donde no existen filtraciones y se focaliza de forma estricta a la población pobre extrema. Este discurso, lejos de ser inocuo, ha servido como justificación para mantener un sistema de protección social limitado, excluyendo a gran parte de la población en situación de vulnerabilidad.
Estos argumentos asociados a establecer el grupo merecedor de la ayuda estatal son recurrentes y se pueden observar cada vez que se discute la entrega de transferencias en programas sociales, como Pensión 65 y Juntos. En los primeros años de creación de estos programas también se encontraban críticas[1] de líderes políticos que relacionaban las filtraciones con delitos de corrupción, gasto innecesario, e incluso clientelismo por parte del gobierno de turno.
Además de los actores políticos, los principales medios nacionales impulsaron una campaña que hablaba de “millones de infiltrados”[2] en los programas sociales. Nuevamente, los cuestionamientos a las filtraciones ponían en duda los recursos utilizados en la política social. Entre ellos, un editorial del Diario Gestión[3] sostenía que el hecho de que se ampliara la cobertura no justificaba el costo de las filtraciones y que la expansión de los programas sociales haría que los beneficiarios dependieran para siempre de la asistencia del Ministerio.
Poco se discuten las ventajas y limitaciones de dirigir la política social hacia la pobreza crónica en la mayoría de intervenciones de la política social. Es necesario superar nociones de focalización restringidas y el discurso que asocia las filtraciones de beneficiarios a delitos y/o administración irresponsable del gasto social.
¿Qué consecuencias ha tenido este discurso para la política social? La campaña mediática en oposición al aumento de la cobertura de los programas sociales contribuyó a debilitar los ya limitados incentivos para demandar la expansión de los programas[4]. Así, a pesar de que existían grupos excluidos de la protección social (trabajadores informales, pobres urbanos, migrantes, entre otros), esto no despertó fuertes motivaciones para politizar el tema a favor de estos grupos y, más bien, inhibió los intentos de reforma de la burocracia. Aun cuando las y los funcionarios reportaron que varias de las filtraciones correspondían a hogares cerca de la línea de pobreza y en condición de vulnerabilidad, la idea de que las filtraciones constituían delitos de función pública sancionables se instauró en la burocracia del MIDIS y no se cuestionó el mantra de restringir la focalización hacia los pobres extremos en los principales programas de lucha contra la pobreza. Ello incluso cuando para el año 2018 Perú gastaba solo 1,39% del PBI en asistencia social, una cifra por debajo del promedio de América Latina[5].
Asimismo, no solo se trata de la cobertura, sino también del interés por registrar a la población y conocer el nivel de carencia de cada ciudadano/a. Contar con programas sociales que atienden a amplios sectores de la población vulnerable es útil para los gobiernos en términos prácticos. En pandemia, los registros sociales detallados a nivel nacional han permitido tener al alcance información actualizada sobre la localización de los hogares potencialmente vulnerables. Este ha sido el caso de países como Brasil y Chile que contaban con el 50% y 75% de la población previamente incluida en el registro social[6]. Mientras que, en el Perú, con limitada información al inicio de la crisis, el sistema tuvo serias demoras en la entrega de los bonos de emergencia, con un atraso de hasta 5 meses desde abril hasta agosto del 2020.
En suma, este discurso ha obstaculizado la ampliación de la política social y el rediseño de los instrumentos de focalización, lo que ha resultado en un costo social bastante alto. Incluso cuando la evidencia internacional resalta la superioridad de sistemas más universales[7], gran parte de la tecnocracia peruana parece reticente a considerar cambios. Poco se discuten las ventajas y limitaciones de dirigir la política social hacia la pobreza crónica en la mayoría de intervenciones de la política social. Es necesario superar nociones de focalización restringidas y el discurso que asocia las filtraciones de beneficiarios a delitos y/o administración irresponsable del gasto social.
A diez años de la creación del MIDIS, debemos reenfocar el debate hacia la creación de programas más universales, no condicionados, que funcionen como un piso de protección en medio de emergencias o shocks externos. Además, el MIDIS ha colocado en la agenda pública la importancia de una comprensión multidimensional de la pobreza con la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030. Según el Banco Mundial, a diferencia de los pobres crónicos, es probable que los nuevos pobres post pandemia vivan en zonas urbanas, tengan un nivel educativo más alto y trabajen más en los sectores de servicios informales y manufacturas, y menos en la agricultura[8]. En este contexto, la innovación social será imprescindible para acortar las brechas de grupos afectados por la pandemia y anteriormente excluidos, así como para hacer frente no solamente la pobreza vinculada con la carencia de dinero sino también a aquella asociada con la falta de elementos del bienestar.
(*) Politóloga. Miembro del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos en IDEHPUCP.
