La militarización y las atrocidades cometidas en la lucha contra grupos criminales en México

Escribe: José Antonio Guevara Bermúdez (*)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ha criticado a sus antecesores[1] por haber iniciado en 2006 y mantenido el empleo de la fuerza armada para desarticular o descabezar a las organizaciones criminales. Ha dicho que fue una irresponsable política de guerra que ha ocasionado la fragmentación de los grupos y el aumento generalizado de la violencia.[2]

Sin embargo, desde la creación de la Guardia Nacional en 2019,[3] nombró a un general en funciones como su titular y engrosó sus filas con militares.[4] Actualmente, más de 300 mil soldados y marinos desempeñan tareas de seguridad pública,[5] en contra de lo previsto en la Constitución para los tiempos de paz. Desde la declaración de guerra del presidente Calderón las tropas actúan como ejército en campaña y se han enfrentado con “agresores civiles”, según un cálculo conservador, en 7,135 ocasiones.^[6]

Después de visitar México, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha concluido que las cifras de muertes violentas son impactantes, propias de un país en guerra.^[7] En los enfrentamientos referidos han muerto al menos 5,662 “presuntos delincuentes”, “personas ajenas a los hechos” y “agresores”.^[8] Por otro lado, registros oficiales hablan de más 370 mil homicidios violentos desde 2006,[9] la mayoría cometidos con armas de fuego.[10] Más de 98,000 personas se encuentran desaparecidas[11] y cientos de miles han sido obligadas a desplazarse internamente.[12] Servidores públicos e integrantes de la delincuencia organizada, además, han cometido masivas y/o sistemáticas ejecuciones extrajudiciales,[13] desapariciones forzadas[14] y torturas,[15] mientras que las autoridades han sido renuentes para sancionar a los responsables.

México lleva un poco más de 15 años experimentando una situación de violencia extrema, calificada por especialistas como conflicto armado de carácter no internacional,[16] cuyos efectos se han desbordado a otros países de la región. Las autoridades de México han renunciado a sus obligaciones de proteger a la población civil y de evitar que sigan cometiéndose atrocidades.

Por ello la comunidad internacional tiene la responsabilidad de desplegar esfuerzos urgentes. Entre las acciones a considerar se encuentra la remisión de la situación o crisis de violencia, de seguridad, de violaciones a derechos humanos y de impunidad,^[17] a la Corte Penal Internacional; así como el diseño y puesta en marcha de un plan, programa u operación el restablecimiento de la paz, que comprenda una política nacional de seguridad para desarticular y desarmas las organizaciones criminales basada en la justicia; la creación y fortalecimiento de policías civiles; el regreso de los militares a sus funciones constitucionales; la depuración de las fuerzas de seguridad e inteligencia de quienes estuvieron involucrados en las atrocidades cometidas; así como una política sobre drogas que no esté centrada en lo punitivo, sino basada en la salud y el desarrollo.

(*) Codirector y fundador del Centro de Investigación de Crímenes Atroces, A.C.