Por Antonino De Leo (*)
La trata de personas constituye un fenómeno delictivo complejo y una de las más graves violaciones de los derechos humanos. Cada día, cientos de personas son explotadas por redes de crimen organizado transnacional en todo el mundo. La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) es custodia de la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, cuyo primer protocolo busca prevenir, reprimir y sancionar este delito.
Por lo mismo, la UNODC tiene como mandato cooperar con los Estados y la sociedad civil en la lucha contra la trata que afecta, principalmente, a mujeres y niñas. Este apoyo se traduce en el diseño e implementación de estrategias integrales basadas en evidencia y orientadas, sobre todo, al fortalecimiento de la respuesta de la justicia penal y de las autoridades en general a través de herramientas y mecanismos de cooperación.
En Perú – según cifras del Ministerio Público – durante el 2021 y lo que va del 2022, las fiscalías especializadas en trata de personas han atendido a nivel nacional un total de 3 525 víctimas, de las cuales el 43% son extranjeras, evidenciando una mayor incidencia en víctimas de nacionalidad venezolana, ecuatoriana y colombiana. En el caso de Tumbes, zona de frontera con Ecuador, se han atendido 524 víctimas, de las cuales el 94% son víctimas extranjeras.
En este contexto, considerando el impacto que generó la pandemia por COVID-19, las diversas crisis humanitarias y la migración masiva de personas – aunado al cierre de fronteras – los tratantes y las redes de crimen organizado transnacional han aprovechado la situación de vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes refugiados y migrantes para el sometimiento a las nuevas dinámicas del delito y sus formas de explotación.
Conscientes de esto, los poderes judiciales de Perú y Ecuador suscriben la “Declaración de Tumbes 2022”, documento que compromete al Poder Judicial de Perú y al Consejo de la Judicatura de Ecuador a tres acciones concretas: fortalecer la cooperación entre ambas instituciones; continuar con la implementación del Protocolo de Colaboración para la investigación y judicialización de delitos de trata; y adoptar medidas que permitan un abordaje diferenciado de los casos. Además, 15 instituciones públicas y agencias del sistema de las Naciones Unidas de Perú y Ecuador suscribieron un acta de compromiso para la lucha contra la trata de personas y sus formas de explotación.
¿Una suma de buenas intenciones? No. El trabajo desarrollado, que se remonta a 2017, ha recibido desde hace dos años el apoyo técnico y logístico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través de su Iniciativa Track4Tip. La labor binacional no se detuvo durante la pandemia. Las reuniones técnicas y el fortalecimiento de capacidades buscaron la forma de continuar a través de medios virtuales y telemáticos.
Este apoyo técnico, en trabajo mancomunado con los puntos focales de Perú y Ecuador, arribó a buen puerto con la elaboración de mecanismos e instrumentos binacionales como la conformación de un Equipo de Respuesta Binacional (ERI) para casos de trata de personas; un instrumento para su regulación, como lo es la Guía de Actuación del Equipo Binacional de Respuesta Inmediata y las Rutas Binacionales para la protección y atención inmediata a víctimas de trata. Ambos documentos fueron trabajados por fases durante este año y aplicados a casos referidos al ERI en los últimos meses con resultados exitosos.
Según los reportes de este grupo técnico, el ERI ha intervenido en cuatro casos. Su aplicación permitió rescatar a las víctimas de diferentes nacionalidades en tiempo récord, gracias a que el ERI se activa las 24 horas del día y los 365 días del año.
Este equipo está conformado por instituciones públicas de las dos naciones vecinas y tiene como objetivo coordinar y establecer acciones conjuntas para la protección y atención especializada frente a casos de trata de personas y otras formas de explotación con el objetivo de garantizar el efectivo acceso a la justicia de las víctimas y la persecución del delito.
En su funcionamiento están involucradas todas las instituciones y organismos con competencia en atención y protección, así como entidades responsables de la investigación y judicialización del delito.
El Ministerio del Interior del Perú es el responsable de la coordinación del ERI, ente rector en materia de trata y tráfico de personas.
En el caso de Ecuador, la responsabilidad se comparte entre el Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Ministerio del Interior.
Esta respuesta, centrada en las víctimas, fue destacada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes y coordinador de Puntos Focales en Perú, José Luis Troya Acha. “La pandemia ha profundizado las condiciones de vulnerabilidad de las personas, sobre todo las que se encuentran en movilidad. Esta respuesta fortalecida está pensada en todas las víctimas, sin importar su nacionalidad”, dijo durante la firma de la Declaración.
La pandemia nos ha dejado grandes lecciones: si bien la trata de personas no es un delito nuevo, las redes de criminalidad organizada evolucionaron rápidamente y obtuvieron mayores réditos gracias al confinamiento y las múltiples vulnerabilidades que sufrió la población, especialmente la proveniente de flujos migratorios.
La trata se nutre de relaciones desiguales de poder. Por ello, garantizar el acceso a la justicia es un esfuerzo que podemos llevar a cabo para alcanzar la agenda 2030.
(*) Representante de la UNODC para Perú y Ecuador
