Escribe: Génesis Vargas Canales (*)
En el escenario global marcado por la pandemia millones de personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran desprotegidas y enfrentan serias limitaciones para acatar las medidas de contención decretadas por los gobiernos. Quienes son parte de estos grupos y cuentan con más de una condición de vulnerabilidad, como lo pueden ser el género, la calidad migratoria, la condición de refugiado/a, la edad, la nacionalidad/ciudadanía (o carencia de esta), entre otras, también corren más riesgo de verse excluidos/as de las respuestas que articulan los gobiernos.
Probablemente uno de los grupos en situación de vulnerabilidad más propenso a ser olvidado, al adoptar medidas de protección, es el de las personas apátridas. Son apátridas quienes no son considerados/as nacionales de ningún Estado conforme a su legislación (en sentido normativo y práctico). Aunque la apatridia no es muy común en la región, a nivel mundial se estima que existen 15 millones de personas apátridas[1].
Ser apátrida implica un alto nivel de vulnerabilidad. En palabras de Matthew J. Gibney, carecer de nacionalidad o el estatus de ciudadanía de un Estado es una receta para la exclusión, la precariedad y el despojo[2]. Si tomamos en cuenta que la apatridia no solo es una violación directa del derecho a la nacionalidad, sino que también constituye una violación indirecta de otros derechos en tanto la nacionalidad funciona como un derecho que permite el ejercicio de otros derechos, entonces podemos empezar a dimensionar la magnitud del problema.
Comúnmente, las personas apátridas pueden ver vulnerados sus derechos a la identidad, a la documentación, a la personalidad jurídica, educación, salud, trabajo, a la propiedad, libertad de circulación, entre muchos otros. Las personas apátridas y sus descendientes se encuentran muchas veces atrapadas en un círculo vicioso de marginalización que impide el efectivo ejercicio de sus derechos humanos, trunca su desarrollo y proyecto de vida. Adicionalmente, la mayoría no ha sido identificada por los Estados en los que se encuentran, pese a que su identificación es un paso clave para el respeto y garantía de sus derechos[3].
«Es probable que muchas personas apátridas hayan visto desaparecer sus fuentes de ingresos y que no tengan posibilidad de recuperar sus puestos que trabajo en un futuro cercano. Por esto, es vital que se les brinde acceso a las ayudas económicas que los gobiernos otorgan.»
Este último factor, en el contexto de la pandemia, supone para estas personas un riesgo exacerbado de exclusión en el acceso a servicios de salud o de no ser consideradas beneficiarias de los bonos o ayudas económicas que muchos Estados prevén para población en condición de pobreza o que ha visto afectados sus medios de vida por la imposición de aislamiento social. Lamentablemente, la carencia de información estadística sobre personas apátridas a nivel mundial se traduce también en falta de información sobre cómo les está afectando la COVID-19. Esto tiene también efectos negativos sobre las acciones de incidencia para la defensa de sus derechos a nivel local e internacional[4].
Si bien la situación que enfrentan las personas apátridas merece atención en sí misma por la afectación a su dignidad que carecer de una nacionalidad supone, en el contexto de la pandemia esta vulnerabilidad se traduce, además, en un riesgo para la salud pública. En ese sentido, demanda mayores esfuerzos para la implementación de medidas de protección que respondan a sus necesidades diferenciadas.
En atención a ello, hace algunos días la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cual tiene bajo su mandato la prevención y reducción de la apatridia en el mundo, y la protección de las personas apátridas, publicó un documento sobre el impacto de la COVID-19 en poblaciones de apátridas. En este recoge una serie de recomendaciones y buenas prácticas para su atención[5].
Se ha identificado varios riesgos.[6] Primero, se puede presentar un acceso limitado a pruebas y tratamiento para la COVID-19, ya que usualmente las personas apátridas no cuentan con un estatus de residencia legal en los países en los que se encuentran. Esto impide el acceso a servicios de salud no solo por no encontrarse entre la población beneficiaria, sino también por temor de estas personas a ser identificadas y expulsadas del país en que residen. Frente a estos casos, se recomienda retirar las barreras para el acceso a los servicios de salud públicos.
Por otro lado, muchas personas apátridas viven en lugares de difícil acceso para medios de comunicación, o carecen de los recursos para costear el acceso a estos. Esto representa un riesgo, pues es por esos medios que los gobiernos difunden las medidas de mitigación que se adoptan. Se requieren esfuerzos para que las estrategias de comunicación de las medidas tomen en cuenta estos factores.
La suspensión de la expedición de documentos de identidad en diversos países disminuye las posibilidades de grupos en situación de vulnerabilidad de demostrar su nacionalidad o reestablecerla. No contar con la posibilidad de registro, en ese sentido, podría generar riesgo de apatridia para estos. Para prevenir que suceda, se recomienda clasificar los servicios de registro civil como esenciales, de forma que continúen funcionando incluso de forma remota.
«Se debe garantizar que las disposiciones implementadas en este contexto no contribuyan a propiciar comportamientos xenofóbicos o discriminatorios hacia estos grupos, y se deben prever políticas para combatirlos.»
Además, se proyecta que el impacto socioeconómico de la crisis en las personas apátridas podría ser severo[7]. Como ya se mencionó, las personas apátridas suelen vivir marginalizadas, por lo que los trabajos a los que tienen acceso son del sector informal. Ya que la continuidad de estas actividades se ha visto afectada por medidas de aislamiento o distanciamiento social decretadas en diversos países a nivel mundial, es probable que muchas personas apátridas hayan visto desaparecer sus fuentes de ingresos y que no tengan posibilidad de recuperar sus puestos que trabajo en un futuro cercano. Por esto, es vital que se les brinde acceso a las ayudas económicas que los gobiernos otorgan.
Finalmente, se ha llamado la atención sobre la posibilidad de que las medidas adoptadas para enfrentar la expansión de la COVID-19 y el miedo generalizado que experimentan las sociedades en este contexto pueden incrementar las actitudes de xenofobia y la discriminación contra poblaciones que se percibe que están más expuestas a contraer el virus, como los/as apátridas. Se debe garantizar que las disposiciones implementadas en este contexto no contribuyan a propiciar comportamientos xenofóbicos o discriminatorios hacia estos grupos, y se deben prever políticas para combatirlos.
Es importante tomar consciencia de que ninguna medida de contención para frenar la expansión de la COVID-19 tendrá el efecto deseado si no se incluye a cada una de las personas bajo jurisdicción de los Estados[8]. Así, está en manos de las autoridades el generar un viraje en la manera como se aborda la pandemia y asegurar que la respuesta articulada sea efectiva para toda la población.
(*) Asistente de Investigación, integrante del Área Académica.
