El IOP (Instituto de Opinión Pública) de la PUCP, publicó recientemente los resultados parciales de una encuesta sobre «Creencias y actitudes hacia la migración en el Perú». Cabe señalar que estos datos provienen del módulo sobre migración de la Encuesta Mundial de Valores Perú 2018. En la primera parte de este estudio, titulada «Actitudes de los peruanos y peruanas frente a la inmigración en el Perú», se puede resaltar que a nivel nacional, casi el 80% de peruanos y peruanas piensa que la inmigración aumenta el desempleo, también que genera conflictos sociales y ocupa puestos de trabajo. Por otra parte, un 70% opina que la inmigración aumenta la tasa de criminalidad. En contraste a ello, menos del 50% cree que la inmigración fortalece la diversidad cultural.
A propósito de ello, Cécile Blouin, investigadora del Idehpucp, escribió el análisis que leerá a continuación para el Boletín número 156 del IOP, el cual también contiene una segunda parte del estudio denominada «Opiniones sobre el rol del Estado frente a la inmigración».
La encuesta del IOP sobre actitudes frente a la inmigración constituye un instrumento interesante de análisis del barómetro de las opiniones en cuanto a un fenómeno novedoso para el Perú y sobre el cual contamos (todavía) con poca información.
El primer aspecto particularmente llamativo de la encuesta es la opinión en cuanto a las políticas de control migratorio. El 14.1% de los/as encuestados/as cree que el Estado peruano debe prohibir la entrada a personas de otros países mientras que un 55.7% piensa que debe aplicarse límites estrictos en el número de extranjeros que pueden ingresar al país. Ello responde, en primer lugar, a un contexto caracterizado por un sentimiento de “invasión” cuando en realidad el Perú sigue siendo uno de los países con menos inmigración de la Región. En segundo lugar, la ecuación de a mayor control y menos facilidades de ingreso menos migración sigue perdurando en el imaginario colectivo, aunque los estudios demuestren que la migración es originada por una serie de causas estructurales que superan los meros objetivos de una política migratoria centrada en el control migratorio. En tercer lugar, estas opiniones responden a otra preocupación vinculada a lo laboral: casi el 80% de los/as encuestados/as consideran que la inmigración aumenta el desempleo y que ocupa puestos de trabajo. Las inquietudes frente a un posible desplazamiento de los trabajadores nacionales por trabajadores extranjeros deben ser analizadas a la luz de las características de un mercado laboral altamente desigualdad, informal y precario. Adicionalmente, es necesario resaltar que las condiciones en los cuales se insertan las personas migrantes suelen ser con niveles más alto de precariedad, abusos e informalidad que en el caso de los trabajadores nacionales.
Los efectos de la inmigración sobre la criminalidad constituye el segundo aspecto especialmente relevante de la encuesta. El 70% de los/as encuestados/as opina que la inmigración aumenta la tasa de criminalidad. Esta percepción responde a una retórica del supuesto vínculo entre nacionalidad y comisión de delitos, alimentado por los medios de comunicación y, por las políticas de control migratorio. Primero, puede observarse como la nacionalidad o la condición migratoria se visibilizan de sobremanera en medios cuando, por ejemplo, ocurre un asalto en el país. Ello traduce una estrategia de criminalización de las personas migrantes que serían “por naturaleza” más propensas a la comisión de delitos. Ello se ve reforzado por políticas de control migratorio que buscan “protegerse” de posibles delincuentes mediante el endurecimiento de las políticas de ingreso y residencia creando en la sociedad una sensación de miedo e inseguridad por la llegada de personas no nacionales vistas como “indeseables”.
Estas opiniones, lejos de constituir un discurso peculiar acerca de la inmigración y sus efectos, comparten características con otros países de la Región y traducen, al fin y al cabo, el discurso de “responsabilización o culpabilización”[1] de las personas migrantes sobre los problemas nacionales en una sociedad dada tales como el empleo, la informalidad, la inseguridad, la desigualdad y falta de acceso a derechos básicos. Urge entonces trabajar para la deconstrucción de los discursos xenófobos y discriminatorios acerca de la inmigración.
*Cécile Blouin es investigadora sénior del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesora de la Maestría en Derechos Humanos de la misma casa de estudios. Especialista en movilidad humana, en especial en derechos humanos y migración, trata de personas y trabajo forzoso, y migración forzada.
[1] Ceriani Cernadas, pablo y Finkelstein, Laura 2013El miedo a la igualdad: prejuicios y argumentos sobre el derecho a la salud de las personas migrantes En Clérico, laura, Ronconmi, Liliana y Martín Aldao, Tratado de Derecho a la Salud Buenos Aires: Abeledo Perrot.
