Escribe Iris Jave (*)
El gobierno del presidente Pedro Castillo viene retrasado: primero fue la demora de su proclamación debido a las impugnaciones y la acusación de un supuesto fraude hecha por Fuerza Popular; ahora se trata del retraso en la designación de las y los funcionarios que asumirán nuevas responsabilidades ante la renuncia de varios de ellos. En el primer caso, evitar el retraso no dependía del presidente ni de su equipo sino de los organismos electorales; en el segundo caso, la responsabilidad recae totalmente en las decisiones del gobierno actual. Esto es urgente para garantizar la gestión y por lo tanto la gobernabilidad del país, es decir, que las acciones de gobierno cuenten con legitimidad. Para ello, los gobiernos acuden al respaldo de diversos actores políticos y sociales, tanto los que ejercen una representación formal (autoridades electas), así como como los liderazgos sociales y regionales, que mantienen una representación social y un reconocimiento en las organizaciones y/o coaliciones a las cuales representan. Tan importante como obtener la investidura en el Congreso de la República es garantizar las respuestas a las demandas ciudadanas.
Hoy esas demandas se plantean desde una mayor conciencia de derechos y de acceso a la ciudadanía como hemos visto durante los últimos años: ello se ha expresado en una mayor participación social desde diversas acciones y estrategias. Así, el gobierno actual tiene una urgencia fundamental en torno a la agenda de los derechos humanos, particularmente las demandas pendientes de las familiares y víctimas del conflicto armado interno, que vienen interviniendo desde su propia agencia para concretar políticas públicas en reparaciones. Ante graves afectaciones, los Estados asumen la obligación de brindar reparaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos en contextos de violencia como el ocurrido en nuestro país entre 1980-2000. El término reparaciones se puede entender como el diseño de programas de cobertura masiva para ofrecer beneficios directamente a las víctimas (De Greiff, 2011). Los programas de reparaciones son dispositivos de políticas públicas; en nuestro país el Plan Integral de Reparaciones[1] (PIR), reconoce el derecho de las víctimas civiles, policiales y militares y brinda respuestas legales y modalidades de atención para reparaciones colectivas, económicas, de educación, salud, de vivienda, de restitución de derechos ciudadanos y simbólicas.
En el Perú, se han registrado diversos avances sobre todo en reparaciones económicas y colectivas. Según la CMAN[2], en el 2019 se dio reparaciones económicas a 85.975 personas, entre ellas familiares de personas asesinadas, familiares víctimas de desaparición forzada, víctimas con discapacidad y víctimas de violación sexual; en reparaciones colectivas se logró atender al 58,2% del universo de comunidades inscritas en el RUV, mediante financiamiento, acompañamiento técnico y seguimiento para la ejecución de proyectos productivos o de infraestructura[3]. Sin embargo, la implementación de la política de reparaciones no puede ser analizada sólo bajo indicadores económicos, más aún si hablamos de víctimas que llevan esperando más de 30 años. Hace falta dialogar acerca de cómo se entiende la reparación hoy desde las propias víctimas, entendida como un reconocimiento de parte del Estado a la afectación sufrida, pero sobre todo a su condición de ciudadanas.
«Resulta fundamental vincular las reparaciones a una política nacional de memoria que visible la complejidad de atender un problema público marcado por narrativas de negacionismo y de terruqueo que no solo dividen más a la sociedad peruana, sino que producen una doble estigmatización en las víctimas de la violencia».
En ese sentido, resulta fundamental prestar atención a los procesos simbólicos y de conmemoración que vienen desarrollando en el país a través de diversas iniciativas sociales emprendidas por las propias organizaciones de familiares y víctimas, así como también por gobiernos locales y subnacionales. Lugares de memoria, placas recordatorias y acciones de conmemoración vienen acompañando los procesos de demanda de las organizaciones en diversas regiones; algunos de ellos, vinculados con otras demandas como la búsqueda de personas desaparecidas. Estos procesos condensan una serie de significados en torno a la historia, las demandas, y sobre todo la identidad de las familiares y sus organizaciones, que encuentran en la memoria un acompañamiento social y emocional. Aunque la experiencia puede parecer muy particular, se trata de un problema público, que afecta a toda la sociedad peruana, nacional y regional. Y aunque desde el estado se han registrado una serie de esfuerzos para atender las reparaciones, estas pueden verse opacadas si es que no se cuenta con una política pública que atienda esas demandas de forma integral y que permita colocar a las familiares y víctimas en el centro de su atención.
Por ello resulta fundamental vincular las reparaciones a una política nacional de memoria que visible la complejidad de atender un problema público marcado por narrativas de negacionismo y de terruqueo que no solo dividen más a la sociedad peruana, sino que producen una doble estigmatización en las víctimas de la violencia, quienes, como hace 30 años, nuevamente son discriminadas debido a su procedencia o a sus demandas. El nuevo gobierno debe recuperar los avances en reparaciones de los últimos años y extender su alcance, avanzado hacia una política pública integral que permita una articulación entre todos los sectores de gobierno de manera que las familiares y víctimas efectivamente sean reconocidas en su condición de ciudadanas.
(*) Investigadora en IDEHPUCP.
