Escrito por Alexander Benites Alvarado (*)
En estas últimas semanas, hemos visto a la democracia peruana tambalearse. La aparición de un conjunto de audios, que suscitaron rumores sobre el accionar del presidente de la República, generaron un -nuevo- periodo de conflicto entre los poderes del Estado que pudo haber culminado con su vacancia del cargo. Sin embargo, dicho acontecimiento también puso en evidencia la ausencia de ciertos elementos necesarios para el sostenimiento y funcionamiento adecuado de nuestro régimen democrático.
Los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en una reciente publicación, hacen referencia a dos reglas no escritas del juego político que funcionan como los guardarraíles de la democracia; es decir, vallas de contención que impidan que esta se vuelva una arena conflicto en la que todo vale. En primer lugar, un sistema democrático requiere de tolerancia mutua. A pesar de las diferencias en ideas y opiniones, los actores políticos se aceptan entre ellos como adversarios válidos y consideran que tienen el mismo derecho a existir y competir por el poder. Puede haber desacuerdos altamente polarizantes entre ellos, pero en ningún momento eso se vuelve motivo para dudar de su legitimidad como adversarios. En un segundo nivel, una democracia debe tener contención institucional. En tanto los actores se perciben como adversarios válidos, la contención institucional implica que los políticos no utilizan sus prerrogativas constitucionales llevadas al extremo. Por consiguiente, evitan utilizar instrumentos que, aunque legalmente permitidos, socavan el espíritu democrático en la práctica.[1]
Frente a la ausencia de ambos elementos, la democracia se encuentra en riesgo. Cuando no existe la tolerancia mutua, los actores políticos buscan derrotar a sus contrincantes sin preocuparse por la continuidad del juego democrático. En ese mismo sentido, al considerarse como enemigos y no como adversarios legítimos, hay una mayor propensión a ensanchar los marcos permitidos por el orden constitucional, o incluso bordear los límites de la ilegalidad si es que eso abre la posibilidad de vencer al otro de manera permanente. Y de todo ello se dieron algunas muestras en estos últimos días.
«Los actores del juego político nacional no solo carecen de tolerancia, sino que también se descalifican como autoridades legítimas de forma constante»
En relación con lo primero, los actores del juego político nacional no solo carecen de tolerancia, sino que también se descalifican como autoridades legítimas de forma constante. Sobre ello, basta prestar atención a la manera en la que algunos congresistas se refieren al presidente cuando olvidan apagar sus micrófonos en las sesiones virtuales del Congreso.[2] De forma similar, es recurrente observarlos tomar la bandera de la lucha contra la corrupción para señalarse entre sí como corruptos. En el debate alrededor de la vacancia, por ejemplo, se oyen acusaciones relacionadas a la compra de votos de congresistas y su negociación a cambio de puestos públicos.[3] Así, el debate se ausenta en la institución parlamentaria, convirtiéndose en un fuero de ataques personales entre los actores políticos.
Lo anterior, además, viene acompañado de la falta de contención institucional. Y su mejor ejemplo es la vacancia por incapacidad moral. Aunque contemplado en el orden constitucional, ya ha sido reconocido que este mecanismo deja un amplio margen de acción, en tanto no existe consenso sobre su contenido y tampoco sobre los criterios objetivos de su aplicación.[4] A pesar de ello, un grupo de bancadas reunió las firmas necesarias, presentó la moción de vacancia, y el pleno la discutió, votó y admitió con celeridad. Y todo ello estuvo basado en un conjunto de audios que no fueron incorporados según los procedimientos adecuados, se encontraban en fase de investigación y tampoco cumplían los mínimos requerimientos para configurarse como una causal de vacancia por incapacidad moral.[5] Aunque la iniciativa no prosperó, puso en evidencia cómo este tipo de mecanismos pueden ser llevados al extremo, incluso sin la debida motivación. En suma, una democracia sin guardarraíles.
Estos episodios de tensión al interior del sistema ocurren mientras el país enfrenta uno de los mayores retos de su historia republicana, acontecimiento que tampoco ha servido para fomentar la tolerancia mutua y la contención institucional. Los indicadores muestran que el Perú se posiciona como el país con la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta de los 20 más afectados por el virus.[6] Si bien se muestran algunas señales de mejora, el Ministerio de Salud registra a la fecha más de 780 mil casos positivos y más de 31,000 personas fallecidas producto de la enfermedad,[7] aunque se estima que el número real bordea los 65 mil,[8] valor similar a la cantidad de víctimas fatales durante el conflicto armado interno.[9]
Pero en medio de un panorama poco alentador, es importante rescatar que la democracia en el Perú se mantiene. Es una democracia con problemas serios: como fue señalado, carece de elementos que permitan su funcionamiento y estabilidad, a lo que se suman la ausencia de apoyo hacia las instituciones políticas, la debilidad del Estado y la fragilidad de las organizaciones partidarias, entre otras deficiencias. Sin embargo, su mantenimiento sigue siendo un hecho importante, más aún si se toma en cuenta las graves consecuencias que tienen los retrocesos democráticos en la construcción de instituciones y en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas.
