Hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha instituida por las Naciones Unidas en el año 1994. Según la ONU la población portadora del estatus de indígenas (unos 476 millones de personas) constituye el 5 por ciento de la población mundial y se cuenta entre la más desfavorecida y vulnerable del planeta. Esa vulnerabilidad, como se sabe, se va agudizando en los últimos decenios por los trastornos medioambientales y los desastres naturales que estos acarrean.
La agenda relativa a los derechos indígenas en el Perú se encuentra notoriamente relegada, y esa situación se ha agravado en los últimos tiempos. En esta fecha es obligatorio llamar la atención sobre ello. Por señalar solamente algunos puntos graves, y sobre los que el Estado peruano debería tomar acción prontamente, cabe señalar lo siguiente:
Se sigue incrementando la violencia contra defensores de derechos de pueblos indígenas ante una relativa pasividad del Estado. No se llega a fortalecer el sistema o marco de protección de derechos humanos, a pesar de que se ha aprobado el Protocolo y el Mecanismo de Protección de Defensores en Derechos Humanos. Además de poner en acción las medidas derivadas de esos instrumentos, urge mejorar la coordinación con las organizaciones representativas de pueblos indígenas, y abordar la persecución de las actividades ilegales que se desarrollan en la Amazonía.
Tampoco se ha adoptado medidas para fortalecer la política de titulación de comunidades y de territorios integrales, lo cual es fundamental no solo como cumplimiento de un derecho en sí mismo, sino también como requisito para la protección de otros derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esto demanda una coordinación real entre el gobierno central y los gobiernos regionales correspondientes, además de enfrentar con decisión las redes de corrupción que obstaculizan la titulación.
De otro lado, junto con el deterioro general del aparato administrativo y de gestión del Estado se ha ido perdiendo el débil impulso que había logrado adquirir el enfoque intercultural no solamente en la educación sino, en general, en las diversas funciones estatales. Esta es una falencia persistente del Estado, que volvió a hacerse patente durante la emergencia producida por la pandemia de Covid-19.
Finalmente, en este apretado recuento de urgencias se debe mencionar la necesaria aprobación del Acuerdo de Escazú, que debería ser un instrumento central para la protección de derechos indígenas, y que hoy en día se encuentra detenida en el Congreso. (Y cabe mencionar al respecto que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores es también un detractor de ese acuerdo, por lo que resulta importante tener una declaración actualizada de la posición del Poder Ejecutivo al respecto).
En suma, la agenda de derechos de pueblos indígenas, que nunca llegó a avanzar satisfactoriamente, se ha visto afectada seriamente por el acentuado declive de la política democrática en el país. En una fecha como esta es pertinente recordar a las autoridades sus responsabilidades al respecto.
