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Editorial 29 de marzo de 2022

La segunda moción de vacancia presentada en el Congreso contra el presidente Castillo ha sido desechada. Cincuenta y cinco congresistas votaron a favor de la moción, un número casi idéntico al de congresistas que se pronunciaron en contra.

Se ha escrito abundantemente sobre la figura de la vacancia tal como está consignada en la Constitución y sobre los problemas que se derivan de la indeterminación de esa figura. Se ha señalado, también, que desde hace unos años los grupos presentes en el Congreso tienden a invocar esa figura de una manera arbitraria, simplemente como una herramienta más de la refriega política.

En la manera como se ha tramitado este último caso, y al margen de toda opinión sobre la vacancia en sí misma, se hace manifiesto que las autoridades electas renuncian a desempeñar sus cargos con seriedad. Y eso es una mala noticia para la democracia peruana y, más concretamente, para millones de peruanas y peruanos que necesitan respuesta del sistema político a las carencias y problemas que enfrentan diariamente.

«La pugna entre el gobierno y el congreso, que bloquea continuamente la gobernabilidad, no parece versar sobre ningún asunto de interés público.»

Se trata, en efecto, de una situación en la cual ni el gobierno ofrece respuestas serias a los cuestionamientos que se le puede hacer –desde nombramientos sin sustento para cargos esenciales hasta graves indicios de corrupción–, ni el Congreso parece interesado en desempeñar un verdadero trabajo de fiscalización y control, y menos aún de legislación en materias de relevancia y urgencia pública. El tratamiento dado a las interpelaciones a ministros con escasas calificaciones para asumir esa responsabilidad es otra señal de eso.

En resumen, nos encontramos ante una perturbadora situación. Mientras el país enfrenta problemas y afronta retos acuciantes como el retorno a las escuelas, la necesaria reactivación económica, el remedio a los incrementos de precios de bienes básicos y, por cierto, la continua amenaza de la pandemia de Covid-19, el gobierno y el ejecutivo parecen desertar de sus funciones para concentrarse, únicamente, en la promoción de pequeños intereses de grupo. La pugna entre el gobierno y el congreso, que bloquea continuamente la gobernabilidad, no parece versar sobre ningún asunto de interés público. A la luz de este revelador incidente ni siquiera parece una pugna real, sino únicamente un despliegue de amenazas sin sustento y, sobre todo, sin mayor conexión con las necesidades y los derechos de la ciudadanía como el acceso a la salud y a la educación, entre muchos otros.

Así, los grupos políticos a cargo de dos de las principales instituciones que sustentan la democracia abandonan sus responsabilidades, ignoran las demandas de quienes los eligieron, y renuncian a su tarea de hacer política para sostener la gobernabilidad y atender los derechos de la población.