Fuente: Agencia EFE.
La situación surgida en la frontera sur y que afecta a un número grande de migrantes, principalmente de nacionalidad venezolana, debe ser respondida por el gobierno con pleno respeto de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano sobre la materia.
Lo primero que cabe señalar es que de ninguna manera se puede optar por una respuesta militar. Suena duro decirlo, pero la cruenta ejecutoria del gobierno en el uso de la fuerza durante el ciclo de protestas justifica la alarma ante cualquier anuncio de despliegue de la fuerza armada para hacer frente a la situación. Esta es demasiado seria, por lo demás, como para que sea aprovechada para hacer un gesto populista para el consumo interno. Hoy que algunos gobernantes declaran su simpatía por medidas draconianas contra la delincuencia al margen de toda consideración de derechos humanos, como las que se implementan en El Salvador, es doblemente necesario insistir en eso: una democracia tiene el deber de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero eso no se puede hacer por medios autoritarios y con desdén por la vida y la integridad física.
Señalado eso, cabe insistir en la obligación de poner en efecto rápidas políticas humanitarias que mitiguen las penurias de la población migrante hoy suspendida entre el territorio chileno y el peruano y que faciliten de manera ordenada su tránsito hacia sus lugares de destino. Se ha hablado ya de un corredor humanitario, de la generación de espacios de alojamiento temporal seguros y dignos, y de la adopción de criterios migratorios que permitan resolver pronto la situación. Todo ello es indispensable y reclama como primer requisito una cooperación eficiente entre los Estados peruano y chileno. No cabe aquí un torneo de inculpación mutua, y muchos menos cuando eso se hace con criterios de cálculo político. Solamente una actitud de corresponsabilidad y colaboración permitirá diseñar una respuesta eficiente y que cumpla con los estándares internacionales sobre el trato a la población migrante. No se debe excluir de esta ecuación, por lo demás, al propio Estado venezolano y su deber de facilitar la repatriación de sus ciudadanos que tengan ese objetivo.
En resumen, hay que enfatizar que el Estado peruano, como los otros Estados, tiene compromisos internacionales que honrar respecto del tratamiento de la situación migratoria, y que estos, así como toda norma relativa a la protección de los derechos humanos, debe presidir cualquier política que se adopte al respecto.
