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Editorial 28 de marzo de 2023

Fuente: Revista 100 días.

La declaración de estados de emergencia ha sido una práctica recurrente de los sucesivos gobiernos peruanos durante el siglo XXI. Hoy el empleo de estados de emergencia se nos presenta con tintes especialmente oscuros ante la cantidad de muertes que se han producido por la respuesta estatal a las protestas iniciadas en diciembre pasado. Pero esta dramática realidad no debe hacer olvidar, sino más bien debe hacer resaltar, que significativas porciones de la ciudadanía han vivido bajo regímenes de excepción en estas dos décadas, con diversas consecuencias. En cierta medida la restauración completa, plena, del Estado de Derecho y del disfrute de todas las garantías constitucionales ha sido una realidad negada para buena parte del país a pesar de la terminación del conflicto armado interno.

Todo ello nos debe llevar a preguntarnos sobre la naturaleza de la democracia que se creyó recuperar en el año 2000. Ello es lo que se propone el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP con el ciclo de conversatorios que se inicia esta semana. El primero de ellos, coorganizado con la Maestría de Derechos Humanos de la PUCP, lleva como título La declaratoria de estados de emergencia en el Perú y propone una exploración de este tema desde diversos ángulos de interrogación.

Uno de ellos, de importancia central, es, ciertamente, el del marco jurídico vigente en tales situaciones y los estándares internacionales sobre uso de la fuerza del Estado en tales situaciones. Hay que resaltar que, desde una perspectiva de respeto y garantía del derecho a la protesta, la declaratoria de estados de emergencia no deber ser una respuesta automática del Estado. Este debe siempre agotar todos los medios de que dispone para resguardar el orden público sin suspender las garantías de los derechos de la ciudadanía. El uso expeditivo de los estados de emergencia en el país, en conexión con las situaciones de protesta social que han caracterizado el periodo 2000-2023, ya es un motivo para preguntarse sobre la cultura y las convicciones democráticas de los sucesivos gobernantes.

Por ello la pregunta más amplia, motivada además por las violaciones de derechos humanas cometidas en esos contextos, por la recurrente descalificación de quienes protestan y por la habitual falta de respuesta de la justicia ante los abusos, se refiere a cómo caracterizar a la democracia a la luz de esas prácticas. ¿Qué democracia hemos construido en estos años? Esa pregunta, como es obvio, se ha vuelto más desafiante en los últimos meses, y no puede ser ignorada.