En el marco de la actual crisis política y de legitimidad de las autoridades del Poder Ejecutivo, se ha tomado conocimiento, por declaraciones públicas de la propia ministra de Justicia y Derechos Humanos, de su actuación manifiestamente ilícita respecto del estatuto de autonomía funcional que reconoce el decreto legislativo 1326 al Procurador General de la República y a su consejo directivo.
La ministra Delia Muñoz ha dicho que solicitó llamar al Procurador General para discutir el manejo procesal de la audiencia que se llevará a cabo el miércoles 18 de noviembre sobre la demanda competencial planteada por el Procurador Público Especializado en Asuntos Constitucionales contra el Congreso de la República con la finalidad de determinar la causal de vacancia por incapacidad moral permanente.
Al respecto, se debe precisar que el Procurador General de la República y los procuradores públicos, incluidos los especializados, no son abogados defensores de los gobiernos que ocupan periódicamente el Poder Ejecutivo, sino del Estado como institución, conforme lo establece el artículo 4 del mencionado decreto legislativo 1326, “Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado”. De esta manera, un principio fundamental que rige la actuación de todos los procuradores del Estado es su autonomía funcional, la cual les otorga la potestad de organizar y ejercer sus funciones libres de influencias e injerencias (artículo 6.2 del referido Decreto Legislativo). En particular, el Procurador General de la República cuenta con autonomía funcional, técnica, económica y administrativa para el ejercicio de sus funciones (Artículo 9 del referido Decreto Legislativo).
Igualmente, el Procurador General del Estado ha declarado que la referida ministra de Justicia y Derechos Humanos, en la primera reunión sostenida con ella, le ha solicitado su renuncia al cargo, con la pretensión de colocar en dicha función a una persona subordinada a los intereses del gobierno del señor Merino. Esta pretensión pone en grave riesgo la estrategia de la Procuraduría Pública Especializada en Asuntos Constitucionales diseñada en el marco de la autonomía funcional que la caracteriza.
Se debe señalar que estas interferencias ilícitas ponen también en serio peligro los esfuerzos institucionales emprendidos por las procuradurías públicas para fortalecer el combate a la corrupción y el lavado de activos en nuestro país. En especial, resulta sumamente preocupante que las labores de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato o de la Procuraduría Anticorrupción puedan ser resquebrajadas por interferencias en su autonomía funcional desde el Ministerio de Justicia. Ello representaría un duro golpe al sistema anticorrupción y un beneficio para imputados que actualmente vienen siendo investigados o procesados por graves delitos de corrupción de funcionarios.
Ante los peligros señalados, expresamos nuestro respaldo al Procurador General del Estado en la defensa de su autonomía y en la defensa de la autonomía de todas las procuradurías públicas, en especial de las Procuradurías Ad Hoc para el caso Lava Jato y la Procuraduría Anticorrupción. La interferencia efectuada por la ministra constituye una infracción legal sumamente grave que amerita su inmediata salida del cargo.
