Las víctimas civiles del denominado “Baguazo” han solicitado una reconsideración sobre la exclusión de la exministra Mercedes Cabanillas en uno de estos procesos, que comprende a altos mandos policiales. Este pedido deberá ser resuelto por el juzgado penal de Bagua Grande. En una entrevista, la dirigente aprista reconoció como único error de su despacho la ausencia de mayor información de inteligencia para la realización del operativo de desalojo de la zona conocida como “Curva del Diablo”.
En el caso de los nativos procesados, se han solicitado penas entre 35 años de prisión y cadena perpetua para nueve dirigentes. El Ministerio Público ha pedido que otras 43 personas cumplan penas entre 6 y 8 años de prisión. La defensa de los procesados alude que ninguno de ellos disparó un arma el día de los hechos.
