En el marco del 169° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 05 de octubre pasado se llevó a cabo la audiencia sobre personas migrantes y refugiadas venezolanas en la región, la cual contó con la participación de las organizaciones de sociedad civil que integran el Grupo de Trabajo sobre Movilidad Humana Venezolana.
Al igual que en el anterior periodo de sesiones, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), Universidad del Pacífico, Universidad Antonio Ruiz de Montoya y Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad participaron en la elaboración del informe regional presentado ante la CIDH para ahondar en las problemáticas identificadas sobre la ola migratoria venezolana.
De acuerdo al último reporte de la Organización Mundial de Migraciones (OIM), 2.6 millones de personas venezolanas han decidido emigrar de Venezuela debido a la crisis política, económica y social que se mantiene en el país. De esa cifra, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 346,584 personas habrían solicitado asilo entre 2014 y 2018.
Aunque mediante la Resolución 2/18, la CIDH se puso de manifiesto la necesidad de generar una respuesta regional e internacional basada en la responsabilidad compartida y el respeto y garantía de los derechos humanos de los y las migrantes y refugiados venezolanos, a la fecha se carece de políticas a nivel regional que permitan abordar de forma integral las situaciones generadas y las necesidades de esta población en los países de tránsito y acogida.
Si bien son diversos los problemas y riesgos que las organizaciones de sociedad civil presentaron durante la audiencia pública, se manifestó especial preocupación por la tendencia general entre países de la región a exigir documentos como el pasaporte para permitir el ingreso regular de migrantes venezolanos, a pesar de tener conocimiento de la dificultad que enfrenta la población en general en Venezuela para acceder a ese documento por la excesiva duración del trámite y su alto precio.
Asimismo, aunque países como Colombia y Perú han implementado permisos especiales para la permanencia de los migrantes venezolanos en su territorio, el Grupo de Trabajo resaltó que dichas medidas solo serían reaccionarias frente a la situación, por lo que únicamente buscarían la contención de los flujos migratorios, más no la integración de los y las migrantes. Incluso al contar con dichos permisos, se reportan vulneraciones a derechos como el acceso a servicios públicos de salud, al trabajo, educación, entre otros.
Respecto a los procesos seguidos para el reconocimiento de la calidad de refugiado a los solicitantes de asilo venezolanos, se reportó que las cifras de aceptación de las solicitudes son bastantes bajas en la región, a lo que se sumaría el impedimento de asistencia legal en el trámite, la falta de acceso a la información de los procesos seguidos, y la falta de capacitación en el tema de los servidores públicos encargados.
Una de las preocupaciones principales del Grupo de Trabajo fue el alto riesgo de apatridía de niños y niñas venezolanos en Colombia debido a la regulación del Permiso Especial de Permanencia, que impediría a quienes contaran con este el otorgar a sus hijos o hijas nacidos en territorio colombiano dicha nacionalidad.
Por otro lado, resulta alarmante el aumento de los casos de menores que viajan no acompañados, lo cual los hace más vulnerables a redes de trata, o al tráfico ilícito de migrantes. Otro grupo que merece una especial atención es el de las personas adultas mayores, las cuales presentan dificultades en el acceso a sus pensiones, a servicios de salud, además del repunte de suicidios entre esta población en Venezuela por las precarias condiciones de vida a las que se enfrentan.
El Grupo de Trabajo finalizó su presentación manifestando su inquietud por la falta de información sobre las violaciones de derechos humanos producidas en las rutas migratorias, principalmente en lo referente a casos de trata de personas, violaciones sexuales, o las muertes producidas y sus causas.
En atención a las problemáticas presentadas ante la CIDH, el Grupo de Trabajo solicitó que se adoptaran las siguientes medidas: i) Exigir a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) el reconocer, garantizar y proteger los derechos de los migrantes venezolanos; ii) que se elabore un informe especial para analizar cómo los Estados han adoptado las recomendaciones formuladas por la CIDH en la Resolución 2/18; iii) que la CIDH convoque a mesas de trabajo para hacer seguimiento sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela; y iv) que la CIDH adelante el tratamiento de casos paradigmáticos.
Aunque el Grupo de Trabajo declaró encontrarse trabajando en un Plan de Acción Regional desde las organizaciones de sociedad civil, resulta claro que este ha de ser complementado con la participación activa de los Estados de la región a fin de efectivizar el cumplimiento de las obligaciones generales de derechos humanos respecto a los y las migrantes y refugiados venezolanos.
* Escribe: Génesis Vargas, asistente de investigación del área Académica y de Investigaciones del Idehpucp.
