Escribe: Mattia Comoglio (*)
Los conflictos sociales vinculados con proyectos empresariales de explotación de recursos naturales son recurrentes y producen continuas violaciones de derechos humanos. Entre estas, resulta preocupante la violencia que se ejerce contra personas que actúan como defensoras ambientales. Para las empresas extractivas involucradas en estos conflicto estos implican afectación a sus ingresos y a su imagen pública. Frente a ello, en diversas partes del mundo, incluido el Perú, las empresas desarrollan estrategias de prevención, mitigación e incluso represión de cualquier forma de oposición o cuestionamiento a sus actividades. Como parte de eso se ha llegado a acuñar el concepto de “contrainsurgencia corporativa”[1]. Es una noción problemática, y todavía lo es más en el Perú donde, como se sabe, se ha difundido la práctica de acusar de terrorista a toda forma de protesta social.
David Kilcullen[2] define la contrainsurgencia como “una competición con el insurgente para el derecho y la capacidad de ganar los corazones, las mentes y la aquiescencia de la población” es decir “persuadir a las personas de que tu éxito cumple con sus mejores intereses, que tú los puedes proteger y que resistirse es inutil” La contrainsurgencia se puede entonces dividir en dos tipos de intervención: una suave y una dura. La primera destaca por su énfasis en la manipulación comunicativa, la provisión de recursos y la implementación de proyectos de desarrollo social y económico de arriba hacia abajo (top-down) con el objetivo de reforzar su propia legitimidad. Las prácticas de contrainsurgencia dura incluyen amenazas, insultos y formas explícitas de violencia física y psicológica como formas de intimidación, represión y retaliación.
Respecto de este uso de términos derivados del lenguaje militar y la comparación con estrategias de guerra cabe recordar que desde hace años se observa a nivel global -y en diversos ámbitos- una convergencia entre lo civil y lo militar. Así, ya no es tan raro que tácticas, estrategias o incluso personal y recursos militares se consideren más eficaces y eficientes, y por esto sean adaptados a contextos y usos civiles, o sean empleados por actores privados para perseguir sus propios intereses.
Al resaltar sus actividades de inversión, las empresas presentan a las personas defensoras como opuestas al desarrollo, radicales y egoístas. De esa manera procuran debilitar su entorno y hacer que los habitantes de la zona se desentiendan de la causa.
En Perú, las personas defensoras de los derechos ambientales se enfrentan con una preocupante variedad de dichas prácticas, estratégicamente combinadas e implementadas involucrando diferentes actores. Por un lado, varios incidentes violentos que sufren las personas defensoras, como asesinatos, agresiones o amenazas, están de alguna manera conectados a empresas extractivas, ya sea por medio de su personal de seguridad o de sus trabajadores, o ya sea porque se trata de actos de represalia o intimidación en ocasión de denuncias de daños ambientales o de reacciones de las comunidades ante incumplimiento de algún acuerdo, ampliación de proyectos existentes o inicio de nuevas actividades. Por otro lado, los proyectos de inversión y de compensación dirigidos a las comunidades locales, aunque muy pequeños en comparación con los enormes ingresos generados por la actividad extractiva, pueden mejorar la imagen de la empresa frente a la comunidad local, al mismo tiempo que provocan desigualdad interna y fracturas en el tejido socioeconómico de las comunidades.
Al resaltar sus actividades de inversión, las empresas presentan a las personas defensoras como opuestas al desarrollo, radicales y egoístas. De esa manera procuran debilitar su entorno y hacer que los habitantes de la zona se desentiendan de la causa. A esto se añade que por negligencia, ignorancia o mala fe, las autoridades no dan reconocimiento a las personas defensoras, lo cual daña la percepción de la legitimidad de sus reivindicaciones. Un triste ejemplo de esto fueron las palabras de diversos miembros del Congreso, quienes al votar contra la ratificación del Acuerdo de Escazù, calificaron a los defensores de “mercenarios de organizaciones no gubernamentales, potencias extranjeras y grupos radicales que utilizarían el Acuerdo para entorpecer el desarrollo y crear caos e inestabilidad”[3].
Las empresas extractivas en el país aprovechan que el ordenamiento político y administrativo tiene capacidades limitadas y es vulnerable a conflictos de intereses y corrupción. La criminalización de las personas defensoras ambientales, por ejemplo, es una práctica difusa y alimentada por las mismas empresas a través de la presión que ejercen en algunos órganos judiciales, o mediante las decenas de cargos que presentan contra defensores, con agotadores costes económicos, emocionales y de tiempo para ellos.[4]
Recurrir a estrategias contrainsurgentes significa no aspirar a solucionar un conflicto, sino a ganarlo y nada más. No queda espacio para la escucha, la cooperación, el diálogo o para soluciones mutuamente beneficiosas, solo queda un actor intentando imponer sus intereses y su visión. En los medios de comunicación, en la academia y en el desarrollo de las políticas del Estado, siempre se da mucha atención a las protestas, a los movimientos sociales, a los hechos de violencia durante las manifestaciones y a las consecuencias de ellos. Tal vez, observar el concepto de contrainsurgencia corporativa puede echar alguna luz sobre el origen y la solución de algunos conflictos sociales.
El Estado tiene un papel fundamental de mediador de conflictos y garantizador de los derechos, por lo cual necesita legitimidad y confianza. Si quiere desempeñar este papel de manera efectiva, debe evaluar las estrategias, las acciones y los objetivos de todos los actores involucrados en conflictos sociales. Esto significa también reconocer los desafíos que la contrainsurgencia corporativa genera para el establecimiento de procesos de diálogo capaces de lograr resultados mutuamente beneficiosos y satisfactorios.
(*) Magíster sobre Conflictos, Seguridad y Desarrollo Universidad de Sussex (Reino Unido) Colaborador de la línea de pueblos indígenas.
