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Notas informativas 5 de diciembre de 2012

El daño causado por esa corrupción fue  muy profundo y no se puede decir que haya sido superado todavía. Desde luego, al hablar de él,  hay que referirse a su dimensión material, esto es, a los millones de soles apropiados ilegalmente, a los contratos tramposos y a las obras públicas mal ejecutadas para garantizar beneficios ilegítimos a unos cuantos. Todo ello se puede cuantificar.  Pero  no sólo se trata de dinero.  El representa educación escolar, atención de salud, servicios de alimentación básica que los niños y niñas peruanos no recibieron.

Hay más, a esas pérdidas materiales se añade un perjuicio mayor y aún  muy perceptible. La delincuencia fiscal puso en acto una extensa y profunda corrupción moral en el país, una distorsión radical de lo público y una expansión del cinismo en nuestra vida política en una escala nunca antes conocida. El fujimorismo no inventó la corrupción,  pero hizo de ella una manera normal de obrar y le brindó un discurso, el del pragmatismo frío y desinhibido, destinado a justificarla, legitimarla e incluso exaltarla.

Estamos ya en el tercer periodo gubernamental desde la caída del gobierno de los años 90 y no se puede decir que hayamos zanjado esencialmente con la pedagogía perversa de la corrupción. Después de un vigoroso comienzo de la lucha anticorrupción durante el gobierno de transición y el de Alejandro Toledo, el gobierno siguiente hizo lo que pudo por desmontar la institucionalidad dirigida a perseguir esos crímenes. Hoy, aunque no se tiene una política especialmente vigorosa, se cuenta, sí, con los importantes esfuerzos de la Procuraduría anticorrupción. Lo que esta hace por cobrar los dineros adeudados al fisco por quienes han sido sentenciados por esos delitos puede parecer  algo  simbólico, pero posee una particular importancia: el país necesita señales de que la defraudación al fisco, bajo cualquier modalidad, debe condenarse.

Naturalmente, es mucho más lo que se necesita para desandar la ruta del cinismo público instaurada en los años 90. Pero imponer el imperio de la ley en este dominio es, por lo pronto, una tarea imprescindible por cumplir.