Vía videoconferencia, Ariel Dulitzky, Director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas y miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, brindó diversos ejemplos de lo que deberían ser las mejores prácticas en torno a esta materia, bajo una premisa: «Debemos reflexionar sobre las mejores estrategias para buscar a nuestros desaparecidos». Indicó que se vivía un momento de esperanza en nuestro país por la nueva Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y, al final de la conferencia, remarcó el compromiso del Grupo de Trabajo con los esfuerzos que se vienen haciendo en Perú sobre el tema.
En opinión de Dulitzky, se requiere un cambio de actitud política de las más altas autoridades para garantizar los derechos a la verdad y a la justicia. «Se debe tener una voluntad política seria, consistente, integral y colaborativa». La búsqueda, a su criterio, es un deber del Estado que no puede realizarse completamente sin la participación de los familiares de las víctimas.
Dentro de las dificultades existentes, está la necesidad de contar con estadísticas confiables para definir los planes de búsqueda, así como el hecho que el paso del tiempo y las deficiencias de las investigaciones hacen aún más dificil la tarea. En particular, el experto argentino refirió que no estamos ante un tema que merezca excusas por parte del Estado: «No es una cuestión del pasado, continúa hasta que la suerte de la persona desaparecida se sepa. Es necesario abrir las fosas para cerrar las heridas».
Asimismo, Dulitzky refirió que se debe tener en cuenta los contextos nacionales para un adecuado proceso de búsqueda, así como tener en cuenta que, por diversas circunstancias, es probable que muchos restos no se recuperen. También es necesario contar con un personal altamente capacitado, cruces entre bases de datos distintas y prioridad a diversas zonas de búsqueda.
Sin embargo, más allá de los detalles técnicos, indicó que el esfuerzo central debía tener un centro: «La perspectiva debe concentrarse en las víctimas, con funcionarios públicos sensibles. Cada víctima es una persona que vive su situación de manera particular y que pueden tener perspectivas diferentes sobre sus casos. Se debe reconocer y valorar sus derechos e incluso es posible disentir, en ocasiones, de sus posiciones y estrategias. Pero la participación de las víctimas es crucial en este proceso y el acompañamiento ayuda a tener resultados concretos». En particular, puso como ejemplo lo que ocurre en su país, donde el Estado tiene políticas públicas con miras a la búsqueda, mientras que la sociedad civil mantiene sensibilizado al país sobre este tema.
Para Dulitzky la estrategia de judicialización tiene objetivos distintos a la de la búsqueda humanitaria, pero deben ser paralelas y no subordinadas. También resulta necesario que los funcionarios encargados de esta labor sean capacitados, para evitar malas identificaciones. Finalmente, resaltó que esta política pública debe desarrollarse tomando en cuenta una perspectiva de género.
En sus comentarios, Elizabeth Salmón, directora del IDEHPUCP, resaltó la necesidad de colaboración con este esfuerzo por parte de la academia. En esa línea explicó la importancia del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas como instancia que busca ser un puente entre las necesidades de las víctimas y el Estado. También se refirió a la ausencia de una perspectiva de género en la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuestión que debería ser corregida por el grupo de trabajo a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. «Resulta necesario tener en cuenta las afectaciones diversas contra las mujeres». Remarcó que muchas mujeres, antes de ser desaparecidas, fueron víctimas de violencia sexual y que, en los casos en los que los desaparecidos eran sus padres, hijos o esposos, ellas quedaban como cabezas del hogar.
Por último, Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal, resaltó que el principal reto para el Estado peruano no es solo mostrar la voluntad política para atender la búsqueda de los desaparecidos durante el periodo de violencia, sino que el tema se institucionalice más allá de una gestión y se vuelva una causa nacional. También señaló como un problema grave el hecho que ninguna de las sentencias condenatorias en el Poder Judicial ordena la búsqueda de personas desaparecidas y que solo en dos casos – Castillo Páez y La Cantuta – el Ministerio Público está realizando indagaciones al respecto. Otros temas complicados son la falta de sistematización de la información presentada a la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la debilidad de las organizaciones de víctimas. E indicó que este debe ser un proceso a atenderse con prontitud y celeridad.
(13.10.2016)
