Escribe: Bruce Barnaby (*)
La polarización en la campaña presidencial tiene como uno de sus principales ejes el alto nivel de desconfianza que existe sobre la sostenibilidad y aporte social de las actividades empresariales. Esto ocurre porque se desconfía de los mecanismos y entidades encargadas de su regulación, y/o porque se desconfía del marco normativo y de los propios actores empresariales.
En los discursos de esta campaña electoral, por un lado, el candidato Pedro Castillo viene defendiendo la “nacionalización” de las actividades empresariales; es decir, priorizar la industria nacional antes que la internacional. Su premisa es que las empresas multinacionales “se llevan una gran parte de la riqueza”. Por otro, la candidata Keiko Fujimori mantiene un discurso de promoción de la inversión privada bajo las condiciones actuales, con énfasis en la etapa de reactivación económica, incluyendo un programa de bonos a las personas que se encuentren en lugares donde se recibe el canon minero.
Es importante reconocer el rol, positivo o negativo, que cumple la inversión privada en nuestra sociedad, y el impacto que tiene sobre la economía y el desarrollo. Dicho rol trasciende los bienes que la empresa produce o los impuestos que dicha empresa paga, sino que, además, se traduce en el fortalecimiento de las instituciones públicas con las que se relaciona, la confianza que genera en sus clientes, el control de su cadena de producción, la garantía de los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras, y la relación que construye con las personas que se encuentran bajo su zona de influencia.
«No se trata solamente de cambiar una empresa internacional por una empresa nacional, o plantear un mecanismo de distribución de utilidades […] Se trata de fomentar que dichas actividades dialoguen con las necesidades e intereses de la población, y de su medio ambiente».
De esa manera, no se trata solamente de cambiar una empresa internacional por una empresa nacional, o plantear un mecanismo de distribución de utilidades que no considere factores tales como la sostenibilidad de esos ingresos, la capacidad de gasto real de la población o sus necesidades actuales. Se trata de fomentar que dichas actividades dialoguen con las necesidades e intereses de la población, y de su medio ambiente. Así, se debe fortalecer la relación entre los actores a través de la adopción de reglas claras que fomenten la implementación de la “debida diligencia empresarial”.
Como establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE[1], su “implementación (…) ayuda a las empresas a evitar y abordar los impactos negativos que podrían asociarse con sus actividades, cadenas de suministro y otras relaciones comerciales, con respecto a los trabajadores, los derechos humanos, el medio ambiente, el cohecho, los consumidores y el gobierno corporativo.”
Por ello, se proponen las siguientes ideas que el próximo gobierno debe tener en cuenta para abordar esta problemática:
- Regular la debida diligencia empresarial como principio básico para las empresas y el Estado
Este concepto viene siendo promovido por diversas entidades internacionales ligadas tanto al ámbito empresarial, como al ámbito de los derechos humanos. En algunos sectores, las propias empresas están comenzando un proceso de implementación, que incluye espacios de capacitación y fortalecimiento de las reglas de contratación con terceros. Sin embargo, este proceso aún está ausente en muchos sectores importantes, tales como la agricultura; y en aquellos donde se viene implementando, aún cuenta con distintos retos como fortalecer los mecanismos de participación y transparencia en los procesos de evaluación, o de transparentar los mecanismos de diálogo que influye en las decisiones de los actores públicos.
Por ello se debe adoptar un marco normativo que incentive la adopción de estos estándares, fomentando una mejor relación entre el Estado, las empresas y la sociedad civil, pero que al mismo tiempo prevea sanciones claras para aquellos actores que lo incumplan.
- Aprobación y seguimiento del PNA
La construcción y aprobación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos – PNA, viene siendo un proceso amplio organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este ha incluido la participación de entidades públicas, de sociedad civil y empresariales, así como el acompañamiento de diversas entidades internacionales. El Plan tiene como objetivo consolidar y promover políticas públicas dirigidas a fortalecer la debida diligencia en la actividad empresarial. Sobre todo, de aquellas obligaciones dirigidas al Estado frente a dicha actividad. Por ello, considerando la importancia del tema, y el proceso que se ha venido organizando, el siguiente gobierno debe tener como prioridad asegurar su aprobación e implementación, fortaleciendo los mecanismos participativos de seguimiento al Plan y fomentando la transparencia de la información.
- Incorporación de estándares básicos en Reactiva y cualquier intento de reactivación
La reactivación económica es fundamental en los tiempos de crisis. Distintas entidades internacionales han indicado la necesidad de incluir, dentro de los requisitos que se establezcan en dichos planes de reactivación, que las empresas garanticen el respeto de los derechos humanos y de la debida diligencia empresarial antes de acceder a los créditos que se otorguen para ello[2]. De esta manera, el crecimiento que se busca en esta crisis debe ser respetuoso de los derechos humanos, y afectar de manera positiva a la mayor cantidad de personas dentro de la sociedad.
- Fortalecer mecanismos de reparación para personas que se han visto afectadas por las actividades empresariales
Las sanciones a las empresas que incumplen con las actuales normas en materia ambiental, social o de lucha contra la corrupción, generan multas que son pagadas frente al Estado, pero que no siempre se traducen en mecanismos de reparación y remediación para la población que se ve afectada por dichos incumplimientos. En ese sentido, se debe fortalecer los mecanismos estatales y no estatales de recojo de denuncias, y generar procesos de reparación que garanticen los derechos de la población.
- Estrategia multiactor para abordar el problema de la informalidad, y sus efectos sobre el ejercicio de los derechos básicos de la población
El Estudio Multidimensional de la OCDE sobre Perú[3], estableció que la informalidad es uno de los principales problemas para el crecimiento económico, pero, además, es una de las principales barreras para el ejercicio de muchos derechos, en particular de aquellos como el derecho a la salud, a la educación, trabajo digno, pensión, entre otros. En ese sentido, a través de la debida diligencia se pueden generar incentivos para la formalización, en tanto el respeto de los derechos humanos de todos los involucrados en su actividad se convierta en un requisito para hacer negocios con todas las empresas formales.
Esperemos que el debate que se genere en esta segunda vuelta permita plantear propuestas de solución que aborden las necesidades actuales, y que favorezcan un verdadero desarrollo sostenible de la ciudadanía.
(*) Coordinador del Área Académica
