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2 de noviembre de 2021

Escribe: Alexander Benites (*)

Parece compartida la percepción de que los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo han sido de autosabotaje e inadecuado manejo político. Entre declaraciones curiosas en redes sociales y el nombramiento, cuanto menos cuestionable, de varios personajes en diferentes ministerios, el presidente Castillo y el ahora expresidente del consejo de ministros, Guido Bellido, llevaron al país hacia el abismo de la polarización. Hoy, luego de dos meses de tensión, el país recobra cierta calma con el nombramiento de Mirtha Vásquez como premier. Se espera que este cambio favorezca el diálogo y el trabajo conjunto entre los poderes del Estado. Sin embargo, de manera paralela, el Congreso de la República ha emprendido un conjunto de iniciativas que no contribuyen al fortalecimiento de nuestra débil democracia y que también vale la pena revisar.

En primer lugar, se encuentra la aprobación por insistencia de la ley sobre cuestión de confianza observada por el Ejecutivo. La norma fue aprobada en el pleno el día martes 19 de octubre, lo cual significó la primera aprobación por insistencia del periodo congresal, y convirtió al actual Congreso en el segundo más veloz en activar este mecanismo, solo a 83 días luego de su instalación. Con 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, se introdujeron modificaciones a la aplicación de la cuestión de confianza, restringiendo su activación a situaciones en las que se encuentre involucrada la concreción de la política general de gobierno, y excluyéndola para casos relativos a la aprobación de reformas constitucionales o procedimientos del Congreso de la República u otros organismos constitucionales autónomos.

La rápida activación del mecanismo de aprobación por insistencia ya es, en sí mismo, una muestra de la áspera relación que existe entre los poderes del Estado. Sin embargo, el hecho de mayor gravedad es que se ha limitado una potestad constitucional del Ejecutivo, sin haber aplicado alguna regulación equivalente respecto de la figura de la censura ministerial. Es decir, hay un desbalance entre los mecanismos de control político asignados a cada poder del Estado. En un escenario con actores que en su gran mayoría no han mostrado una pizca de contención institucional al momento de hacer uso de sus prerrogativas constitucionales, esto puede ser muy nocivo para la estabilidad política del país.

Es bueno no perder de vista los golpes institucionales que recibe nuestro sistema político. De manera solapada, estas iniciativas dejan precedentes muy problemáticos para la estabilidad del ya inestable régimen democrático peruano.

En un segundo nivel, se encuentran las iniciativas legislativas contra la reforma política impulsadas por diferentes bancadas en el Congreso. Desde hace ya varias semanas, se observa la intención de Acción Popular, Perú Libre y Fuerza Popular de reducir las exigencias, sanciones y requisitos para mantener su inscripción como organizaciones políticas, debilitando los positivos avances generados con los cambios normativos entre los años 2019 y 2020, a raíz de las recomendaciones elaboradas por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Pero de manera particular, hay un evidente interés entre los actores políticos, que inclusive genera consensos entre bandos enfrentados, por suspender las elecciones primarias para los comicios regionales y municipales del 2022.[1]

La Ley Nº 30998, publicada en el diario El Peruano, en el año 2019, establece que, en adelante, la selección de candidaturas de las organizaciones partidarias se realiza mediante elecciones primarias simultáneas, con el voto libre y universal de todas y todos los ciudadanos peruanos, sean o no afiliados. Si bien las elecciones internas, en sus diferentes modalidades, se vienen llevando a cabo desde el año 2006, la falta de regulación sobre la temática generó una multiplicidad de escenarios en la selección de candidatos/as de cada partido. En tal contexto, la modificatoria ha sido positiva. Por un lado, otorga mayor transparencia a los procesos de selección de candidaturas y busca construir organizaciones partidarias más competitivas. Mientras que, por otro lado, permite a la ciudadanía tener una injerencia directa sobre quiénes serán finalmente las y los candidatos en los procesos electorales.

No obstante, desde la legislatura, congresistas sostienen que las elecciones internas universales no deben llevarse cabo, con la dudosa argumentación de que se debe evitar aglomeraciones para no elevar los contagios por Covid-19. Esta idea pierde sustento si se toma en cuenta que el último proceso electoral se llevó a cabo con éxito y sin aumentar la cantidad de contagios en ningún sentido, a lo que cabe añadir el ritmo de vacunación que lleva el país. Además, el eventual cambio en estas disposiciones ya es, en sí mismo, un pésimo precedente en lo relacionado al respeto de nuestras reglas de juego democráticas. Finalmente, también representa un retroceso gravísimo respecto de un conjunto de reformas positivas sobre las que ha sido muy difícil avanzar y acerca de las cuales todavía queda un largo camino por recorrer.

En suma, es bueno no perder de vista los golpes institucionales que recibe nuestro sistema político. De manera solapada, estas iniciativas dejan precedentes muy problemáticos para la estabilidad del ya inestable régimen democrático peruano. En consecuencia, se vuelve necesario que la ciudadanía haga un seguimiento y vigile las acciones de representantes que, lamentablemente, no se ven los unos a los otros como actores políticos legítimos, sino como enemigos que deben quedar fuera del juego.


(*) Alexander Benites
Politólogo. Asistente de investigación en el Área de Relaciones Institucionales y Proyectos

[1] El proyecto de ley que suspende las elecciones internas para los próximos comicios fue aprobado el día jueves 28 de octubre. Recuperado de: https://www.europapress.es/internacional/noticia-peru-aprueba-eliminar-primarias-elecciones-regionales-municipales-2022-20211029074953.html