Guimaray también señaló que si bien, de acuerdo con nuestra legislación, las personas que ya cumplieron sus condenas no tendrían ningún impedimento de postular a cargos públicos, debiera pensarse, para casos de delitos contra la administración pública, en incrementar el rango de aplicación de la sanción de inhabilitación, por un periodo que al menos abarque las elecciones inmediatamente posteriores al cumplimiento de su condena.
El coordinador del Proyecto Anticorrupción manifestó que, en aquellos casos donde existan procesos pendientes, si se encuentra que el candidato electo resultó ser culpable del delito por el cual ha sido investigado judicialmente, tendría que renunciar al cargo, cualquiera sea el delito cometido.
Estas observaciones fueron realizadas por el abogado ante las cifras recientemente presentadas por instituciones públicas y de la sociedad civil – como el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio del Interior y la Asociación Civil Transparencia a través de la aplicación Verita -, donde se muestran cuantas personas con sentencia vigente se han presentado a competir en las elecciones regionales y municipales, así como los datos sobre quienes tienen sentencias ya cumplidas.
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