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Notas informativas 1 de octubre de 2015

Apurimac fue una de las regiones más afectadas durante el periodo de violencia que vivió entre 1980 y 2000. Por esta razón, las actividades realizadas se centraron en brindar un marco conceptual sobre las graves violaciones a los derechos humanos a través de la jurisprudencia internacional, así como en rescatar la memoria sobre lo ocurrido durante el conflicto armado interno.

En este evento, al que concurrieron alumnos de las especialidades de Ciencia Política y Derecho y las autoridades de las referidas casas de estudio, se analizaron las distintas fuentes del derecho internacional que configuran el concepto de “graves violaciones a los derechos humanos”, y que han elevado este tipo de delitos a la categoría de crímenes internacionales. Así, se trataron temas como la codificación de normas consuetudinarias, el desarrollo progresivo de normas convencionales a través de tratados, los derechos tutelados por normas de jus cogens y la jurisprudencia de los tribunales internacionales.

Asimismo, se desarrolló el alcance de los aportes del DIDH, explicando su vinculación con el derecho interno y las consecuentes obligaciones estatales en esta materia. En ese sentido, se tuvo especial énfasis en las obligaciones estatales de adecuar el derecho interno y de investigar las graves violaciones a los derechos humanos de manera diligente observando los principios de oficiosidad, oportunidad, participación de las víctimas, exhaustividad, competencia, independencia e imparcialidad. Asimismo, se mencionó la imposibilidad de aplicar la prescripción y las leyes de amnistía para este tipo de delitos, así como la invocación de la obediencia debida.

De igual manera, se debatieron algunos casos contenciosos por los cuales el Estado Peruano ha sido demandado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en lo que refiere a las graves violaciones de derechos humanos, las cuales en su mayoría se dieron en el contexto del conflicto armado. En función de ello, se realizó un análisis de las vías procesales y recursos internos brindados por el Estado, comparándolos en relación a sus obligaciones de brindar una adecuada, efectiva e idónea protección judicial, la cual debe encontrarse revestida de las garantías procesales correspondientes.

Finalmente, se invitó a todos los participantes a hacer una reflexión en relación a la coyuntura social de la época en que se desencadenó el conflicto armado y a esclarecer los avances que se han dado en función de políticas públicas para que tales escenarios no se repitan.