En el episodio 19 de “Amigos con Derechos”, último de la temporada, se analizó cómo las empresas que prestan servicios de seguridad privada pueden violar derechos fundamentales de los ciudadanos si no aplican protocolos adecuados en el uso de las armas, evitando a su vez vulnerar derechos como la privacidad y libertad de movimiento.
En el primer bloque de este episodio se conversó con Fátima Horna, abogada de GRUFIDES, quien comentó la relación de las empresas consideradas dentro de las actividades extractivas y las comunidades donde operan o aledañas. Entre los problemas principales detectó que, las personas y comunidades pueden sufrir situaciones de asimetría de poder frente a las empresas, en especial cuando se realizan éstas actividades en zonas alejadas.
La situación se agrava, subrayó Horna, cuando muchas personas desconocen cuáles son sus derechos fundamentales y qué garantías deben tener cuando se enfrentan al uso excesivo de la fuerza, tanto privada como pública.
La abogada señaló casos donde la seguridad privada viola los derechos de la privacidad e intimidad. Citó el caso de la señora Máxima Acuña quien, considera Horna, se encuentra en constante vigilancia privada por parte de las empresas, “no solamente la controlan con las cámaras de seguridad, sino que el propio personal está pendiente de quiénes llegan o salen, mencionó”.
Finalmente, recalcó que, si bien varias empresas de seguridad vienen trabajando iniciativas en derechos humanos, el problema es que se debe revisar cómo se aplica éstos principios en la formación misma del personal que la integra.
En el segundo bloque, para comprender cómo se fiscaliza una empresa de seguridad, conversamos con Úrsula Santa María, asesora legal de SUCAMEC.
Desde el 2015, indicó Santa María, la SUCAMEC estableció el Decreto Legislativo N°1213 que regula los servicios de seguridad privada. Esto marcó un cambio en la normativa pues en ese DL se establecieron principios, entre ellos, destacó, el del respeto a los derechos humanos y de transparencia.
La abogada enfatizó, que actualmente la SUCAMEC realiza actividades de fiscalización para un aproximado de 1 050 empresas que prestan servicios de seguridad privada.
Las sanciones que esta entidad viene aplicando cuando observa irregularidades son la incautación del arma y multa a la empresa. El desafío, advirtió, es cubrir el sector informal en el país y también incentivar a las empresas formales a que activen los protocolos establecidos en el uso adecuado de las armas.
“El reto es capacitar al personal de seguridad y desarrollar un plan de estudios que contemple temas de derechos humanos. Los hechos que vienen pasando con el personal de seguridad demuestra cómo venimos trabajando los protocolos en el uso de la fuerza”, manifestó.
Pueden ver el programa aquí:
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