Escribe: Egle Boniglia (*)
En el 2011, periodo conocido como la Primavera de Damasco, en Siria se habían producido las primeras protestas contra el gobierno porque la población sufría represión política, brutalidad policial y estancamiento económico desde el golpe militar de Hafez al-Assad en el 1970. Hafez Assad creó una monarquía presidencial que se basaba en el partido único Baath y en el 2000 fue sucedido por su hijo Bashar al-Assad. En el 2012, el país se debatía en una guerra civil que todavía no termina. Los derechos de las personas se encuentran en riesgo permanente, ante la amenaza de todos los actores involucrados en el conflicto: de un lado las fuerzas gobernativas y las fuerzas del orden que intentan reprimir a la oposición y a la sociedad civil y de otro lado los grupos armados de la oposición de los kurdos y DAESH que han tomado el control de diferentes regiones y ciudades a nivel nacional (Güçtürk, 2015).
El gobierno del presidente Bashar al-Assad (2000-2021) se caracterizó por una política totalitaria, represión indiscriminada y graves violaciones a los derechos humanos, como la privación de la libertad, tortura sistemática, la privación de movimiento y de expresión. La dimensión ha sido tan desproporcionada que hasta el día de hoy no se cuenta con cifras certeras sobre las violaciones cometidas, debido a la dificultad de verificar las fuentes de datos del gobierno sirio (Güçtürk, 2015). Uno de los más graves crimines de lesa humanidad, debido a sus consecuencias hasta el día de hoy, es la desaparición forzada de personas por parte de agentes de las fuerzas armadas, de grupos armados no estatales y de otros actores involucrados en el conflicto que persiste hasta la actualidad. (Al-Kahwati & Mannergren Selimovic, 2021).
Según el Tenth Annual Report on Enforced Disappearance in Syria, desde marzo 2011 hasta agosto 2021 las personas que permanecen desaparecidas son al menos 149,862. La mayoría de estas personas fueron detenidas en prisiones y centros de detención por el gobierno sirio y nunca más vistas por sus familiares. Todos los actores de la guerra civil están involucrados en el crimen de desaparición forzada de ciudadanos con el fin de difundir el terror, intimidar a los opositores políticos y mantener a la población en un estado de represión (SNHR, 2021). La mayoría de las víctimas son hombres, opositores al gobierno, periodistas, activistas y defensoras de los derechos humanos y manifestantes (Amnesty International, 2019). La desaparición forzada es una forma de violencia que damnifica a las personas desaparecidas y también a sus familiares, a menudo mujeres, que no pueden parar de preguntarse y buscar el paradero y el destino de sus seres queridos (Al-Kahwati & Mannergren Selimovic, 2021).
Respuestas internacionales
Para dar respuestas a la búsqueda de personas desaparecidas se han creado dos mecanismos a nivel internacional: la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, creada el 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; y el Mecanismo Internacional Imparcial Independiente, establecido el 2016 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Comisión de Investigación tiene como mandato investigar, producir informes y sesiones informativas sobre los crímenes cometidos por todas las partes del conflicto en base a entrevistas y testimonios con víctimas, análisis de informes médicos, fotos y videos de fuentes gubernamentales y no-gubernamentales, entre otros. Pero la Comisión tiene una gran limitación, pues el gobierno sirio no le permite investigar dentro del país. De hecho, los testimonios y las victimas entrevistada por la Comisión son principalmente refugiados sirios en otros países o personas en campamentos de desplazados en países vecinos de Siria (Amster, 2012).
Por otra parte, el Mecanismo Internacional Imparcial Independiente fue creado para ayudar en la búsqueda y en el enjuiciamiento de los responsables de las violaciones de derechos humanos internacionales cometidos desde marzo 2011. No es un tribunal, pero ayuda a cortes internacionales, nacionales y regionales en la recolección de datos, informaciones y pruebas de los graves crímenes cometidos por los grupos armados en Siria. En medio del contexto que vive este país, su labor es un avance importante para las víctimas y su derecho a conocer la verdad, alcanzar la justicia y reparar el daño causado a las familias, pero no tiene el poder de rendición de cuentas a los responsables (Elliot, 2017). El proceso se torna lento y complejo principalmente porque el gobierno sirio sigue incumpliendo sus obligaciones y obstruye la información sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas (Amnesty International, 2019).
Diversas instituciones nacionales e internacionales están alertando sobre la necesidad de crear un mecanismo extraordinario con obligaciones estatales para responder a la crisis de más de 142 mil personas desaparecidas. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló la urgencia de establecer un mecanismo de búsqueda independiente basado en un mandato internacional que se ocupe de buscar a las personas desaparecidas, identificar los restos humanos y de ofrecer apoyo a los familiares, que también son víctimas. (https://player.vimeo.com/video/522316975).
(*) Master en Derecho Europeo Estudio de Posgrado en la Universidad de Amsterdam (Holanda). Colaboradora con la línea Memoria en Idehpucp.
