Lamentablemente, desde que se sustentó esta propuesta, algunos congresistas la rechazaron señalando que esto generaría incluir en las listas a personas sin experiencia política, vida partidaria o desconocimiento de la administración pública. Estos argumentos parecieron concretarse en el veto de la propuesta, cuando fue archivada sin debate durante la sesión de la Comisión en los primeros días de este mes.
Frente a esta situación, debemos recordar que el 17 de junio se cumplieron 54 años desde la primera vez que se ejerció el voto femenino en nuestro país. Los derechos políticos de las mujeres en nuestro país ya tienen una trayectoria. Sin embargo, múltiples factores han afectado la participación y representación política de las mujeres. Dentro de esto, algunos estudios enfatizan factores estructurales (desigualdades socioeconómicas), factores culturales (imaginarios colectivos sobre roles de género) y finalmente, factores político institucionales (sistemas electorales o de partidos políticos).
La propuesta presentada en el Congreso buscaba focalizar la problemática desde la dimensión institucional, en particular desde las reglas electorales. Sin embargo, otras propuestas de modificación sobre la legislación referida al sistema político se vienen agendando en el congreso. Entonces, es necesario mencionar algunos riesgos que afronta un proceso de este tipo y que afecta directamente al tema de la representación política en general. Tal como señala Fernando Tuesta, la representación fraccionada, referida a la relación representante-elector sin filtro partidario, genera que no se logren acuerdos a nivel del congreso, ni siquiera al interior de las bancadas o partidos, lo que se refleja en la elaboración de propuestas a modo individual o en el mejor de los casos, con el respaldo de un grupo de congresistas e instituciones de la sociedad civil. Los problemas se generan al momento de defender la propuesta y generar consensos para su promulgación.
Pero el más grave riesgo puede encontrarse en plantear modificaciones que no permitan evaluar los posibles efectos directos e indirectos de la norma. El reformismo legalista basado en la ilusión de cambiar reglas para solucionar problemas, en este caso la participación y representación de las mujeres, puede traer algunos problemas si no se evalúa y debate una exposición de motivos con hallazgos y modelos comparativos que permitan evidenciar beneficios y costos desde nuestra realidad política. Las mujeres no solo deben, sino que tienen, y así lo demuestran muchos casos de lideresas políticas actuales, las condiciones personales para participar en la arena política. En ese sentido, es deplorable el pensamiento retrogrado y discriminador de algunos políticos que se manifestaron en contra del proyecto presentado. Sin embargo, esta participación no solo se ve afectada por la ubicación de las mujeres en las listas, sino también por un problema general de representación.
Parte de la premisa de promover la participación política de las mujeres se encuentra en la posibilidad de mejorar la representación bajo un enfoque de género. Hacen falta estudios que permitan analizar en que consiste esta representación, más allá de lo descriptivo de las estadísticas. Por ejemplo, cuáles han sido los efectos de aumentar la participación de mujeres en espacios como el congreso, que ha duplicado la presencia de mujeres desde la promulgación de la ley de cuotas; o en espacios como los gobiernos regionales o locales, que si bien aumenta la presencia de mujeres, estas aún se concentran en cargos de consejerías o regidurías. Al respecto, algunos estudios señalan que al usar la cuota para las Elecciones Municipales de 1998, muchos distritos rurales tuvieron por primera vez mujeres regidoras o alcaldesas, lo cual permitió una dinámica política particular. También, se ha mencionado la restricción de participación de mujeres indígenas a pesar de las cuotas, e incluso utilizando recursos como el acoso político y sexual para impedir su ejercicio en cargos públicos.
Es importante seguir elaborando diagnósticos sobre cómo desde las organizaciones políticas, desde las formas cotidianas de hacer política en el país, se puede fortalecer esta participación y representación de las mujeres, que permita finalmente, el respeto de sus derechos. El Proyecto de Alternancia sigue adelante. Así, entre los asuntos a tratarse en la agenda de la legislatura ampliada, que va hasta el 5 de julio, se encuentran las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, dentro de las que se presenta dicho proyecto. Esperemos que el debate en el Pleno permita visibilizar estos aspectos y el desenlace permita abonar en el fomento de los derechos políticos de la mujer en nuestro país.
Escribe: Diego Uchuypoma, investigador del IDEHPUCP
