Si bien el gobierno ha enviado a miembros del Ejército peruano para custodiar la zona y existen reclamos para la instalación de una base militar, existe aún desconfianza de un sector de la población en los agentes del orden. En diciembre de 1984, miembros de las Fuerzas Armadas hicieron construir una piscigranja a miembros de la comunidad, en la que posteriormente los ejecutaron y enterraron. Hace cuatro años se han exhumado los restos de quienes fueron asesinados. El proceso se ventila ante el Poder Judicial.
