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22 de septiembre de 2020

Escribe: Melina A. Galdos Frisancho (*)

La pandemia nos ha mostrado que nuestras trayectorias de desarrollo necesitan ser transformadas desde la raíz. Investigadores, organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil han sugerido medidas como la mejora y expansión de la colaboración científica entre entidades públicas y privadas, la construcción de resiliencia en nuestras ciudades, el incremento y diversificación de mecanismos para lograr justicia social, la reorientación del capitalismo y la institucionalización de principios como el de cuidado para iniciar un proceso comprehensivo de recuperación post Covid-19.

Pese a que estas sugerencias han tomado una relevancia sin precedentes durante el despliegue de la pandemia, todavía se carece de nuevos elementos que impregnen y moldeen las discusiones sobre cómo planificamos y avanzamos en la reconstrucción de nuestras sociedades. Así, a pesar de que dichas medidas han estado en el debate público durante la última década -y ciertamente han catalizado el desarrollo de importantes iniciativas-, no han logrado transformaciones sistémicas de aspectos sociales, económicos o ambientales. En este sentido, continuar operando con recetas de apariencia disruptiva, pero en la práctica poco transformativas, conlleva un riesgo muy importante: la reproducción de las inequidades y falencias de los sistemas que intentamos repensar desde la raíz.

Entonces, ¿cómo planificamos y reconstruimos trayectorias de desarrollo en un contexto en el que las desigualdades, injusticias y fragilidades de nuestras sociedades han sido exacerbadas por la pandemia? Por un lado, es importante tener en cuenta que cualquier intento de reinvención de las trayectorias de desarrollo económico y ecológico está sujeto al fracaso si nuestros sistemas sociales no son repensados antes desde sus objetivos, estructuras y medios. Esta tarea, sin embargo, no es lineal ni unívoca, sino que necesita de inversión de recursos y experimentación hasta encontrar una nueva configuración que se deslinde arreglos obsoletos.

Por otro lado, Hillary Cottam, profesora honoraria del Instituto para la Innovación y el Propósito Público (UCL), sugiere tres elementos en el reporte Welfare 5.0: Why do we need a social revolution and how to make it happen que pueden ayudarnos a pensar nuevas trayectorias de desarrollo para una reconstrucción post-Covid-19. Primero, estas trayectorias deben ofrecer una visión de un futuro más equitativo y justo que brinde respuestas concretas a situaciones de imprevisibilidad y precariedad; es decir, que narren una nueva historia en la que distintos imaginarios sobre prosperidad (sobre todo aquellos previamente excluidos) converjan para construir nuevas formas de relacionamiento, producción, provisión de servicios básicos, aprendizaje, empleo, entre otros. Segundo, estas nuevas trayectorias deben permitir y facilitar transiciones, no solo en el corto plazo, sino posteriores reconfiguraciones que respondan a los retos del periodo –el antropoceno– en el que nos encontramos. Por último, debe ser posible abordar cuestiones de legado en estas trayectorias, las cuales tienen que ver directamente con las divisiones estructurales, espaciales, raciales y socioeconómicas que han impedido un desarrollo más justo y equitativo.

El ejemplo del papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra agenda de desarrollo país es útil para aterrizar estas ideas. Incontables veces -y desde distintos flancos- se ha enfatizado la importancia de la CTI en estos últimos meses. Sin embargo, la CTI es parte del discurso del Estado en materia de desarrollo desde hace más de una década. No solo la Ley marco de Ciencia, Tecnología e Innovación (2006-2011) estipula que las actividades asociadas a la CTI son de necesidad pública y de preferente interés nacional, sino que también la Comisión Consultiva para la Ciencia, Tecnología e Innovación (2012) propuso que esta sea puesta al servicio de la equidad social, y planteó la promoción y facilitación de la inclusión social, y la promoción de la innovación social como líneas de política pública. Asociadas a estas, se plantearon una serie de intervenciones indirectas y directas, tales como el desarrollo de paquetes tecnológicos adecuados para hogares en la sierra rural y el despliegue de tecnologías de comunicación e información para personas con alguna discapacidad.

Estas intervenciones son, en efecto, importantes, pero no son necesariamente disruptivas de las reglas, convenciones y normas que rigen los sistemas que necesitamos transformar. Por el contrario, estas se acoplan al paradigma de ‘la prioridad es crecer económicamente y redistribuir en la medida de lo posible’ sin desafiar las causas estructurales que nos llevaron a tener poblaciones sin acceso a tecnología que haga posible una vida digna y con necesidades básicas satisfechas. Es decir, no reflejan la convergencia de distintos imaginarios que permitan construir una nueva narrativa sobre qué papel juega la innovación tecnológica en el desarrollo, y no necesariamente permiten transiciones y el abordaje de cuestiones raciales, espaciales y socioeconómicas, pues no muestran con claridad cómo la CTI en general, y la innovación tecnológica en particular, se nutren de otros tipos de conocimiento más allá del producido en centros de investigación y universidades en el territorio. En este sentido, una mirada crítica del rol de la innovación debería evidenciar tanto un componente de redistribución como uno de reconocimiento (del otro como un igual) imbuidos tanto en procesos como en productos cuando la meta es procurar un desarrollo inclusivo a través de esta.


(*) PhD(c) Science and Technology Policy Studies
Science Policy Research Unit (SPRU), Universidad de Sussex
M: M.galdos-frisancho@sussex.ac.uk
T: melina_galdos