En una nota editorial, Yván Montoya, asesor del Instituto y quien se desempeñara como primer coordinador del Proyecto, hace un balance de los objetivos cumplidos por esta iniciativa durante los cuatro años de trabajo. En particular, destaca «la confianza y el respeto de los operadores del sistema de justicia, especialmente de aquellos que día a día investigan y juzgan delitos de corrupción de funcionarios», a partir de los procesos de capacitación y el alto número de consultas a nuestra página web, en las secciones correspondientes a lucha anticorrupción.
Montoya también destacó que «nuestra institución, preocupada por la consolidación de la democracia y de la vigencia de los derechos fundamentales de las personas, especialmente de las más vulnerables, tenga una voz y opinión respetada por la opinión pública en un tema que afecta al Perú históricamente y aparece como una de las causas más importantes que retrasan el crecimiento económico y afectan la superación de las desigualdades sociales y económicas de nuestro país».
La presentación del Boletín, a cargo de Erick Guimaray, actual coordinador del Proyecto, se centra en el financiamiento de los partidos políticos como uno de los factores que puede generar casos de corrupción. En este artículo, se discute la actual regulación en torno a la materia y los riesgos que entraña para una adecuada fiscalización de los fondos que ingresan a las organizaciones políticas.
Esta edición presenta tres comentarios académicos. El primero, a cargo de Yvana Novoa, se concentra en la relación que existe entre la democracia y la lucha contra la corrupción. En específico, indica que «si la democracia es un sistema de gobierno que tiene como centro a la ciudadanía y sus derechos fundamentales, entonces, es lógico que una de las prioridades de una democracia sea la proscripción de prácticas funcionariales atentatorias o contrarias a la satisfacción de dichos derechos».
El segundo comentario, escrito por David Torres Pachas, brinda algunos comentarios en torno a los delitos vinculados con el desenvolvimiento de los procesos de contratación con el Estado: colusión y negociación incompatible. El artículo presenta las razones por las cuales resulta indispensable que el Derecho Penal intervenga en este tipo de procedimientos.
Finalmente, el tercer artículo tiene como centro la vinculación entre Estado de Derecho y corrupción. Julio Rodríguez Vásquez describe como la corrupción afecta a los aspectos formales de este concepto, así como a principios tales como seguridad jurídica e igualdad ante la Ley, las garantías constitucionales y, además, los servicios sociales que presta el Estado.
Como menciona el doctor Montoya en su editorial, el Proyecto continuará con la actualización de información especializada sobre delitos contra la administración pública y la publicación de nuestros boletines.
El Boletín Informativo Anticorrupción está alojado en la página web institucional del IDEHPUCP y su descarga es gratuita. Puede revisar la presente edición y las anteriores aquí.
