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Opinión 12 de agosto de 2013

En los últimos días, el tema del proyecto gasífero de Camisea (Lote 88) y su ampliación ha vuelto a cuestionar la autonomía en el accionar del Ejecutivo. Como es conocido, desde hace ya un tiempo, la ONU y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) cuestionaron las actividades extractivas que se estaban llevando a cabo en dicha zona del país, haciendo un llamado de atención al Estado peruano para que cesara la ampliación del proyecto. Con esta alerta trataban de advertir sobre las amenazas a los distintos pueblos indígenas, entre ellos aquellos en aislamiento voluntario de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros, que el proyecto gasífero y la ampliación del mismo estarían causando. Ya que no solo estaría impidiendo el goce pleno de sus derechos, sino que ponía en peligro tanto su supervivencia física como cultural.

A pesar de este mensaje, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), asumiendo en cierta medida la posición de Pluspetrol, interpreta que sí es posible ampliar el Lote 88, bajo el argumento de que por más de cinco años no se ha encontrado evidencia de pueblos en aislamiento en la zona.

Esta afirmación se hace, no obstante, sin haber realizado los estudios y trabajos de campo exhaustivos que se requerirían para poder verificar el verdadero estado de los pueblos que estarían siendo afectados por el proyecto gasífero.  

En su momento, el exviceministro de Interculturalidad Ivan Lanegra se pronunció en relación al tema, mencionando que las actividades de extracción deberían ejercerse garantizando los derechos de las poblaciones indígenas dentro de la Reserva. A su renuncia, su reemplazante, Paulo Vilca, ahora también exviceministro, siguió el camino trazado por su antecesor, exponiendo la Resolución Viceministerial N° 005-2013-VMI-MC que formula 83 observaciones al proyecto en el Lote 88, precisando que Pluspetrol debía tomarlas en cuenta para una nueva opinión técnica previa vinculante.

Lamentablemente la medida tomada por el viceministerio fue retirada y, hasta hoy, ningún funcionario del Poder Ejecutivo se ha pronunciado, a pesar del cambio reciente en el Ministerio de Cultura. Los miembros de las comunidades Nahua, sin embargo, sí lo han hecho. Ellos han enviando una carta al mencionado despacho donde exponen el rechazo a la expansión del proyecto del Lote 88 por los daños que ese podría causar a su entorno. Además de evidenciar la desconfianza de las comunidades frente a la compañía Pluspetrol, evidente a causa del tiempo que estos han sido excluidos, marginados y explotados.

De acuerdo al contexto descrito es posible concluir que, a pesar de algunas iniciativas que se han tenido desde diferentes sectores del gobierno, el tema de los pueblos indígenas y la vulneración de sus derechos aún parece ser un reto en la agenda del Estado peruano. Prueba de esto son las renuncias en el Ministerio de Cultura y el poco debate dentro del Ejecutivo en torno al tema. No basta con aprobar una Ley de Consulta Previa. Es necesario también incluir en el proceso de toma de decisiones a los pueblos indígenas. Si bien algunos todavía se encuentran en aislamiento voluntario, eso no deja de lado que también sean ciudadanos y que el Estado deba garantizar sus derechos. Lamentablemente, que el presidente no se haya explayado en el tema en su último Mensaje a la Nación deja mucho que desear. Esperemos que, en esta fecha especial, pueda calmar nuestra incertidumbre en relación al tema y ocupe un lugar central en la agenda.

Escribe: Rosa Arévalo, investigadora del IDEH-PUCP