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Opinión 12 de agosto de 2016

Las mujeres han ido ganando importantes espacios de poder ocupados en el pasado exclusivamente por hombres. Esto debe también alcanzar a los cargos en organizaciones internacionales.

Si bien son varios los instrumentos jurídicos que abordan este problema, como afirma ONU Mujeres, el obstáculo principal es la existencia de barreras estructurales fundamentadas en leyes e instituciones que limitan el derecho de elegir y ser elegidas. A ello se suman las brechas sobre capacidades, que implican una menor probabilidad de que cuenten con educación, contactos y recursos necesarios para convertirse en lideresas eficaces. La Asamblea General de la ONU en su Resolución 66/130 sobre “La participación de la mujer en la política” instó a los Estados a eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer y fomentar su participación. A pesar de ello, continúa la subrepresentación femenina en instituciones internacionales. (Dayvigo) La iniciativa GQUAL, campaña global por la paridad de género, ha señalado la existencia de este problema en organismos como la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos. Lo mismo ocurre en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solo cuenta con una mujer entre siete integrantes.

Asimismo, la participación debe ser equitativa en todos los espacios y no solo en aquellos tradicionalmente ocupados por mujeres. En la ONU, la representación femenina está concentrada en órganos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (95,6%), el Comité por los Derechos del Niño (50%) y el Subcomité para la Prevención de la Tortura (52%), mientras que otros cargos nunca han sido ocupados por mujeres [1].

Para alcanzar la equidad en la representación, se requiere modificar las reglas para la composición de los órganos internacionales y se deben cambiar las prácticas actuales de nominación de representantes por parte de los Estados. Es imprescindible que los Tribunales y órganos internacionales asignen cuotas de ingreso en función al género. Además, se debe reconocer que el proceso de elección de representantes es indesligable del proceso interno que se sigue en cada Estado para la postulación de candidatos a dichos cargos, donde también deben tomarse medidas afirmativas.

Esta última situación será muy difícil de lograr si es que no contamos con una política nacional de representación equitativa. Será importante el establecimiento de sanciones por el incumplimiento de cuotas de género y es indispensable la aprobación de mecanismos de alternancia para permitir que las candidatas tengan mayores posibilidades de ser elegidas como representantes. Finalmente, es vital la aprobación de una Ley contra el acoso político, una forma de violencia contra las mujeres que vulnera sus derechos civiles y de participación. El nuevo gobierno deberá atender esta demanda.

Escribe: Elizabeth Salmón, directora del IDEHPUCP, en la columna habitual de Salomón Lerner Febres para La República.

[1] KRSTICEVIC, Viviana. “La paridad de género en los Tribunales y órganos internacionales: un avance posible con impacto global”, en GQUAL: pág. 5. Cifras a setiembre de 2015.